Un plan de 500 pisos

En la última campaña electoral a la presidencia de la Comunidad, en octubre de 2003, la actual presidenta, Esperanza Aguirre, prometió que su Gobierno construiría 7.500 pisos protegidos en régimen de alquiler para jóvenes. De esa promesa, este año sólo podrá cumplir la construcción de 500 casas, según advirtió 15 días antes de que Aguirre hiciera la promesa el director general de Vivienda, Juan Blasco Martínez, al consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Mariano Zabía, como publicó EL PAÍS el pasado 14 de mayo.

El director general de Vivienda admitió en su advertencia que las ayudas institucionales para la adquisición de estas viviendas "no se harían efectivas hasta 2014 para las viviendas iniciadas en 2004". Sin embargo, según la consejería no se había incumplido la promesa electoral, ya que aseguró que cuenta con suelo para la construcción de "10.000 viviendas".

Los pisos en alquiler para jóvenes tendrán una subvención media de 14.779,90 euros por vivienda y 55 metros útiles. En su primer año serán arrendados por unos 500 euros, si están en Madrid, y por 420 si están en zonas periféricas. Los arrendatarios no podrán ser mayores de 35 años ni cobrar más de 5,5 veces el salario mínimo interprofesional (460,5 euros al mes). Tras siete años de alquiler, el inquilino podrá optar por comprar la vivienda, y la mitad de lo que haya gastado hasta entonces en el alquiler se descontará del precio del piso. Esto supone un cambio con respecto a la legislación anterior, que preveía la descalificación tras 10 años de alquiler.

En este sentido, Fernando Sánchez, portavoz de UGT en el Consejo Económico y Social, denuncia que, "en caso de que el inquilino no quiera hacer efectiva su opción de compra, no recupera el dinero" y el piso queda libre en el mercado.

Por su parte, el diputado socialista Antonio Fernández Gordillo denunció que el plan "no es más que un instrumento en manos de los promotores para evitar que los inquilinos puedan ejercer su derecho a la compra", ya que el promotor podría acogerse a la Ley de Arrendamientos Urbanos, que establece un plazo máximo de cinco años por el que el inquilino tiene derecho a ocupar la vivienda. Así, "no le daría la opción al arrendatario a consumir los siete años necesarios para ejercer su derecho de opción de compra", dijo Fernández Gordillo.