Narbona encarga una auditoría de una empresa de la CHS porque sospecha que está en quiebra

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha encargado una auditoría externa en la sociedad estatal Aguas de la Cuenca del Sur (Acusur), de la Confederación Hidrográfica del Sur (CHS), ante el temor de que la empresa esté en quiebra. La Intervención General del Estado cuestionó, con el Gobierno del PP, la gestión económica de Acusur. El consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, dijo que esta sociedad había sido "la cueva de Alí Babá del PP". La diputada del PP Celia Villalobos instó a Narbona "a seguir buscando" y advirtió de que "poco van a encontrar".

El anuncio de la posible quiebra de Acusur y el encargo de una auditoría fue realizada por Narbona en una entrevista a la Cadena Ser en Almería. La ministra señaló: "Nos tememos que se encuentre en quiebra, por eso he pedido al nuevo presidente de la Confederación que trabaje con celeridad en el desarrollo de una auditoría que nos ofrezca datos más concretos".

La titular de Medio Ambiente dijo que "no es indiferente que los datos sean unos u otros, y que estén o no justificados". El presidente de la Confederación Hidrográfica del Sur (CHS), Antonio Rodríguez Leal, confirmó ayer esta petición de la ministra y recordó que la gestión de Acusur había sido cuestionada por la Intervención del Estado. Rodríguez Leal dijo que el objetivo es "determinar el origen de algunos gastos y ver cuáles fueron o no apropiados a la razón social de esta empresa".

Tras el anuncio de la ministra, la Junta de Andalucía indicó que va a pedir al Gobierno central su deseo de que no incluya en el primer paquete de 12 nuevas competencias que serán traspasadas a la comunidad esta sociedad estatal, hasta conocer el resultado de la auditoría. "De los primeros estudios que hemos podido realizar les puedo decir que esta empresa ha sido durante los últimos años la cueva de Alí Babá del PP", dijo en Jaén el consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, informa Gines Donaire.

Celia Villalobos, diputada malagueña del PP, defendió ayer la gestión en Acusur, una empresa que creó el Gobierno del PP cuando al frente de la Confederación Hidrográfica del Sur estaba José Antonio Villegas, una persona de confianza de Villalobos. La diputada del PP afirmó: "Si la señora ministra quiere abrir auditorías que abra las que quiera, si está buscando algo, pues que siga, pero lo va a pasar mal porque no va a encontrar nada". Villalobos se mostró convencida de que este anuncio es una justificación para no seguir adelante con algunos proyectos que esta sociedad impulsa en Málaga, especialmente el embovedamiento del río Guadalmedina a su paso por la capital.

Campaña de publicidad

Este plan, desechado por el nuevo Ejecutivo, se presentó en plena campaña de las elecciones generales de 2000, siendo Villalobos alcaldesa. Se hizo público a través de una espectacular campaña de publicidad que pagó Acusur y gestionó Carat España, la empresa que presidía el que fuera primer portavoz del Gobierno del PP, Miguel Ángel Rodríguez. Fue suspendida por orden de la Junta Electoral de Andalucía.

Acusur tiene como objeto la contratación, construcción y explotación de toda clase de obras hidráulicas en Málaga y Almería. Las cuentas de la sociedad estuvieron bajo sospecha desde prácticamente el inicio de su gestión.

La Intervención General del Estado cuestionó la gestión económica en sendos informes, tras analizar los ejercicios de 1998 y 1999, sus dos primeros años de funcionamiento. Este órgano fiscalizador detectó la colocación de miles de millones de pesetas de Acusur en renta fija, en lugar de Deuda del Estado; la apertura de cuentas bancarias en ciudades ajenas a su ámbito territorial, como Toledo o Sevilla, e incluso que entre el 18 de diciembre de 1998 y el 8 de febrero de 1999 un total de 2.000 millones de pesetas ingresados en una cuenta de Acusur en el Banco de Santander estuvieran en "ignorado paradero". Los gastos millonarios en campañas de publicidad fueron también anomalías denunciadas, así como la contratación de empresas asesoras de fuera de Andalucía cuya factura de gastos, viajes y dietas era superior al servicio prestado.

Otras de las polémicas que generó la sociedad fue la compra de su sede en Málaga. Esta empresa estatal compró el inmueble en 1999 (1,29 millones de euros) por el triple de lo que pagó el vendedor de la casa seis meses antes (420.000 euros) y la operación se hizo sin concurrencia ni publicidad. Villegas fue destituido como presidente de la CHS a principios de 2003, año y medio después de que salieran a la luz estas anomalías.