El Gobierno garantiza que con la reforma territorial no desaparecerá ningún municipio

La amplia reforma territorial que prepara el Gobierno catalán no se llevará por delante a ninguno de los 946 municipos catalanes. El consejero de Relaciones Institucionales y Participación, el ecosocialista Joan Saura, dio ayer garantías de que las fusiones obligatorias de municipios que se barajaron en la legislatura pasada han quedado "descartadas clarísimamente". El tripartito ha llegado ya a un acuerdo sobre los principios básicos de la reforma, que pretende aprobar en 2005 y quiere blindar en el Estatuto la sustitución de las cuatro provincias actuales por siete veguerías.

Saura presentó ayer en el Palau de la Generalitat las conclusiones a las que ha llegado la comisión del Gobierno encargada de empezar a preparar la reforma territorial, uno de los proyectos emblemáticos del Ejecutivo de Pasqual Maragall. En el debate, que ahora se abrirá a los grupos parlamentarios y a todas las entidades sociales y municipalistas, han participado consejeros de los tres partidos que integran el Gobierno: el trabajo ha recaído, además de en Joan Saura (ICV-EUiA), en el portavoz del Gobierno y consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal (PSC), y el de Gobernación, Joan Carretero (ERC).

En la pasada legislatura, el debate se abortó, entre otras razones, por el conato de rebelión de los pequeños municipios, que se negaban a desaparecer pese a que así se insinuaba en el Informe Roca. Para evitar que algo parecido pueda suceder, Saura fue ayer tajante al destacar que, después de tres meses de trabajo de la nueva comisión, el Gobierno ha descartado esta posibilidad.

El Ejecutivo pretende que las cuatro provincias actuales -Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona- se conviertan en siete veguerías: Barcelona, Cataluña Central, Tierras de Poniente, Tierras del Ebro, Campo de Tarragona, Girona y Alto Pirineo-Val d'Aran. Saura insistió ayer en que el proyecto es respetuoso con la Constitución y barajó dos posibilidades para que la propuesta encaje con la Carta Magna: o bien que las siete veguerías sean el nombre que adopten en Cataluña las provincias o bien que esta comunidad autónoma se organice como provincia única y se subdivida en siete regiones.

En ambos casos, el cambio de mapa provincial requiere el visto bueno de las Cortes, pero el Gobierno catalán pretende incluir los principios básicos de la nueva organización también en el Estatuto. "En este nuevo esquema, las diputaciones desaparecerían nominalmente, aunque el nuevo organismo vinculado a la veguería asumiría la mayor parte de sus funciones. Así, la veguería sería al mismo tiempo un instrumento para la descentralización de la Generalitat y una entidad para la "cooperación supramunicipal".

Saura precisó, no obstante, que su objetivo es que los recursos que el Gobierno central destina a las diputaciones pasen a ser canalizados por la Generalitat sin que el mundo municipal pierda recursos.

Saura explicó que la reforma no tendría por qué tener efectos electorales, pese a que las provincias son también las circunscripciones electorales para el Congreso y el Senado. Según señaló, éstas podrían subsistir "a efectos únicamente electorales".

El papel de los consejos comarcales sigue siendo una incógnita. La opción más probable es que se conviertan en órganos de gestión de determinados servicios, sin el contenido político que algunos tienen hoy.