Ecologistas, expertos y partidos cuestionan el proyecto de Blasco para regular L'Albufera

Colectivos ecologistas, universitarios y partidos políticos como el socialista cuestionaron ayer el proyecto de decreto y el plan de usos de L'Albufera elaborado la Consejería de Territorio porque rebajan el nivel de protección del parque, se aumenta la presión urbanística y no se resuelve la gestión del agua. El consejero Rafael Blasco negó tales extremos y redujo la urbanización de suelo protegido a 10 hectáreas, que se localizarán en zonas de Pinedo, El Perelló y El Palmar. "No consentiremos actuaciones urbanísticas en el suelo del parque", subrayó Blasco.

Blasco dice que ha recogido el 90% de las alegaciones al proyecto del PRUG desde 2001

El consejero Rafael Blasco sometió ayer el proyecto de decreto por el que se cambiará el régimen jurídico de L'Albufera así como el Plan de Uso y Gestión (PRUG) a consulta de la Junta Rectora del parque, compuesta por más de 40 representantes de organizaciones sociales. Blasco defendió en este órgano, de carácter consultivo, que los nuevos planes sólo reclasifican como urbanizables 10,17 hectáreas de las 21.000 con las que cuenta el parque y que se localizarán en Pinedo (6,14 hectáreas) para realojar a los vecinos de esta pedanía desplazados por la ZAL, 2 hectáreas en la pedanía de El Perelló, en la localidad de Sueca, para la construcción de un centro de salud y una escuela, y en El Palmar, donde se consolidarán 2,3 hectáreas ya edificadas.

El consejero, que anunció que los proyectos normativos saldrán a información pública en breve, negó que "se vaya a edificar y urbanizar L'Albufera como algunos aseguran". Blasco recordó que este proyecto recoge el 90% de las alegaciones que se han presentado al PRUG desde 2001.

Como recalcó el propio Blasco en una comparecencia ante los medios de comunicación gran parte de la junta se mostraron más o menos de acuerdo con la propuesta de la Generalitat, mientras que colectivos ecologistas, expertos universitarios y partidos políticos como el socialista cuestionaron o rechazaron los documentos dentro y fuera de la Junta Rectora. El secretario de Medio Ambiente del PSPV-PSOE, Francesc Signes, aseguró que el proyecto presentado ayer por Blasco "permite nuevas zonas de urbanización y rebaja el nivel de protección otorgado por su Plan Especial de 1990". Según Signes, el decreto por el que se modifica el régimen jurídico de L'Albufera permite la creación de nuevas zonas urbanizables. Frente a las 8 o 10 hectáreas que Blasco anunció que se construirían dentro del parque, los socialistas creen que la cifra puede elevarse hasta 22 y afectar a la zona entre Pinedo y la Devesa, la gola de Sant Llorenç o el Dosel de Cullera. Signes calificó de intolerable que la aprobación del Plan de Usos de L'Albufera, prevista para 1996, se haya retrasado dos años.

El portavoz de la organización conservacionista Acció Ecologista-Agró, Víctor Navarro, se pronunció en contra de ambos proyectos porque "no se avanza ni se consolida los niveles de protección anteriores, se facilita un incremento de la presión urbanística y además no se resuelve la gestión del agua dentro del parque natural". Extremo este último que el representante de la Confederación Hidrográfica del Xúquer destacó durante su intervención en la Junta Rectora, ya que existen un ambicioso estudio en marcha que abordará esta cuestión.

El portavoz de Agró subrayó además que el PRUG permite una actividad cinegética "absolutamente abusiva. Se podrá cazar más que antes de la declaración de parque natural: un 50% de los patos que vienen a pasar el invierno a L'Albufera".

El delegado en Valencia de la Asociación Española de Ornitología, Mario Giménez, expresó ayer sus dudas con respecto a la reforma del decreto, "no tanto por las actuaciones anunciadas en sí mismas como por el precedente que abre aunque las recalificaciones sean ahora anecdóticas". En opinión de Jiménez, los proyectos no aclaran por qué algunas actuaciones urbanísticas se hacen a través del PRUG, mientras otras necesitan un cambio del régimen jurídico de L'Albufera. "Nos preocupan los planes especiales que recoge el PRUG, donde se permite hasta un 50% de edificación [dotacional, pública] en una zona donde hay edificios irregulares". "Cuanto menos el proyecto de regulación nos genera preocupación". concluyó.