Egibar, Larreina y Morcillo niegan un "fraude" para no disolver SA

Joseba Egibar, Rafael Larreina y Antton Morcillo, los tres nuevos imputados en el caso Atutxa, la supuesta desobediencia de parlamentarios vascos a la orden del Supremo de disolver Sozialista Abertzaleak (SA), negaron ayer ante la juez instructora haber cometido un "fraude" o "artificio" para evitar cumplir la decisión del Supremo y suprimir el grupo heredero de Batasuna. La fiscal mantiene la existencia de ese "fraude" en la actuación de los tres junto a los otros tres imputados miembros de la Mesa del Parlamento. Egibar dijo que lo que pretende el Supremo es un "imposible" y dejó claro a la juez: "Desde nuestro grupo parlamentario no vamos a promover esa modificación" del Reglamento, porque sería dejar a una institución ajena a la Cámara que organizara su vida interna.

Egibar, Larreina y Morcillo declararon como imputados ante la magistrada de la Sala Civil y Penal del Superior Nekane Bolado. La ejecutiva del PNV, con Josu Jon Imaz a la cabeza, y el grupo parlamentario acompañaron a Egibar desde la cercana sede peneuvista hasta el Palacio de Justicia. EA hizo lo propio con Larreina. Ambos entraron por la puerta noble, la misma que usaron el 3 de diciembre los otros tres imputados (Juan María Atutxa, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao), arropados entonces por centenares de militantes nacionalistas. Ayer, apenas se escucharon unos tímidos aplausos antes de que Egibar cruzase la puerta.

Egibar y Larreina defendieron en sus declaraciones, a las que ha tenido acceso este periódico, que la Resolución General de Presidencia impulsada por el socialista Manuel Huertas y apoyada por Atutxa, Knörr y Bilbao en la reunión de la Mesa del 5 de junio de 2003 no era una "vía valida" ni "adecuada" para cumplir la sentencia del Supremo. Y, por contra, quebraba la separación de poderes.

Egibar sostuvo, a preguntas de la instructora, que esas resoluciones se plantean para "cubrir lagunas en el Reglamento. Pero no existe ninguna laguna", aclaró. Para el portavoz peneuvista, haber apoyado esa resolución hubiera supuesto permitir una "invasión" del tribunal en la "capacidad de decisión y organización interna del propio Parlamento".

Larreina mantuvo la misma idea y agregó que su voto contrario a la propuesta de la Mesa no obedecía a ninguna concertación con los otros imputados para evitar la disolución de SA. "No había ninguna voluntad de eso", le dijo a la fiscal, "sino una voluntad de defender la libertad, el fuero parlamentario y la separación de poderes".Ambos negaron haber hablado antes de la reunión de la Junta de Portavoces (6 de junio) con sus compañeros de partido en la Mesa (Atutxa y Knörr) para concertar el "artificio" del que les acusa la fiscal. Invocaron el informe del anterior fiscal general del Estado, emitido a petición del juez Garzón en la causa en la que suspendió finalmente las actividades de Batasuna, en el que Jesús Cardenal defendía que partido y grupo parlamentario son "realidades jurídicas diferentes". La fiscal puso ayer en duda la existencia de ese informe durante el interrogatorio y la propia instructora, en un tono algo inquisitorial que usó también en otros momentos, le preguntó a la fiscal si negaba su existencia. Ésta contestó: "Ni niego ni dejo de negar; sólo digo que hay un escrito, aportado por las defensas, que no está firmado". Morcillo, en una declaración muy corta, negó haber pactado su voto con PNV y EA y recordó que por esas fechas el tripartito tenía "una política de no consensuar ningún tema con SA".