El Estado y la autorregulación del islam

En un reciente debate sobre las repercusiones del 11-M en la inmigración magrebí en España, Malika Abdelaziz, de ATIME, destacaba dos hechos: de un lado, la actitud responsable del pueblo español, que ha sabido distinguir bien entre los autores concretos de la fechoría y la comunidad a la que pertenecen. Aunque, eso sí, ha confirmado en sus actitudes a los convencidos del rechazo hacia los magrebíes, de ahí que en la vida cotidiana se haya hecho más complicado encontrar un empleo o alquilar una vivienda para muchos de ellos. De otro lado, ha hecho emerger al islam como asunto público en España. Es ahí donde ATIME se permitió lanzar su propuesta de un debate sobre el islam en la sociedad española que permitiera evitar la amalgama marroquí-musulmán-terrorista que corría riesgo de consolidarse entre determinados sectores sociales mal informados (o mal intencionados) que percibían la inmigración magrebí como retaguardia natural del terrorismo, proclive a dar apoyo social al mismo.

La propuesta del ministro del Interior lanzada en sus declaraciones a EL PAÍS en las que decía que "hay que ir a un escenario legal en el que se pueda controlar a los imanes de las pequeñas mezquitas, que es donde se produce esa articulación del fundamentalismo islámico que conduce a determinadas operaciones", pretendía dar respuesta a quienes así piensan, pero ha provocado un enorme revuelo al no medir lo que ese control implicaba. La idea de regular el culto islámico, al que el Estado español ha dejado a su deriva en los últimos años, ignorándolo incluso en aquellos aspectos en los que tenía su parte que decir, como es en el caso de la enseñanza religiosa en los colegios, es en sí loable y necesaria. Hablo de deriva y me remito a las declaraciones de los responsables del culto musulmán. Recuérdese que ya en septiembre de 2000 el entonces presidente de una de las dos grandes federaciones (la FEERI) integradas en la Comisión Islámica de España (CIE), Mansur Escudero, denunciaba la falta de voluntad real del Estado y del Gobierno español para solucionar el tema de los derechos religiosos de las minorías.

No es prudente, sin embargo, focalizar en las "pequeñas mezquitas" lo que el ministro califica de articulación de fundamentalismo islámico y terrorismo. Una gran cantidad de pequeñas mezquitas son locales de socialización e incluso de buena integración de las comunidades musulmanas en barrios, pueblos o comunidades autónomas. Lanzar sobre las mezquitas "pequeñas" ese anatema es un error, por más que en alguna de ellas pueda haberse cometido actividad delictiva digna de ser perseguida. Me gustaría recordar que la gran mayoría de los implicados en el 11-M no eran precisamente ningún modelo de musulmanes practicantes, sino todo lo contrario, una mezcla de delincuentes y mercenarios.

En las últimas semanas, el inicio de encuentros entre el ministro y los responsables islámicos ha llegado a un punto de acuerdo sobre la necesidad de hacer obligatorio el registro de asociaciones religiosas y lugares de culto, lo que hasta ahora era voluntario. La colaboración entre el Ministerio de Justicia y las instituciones del islam español debe ser estrecha y basada en el respeto y la responsabilización común. La Comisión Islámica de España, en tanto que organismo colegiado, y las federaciones que representa (hablo de las actuales, UNCIE y FEERI, pero también de otras, si llega el caso), deben comprometerse en un pacto con el Estado que, como con cualquier otro culto, debe establecerse para la defensa de los valores constitucionales a los que sin duda todos deben estar sometidos. Se encargaría de ejercer un control desde adentro de la propia comunidad musulmana, que se responsabilizaría de este modo de controlar y evitar desviaciones que pondrían en peligro la propia imagen del islam en nuestro país.

El Acuerdo de Cooperación del Estado español con la CIE (BOE de 12 de noviembre de 1992) ofrece no pocas posibilidades que tan sólo requerirían un desarrollo en armonía con los cambios producidos en una comunidad que se ha más que duplicado entre 1992 y 2004, pasando de un cuarto de millón a 600.000 personas. El mismo control de los imanes podría ser ejercido a través de la CIE. En el artículo 3 se habla claramente de los imanes como "personas físicas dedicadas, con carácter estable, a la dirección de las comunidades (...), a la dirección de la oración, formación y asistencia religiosa islámica", que deben acreditar "el cumplimiento de estos requisitos mediante certificación expedida por la comunidad a la que pertenezcan, con la conformidad de la Comisión Islámica de España". Bastaría con dar atribuciones legales a una CIE verdaderamente representativa (y no hay que confundir representatividad con democracia directa y asamblearia, pues los asuntos religiosos no funcionan así), para convertirse en filtro y garante de la capacidad de ejercicio de los imanes.

