El sector privado se muestra receptivo a implicarse más en la financiación sanitaria

El llamamiento del Gobierno catalán al sector privado, y en particular a las cajas, para que se implique en el problema de la insuficiencia de recursos de la sanidad ha suscitado ya las primeras reacciones encontradas. El presidente de La Caixa y de Agbar, Ricard Fornesa, que controla la gestión de la aseguradora sanitaria Adeslas, se mostró ayer "de acuerdo con financiar y equipar" infraestructuras sanitarias, pero propuso como modelo el ensayado en Alzira (Valencia): un centro público con gestión privada. En el tripartito, la voz de ICV se alzó para advertir su rechazo a cualquier paso que avance en privatizar la sanidad.

Al ser preguntado sobre el elevado nivel de endeudamiento de la sanidad catalana (2.946,95 millones de euros, de acuerdo con la auditoría de la Generalitat), Fornesa puso sobre la mesa el modelo de Alzira: "Es una buena oferta hospitalaria y permitiría aliviar los problemas de financiación".

Fornesa lleva tiempo intentando exportar a otras comunidades la experiencia valenciana, que considera "muy satisfactoria", de la mano de Adeslas, la compañía de seguros participada por Aguas de Barcelona (Agbar). Fuentes de Agbar añadieron que otras comunidades han mostrado interés por un modelo que en la Comunidad Valenciana ha topado con la oposición frontal de los socialistas.

En 1997, la Generalitat valenciana adjudicó a una unión temporal de empresas (UTE) -encabezada por Adeslas y formada por Dragados, Lubasa y tres cajas de ahorro- la construcción de un hospital de propiedad pública en Alzira, para su posterior gestión y prestación de la asistencia especializada. Esta concesión se limitó a 10 años, prorrogables a 15. En 2003, el Departamento de Sanidad extinguió de forma anticipada la concesión con el objetivo de convocar un nuevo concurso. Adeslas fue compensada por ello. En el nuevo concurso, además de la atención especializada, se incluía la atención primaria. Los adjudicatarios fueron los mismos.

Fuentes del sector sanitario recordaron ayer que en Cataluña el Gobierno de CiU no se atrevió a dar el paso, pese a existir empresas de peso con interés en aumentar su colaboración con el sector público, como USP, el grupo Quirón y varias mutuas. Cualquier avance hacia la gestión privada puede ser nueva fuente de discrepancias en el seno del Gobierno catalán, principalmente por la oposición frontal de ICV.Este partido ni siquiera se plantea la adopción del modelo utilizado en Alzira. La diputada de ICV Dolors Comas reconoce que la situación de la Sanidad catalana es "grave", pero ayer ya avanzó que su formación rechazará nuevas entradas de capital privado en la sanidad. Los ecosocialistas admiten que deben hacerse cambios en el sistema público de salud, pero su apuesta pasa, en primer lugar, por destinar a la Sanidad "lo mismo que destinan la mayor parte de países europeos, el 8% de su producto interior bruto, un punto más de lo que se destina en Cataluña".

Una vez logrado esto, Comas considera que debe reorganizarse "a fondo" la cartera farmacéutica. "No puede ser que en Francia se esté dando la misma cobertura que en Cataluña, ellos con 200 fármacos y nosotros con 900. Esto debe racionalizarse", afirmó Comas, quien recordó que las recetas farmacéuticas se llevarán en 2004, al menos, el 24% del presupuesto sanitario catalán.

En cualquier caso, para Comas, lo que no se puede hacer es "abrir más puertas a la privatización". ICV interpreta que iniciativas como el copago de los fármacos planteada por la consejera Marina Geli esta misma semana no hacen más que avanzar en esta dirección.

En Iniciativa per Catalunya, que aporta dos consejeros al Gobierno catalán, ha sentado especialmente mal que Marina Geli haya abierto la puerta a la prestación de servicios privados en ambulatorios públicos, puesto que este tipo de cambios deben esperar, según los ecosocialistas, a que se hagan públicos los resultados de un informe encargado por el Gobierno para evaluar el funcionamiento de los ambulatorios de gestión privada. El informe estará listo a finales de este año.

También la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública confía en que la Generalitat "no privatice" los ambulatorios del ICS, traspasando su gestión "a manos de consorcios que no estén dirigidos por instituciones públicas", según su portavoz, Marcela Güell. Güell hizo estas declaraciones tras reunirse con otros miembros de la plataforma y con Marina Geli.