El Gobierno abre la primera oficina de su propio Inem

El consejero de Empleo, Joseba Azkarraga, de EA, inauguró ayer en Salvatierra, su localidad natal, la primera oficina del Servicio Vasco de Empleo-Lanbide, una red paralela al Inem cuyo despliegue estará terminado en 2006 con 30 oficinas. Lanbide nació entre protestas de los empleados del Inem, que reclaman que ambos ejecutivos se pongan de acuerdo para su transferencia, y las críticas de la patronal alavesa SEA por "despilfarro de los impuestos". Para Azkarraga es la principal aportación en materia de empleo de los últimos 23 años.

"Todo lo novedoso, todo lo que se inspira en políticas progresistas, todo lo pionero, suele tener que salvar obstáculos y reticencias", dijo el consejero de EA, consciente de que este servicio duplicado, instrumento central de su Plan de Empleo, nace con más críticas que respaldo. El secretario general del SEA Empresarios Alaveses, José Manuel Farto, aseguró ayer, en línea con la posición de Confebask, que la inauguración de la oficina de Lanbide es una "malísima noticia" para la ciudadanía, porque significa que "los impuestos se despilfarran y están mal gestionados, ya que se ofrece el mismo servicio" que en el Inem. Esta crítica de la patronal alavesa fue compartida por alguien muy alejado de sus tesis, como es el secretario general de LAB. Rafa Díez Usabiaga calificó la inauguración de "un paso más en una política laboral cosmética", que a su juicio supone una carga adicional para los trabajadores, "que además de sostener las infraestructuras del Inem, también van a tener que costear esta estructura paralela".

LAB y ELA suavizaron a finales del pasado año con una enmienda el crítico dictamen del Consejo Económico y Social sobre el Plan de Empleo 2003-2006, en el que ya se insistía en esta línea de duplicidad de servicios y descoordinación entre administraciones. En el CES están representados desde Confebask hasta la Universidad del País Vasco, pasando por los consumidores, las cajas de ahorro, las cámaras de comercio y todas las fuerzas sindicales.

El consejero Joseba Azkarraga, anunció ayer que en los próximos días se reunirá con el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, a quien pedirá que transfiera a Euskadi, no sólo las políticas activas de empleo (las que desarrolla el Inem), sino también las pasivas (la recaudación de las cotizaciones de los trabajadores y el pago del seguro de desempleo).

Manifestación

Era su manera de responder a los trabajadores del Inem, que se manifestaron junto a la puerta de la nueva oficina, a los que también dijo que el criterio del Gobierno vasco es que se conviertan en funcionarios autonómicos en el momento en que la transferencia completa sea asumida.

El desacuerdo entre los gobiernos vasco y central sobre este asunto ha hecho que Euskadi sea la única comunidad de España que no ha asumido la transferencia de las políticas activas de empleo. La exigencia del Ejecutivo de no aceptarlas si no van acompañadas de las políticas pasivas ha hecho imposible el traspaso. Ese conflicto ha dejado en tierra de nadie a un colectivo de casi 900 trabajadores del Inem, que además de ser objetivo de la ahora poco activa kale borroka, cobran unos salarios sustancialmente inferiores a los del personal dependiente del Gobierno vasco.

La oficina de Salvatierra tendrá continuidad este año con la inauguración, en septiembre, de las previstas en Irún y Basauri. Estas dos últimas localidades se caracterizan por un alto índice de paro y de actividad industrial. El área de Salvatierra, sin embargo, sólo tiene 279 parados de una población activa de 5.396 personas, el 5,2%. El paro en los hombres apenas es del 2,7% mientras que el de las mujeres sube al 8,7%. El alcalde de Salvatierra, Iñaki Beraza, pertenece al mismo partido que el consejero, Eusko Alkartasuna.

Azkarraga explicó que con las 30 oficinas se quiere ofrecer a los trabajadores un servicio a la carta, pero especialmente dirigido a los colectivos con más alto índice de paro, como los mayores de 45 años, las mujeres, personas con discapacidades y personas con riesgo de exclusión social. Para el consejero, Lanbide "no sólo es una apuesta estratégica del Gobierno, sino un reto para todos porque se trata de intentar hacer las cosas mejor en materia de empleo y formación, y para eso todos somos necesarios".