Otra cuestión es la de elevar el nivel de formación de los propios imanes. La prensa últimamente ha llamado la atención sobre la existencia de imanes carniceros, barrenderos, ayudantes de farmacia o carpinteros, lo que en una sociedad como la nuestra, en la que se asimila a los imanes con nuestro clero, no puede sino llamar la atención y ser descodificado como que el culto está en manos de cualquiera, sin la formación debida. Y es que un imán no es un sacerdote, no es, salvo en muy contadas excepciones, en mezquitas importantes que puedan permitírselo económicamente, una persona dedicada en exclusiva al culto y a sus feligreses. Tan sólo quien dirige la oración colectiva del viernes, y predica a los asistentes mediante un sermón en donde se glosan los textos sagrados a la luz de la actualidad. La profesión del imán es su ganapán y depende de las oportunidades que haya tenido en una sociedad como la nuestra, lo que no le impide tener un mayor o menor conocimiento de dichos textos.

Representantes del islam hispano sugirieron hace años la posibilidad de ligar a los imanes a un centro de formación español con carácter universitario vinculado a alguna de las grandes universidades religiosas que imparten "ortodoxia", como la egipcia de Al Azhar o la marroquí de la Qarawiyin. En diciembre pasado, Nicolas Sarkozy, titular del Ministerio del Interior, responsable del culto en Francia, visitó al jeque Tantawi de Al Azhar, buscando un apoyo, un aval "ortodoxo" desde cierta institución representativa del islam a su "ley del velo". Pero la propia naturaleza de estos centros islámicos, generalmente conservadores y sumisos a susgobiernos, los hace reacios al debate y a la apertura hacia el exterior.

Mohamed Arkoun, uno de esos "nuevos reformadores" del islam a los que dedicaba recientemente Le Nouvel Observateur un número extra en colaboración con France Culture (¿para cuándo una radio como ésta en RNE?), recordaba su vieja propuesta a diferentes gobiernos de "una escuela nacional de estudios islámicos abierta a todos los ciudadanos bajo la égida del Ministerio de Educación". El islam en los países de inmigración, asegura Arkoun, si se deja a merced de determinadas corrientes presentes entre los propios inmigrantes, corre el riesgo de caer en dogmatismos, de no asimilar lo que es la experiencia de la libertad de cultos y del respeto mutuo ante otras opiniones. De ahí su defensa de lo que define como una "escuela laica" sobre el islam.

Falta aún un debate de fondo en la sociedad española sobre el papel del islam en nuestra sociedad. Por ahí va la petición de ATIME, en el sentido de reclamar ese debate de fondo sobre el islam y su papel como religión normalizada en España. Ese debate es necesario y en él deben desempeñar un papel claro los musulmanes, en sus diferentes corrientes, transmitiendo a la sociedad española información nítida de que su proyecto es perfectamente compatible con la sociedad abierta y tolerante que buscamos los españoles y quienes en este país vivimos. Un debate abierto, en el que deben participar cuantos elementos se sientan concernidos: entidades locales, responsables autonómicos, intelectuales, representantes de otros cultos. Nada de abrir una guerra de religión, sino definir lo que debe ser una sociedad pluricultural.

De ese debate resultarán las medidas a plantear, que pienso deben ir en la línea de potenciar las instituciones que ya existen, intensificando el diálogo entre ellas y las diferentes instancias de la Administración. Hay que dar contenido y responsabilidad a la CIE, exigir que las diferentes asociaciones y mezquitas se confederen en ella, recibiendo así también las ventajas -legales y financieras- que ofrece la ley. No hay que inventar nada nuevo, hay que reconocer y valorar lo que ya existe. Si en 1992 el Ministerio de Justicia logró que la CIE se convirtiera en representativa del islam mayoritario de entonces, no sé por qué ahora no se sería capaz de lograr adecuarla a la nueva realidad actual. Pero es algo que deben hacer los propios musulmanes, quienes están llamados a autorregularse.

Forzar el control desde afuera no puede tener como consecuencia otra cosa que provocar un repliegue sobre sí misma de la comunidad musulmana, produciendo exactamente lo contrario de lo que se quiere conseguir, que es la mejor integración del islam en el tejido social de nuestro país.

Bernabé López García es catedrático de Historia del Islam en la Universidad Autónoma de Madrid.