Borsig presenta el expediente al comité y retrasa el plan industrial

Babcock Borsig España, en manos del grupo austriaco ATB, realizó ayer el "trámite legal", en palabras del comité de empresa, de entregar el expediente de regulación de empleo a los trabajadores. El documento, presentado también en las delegaciones de Trabajo en Asturias y País Vasco, prevé la salida de 282 trabajadores del grupo vía jubilación: los nacidos en 1950, 1951 y 1952. Treinta de estos empleados pertenecen a las filiales Isotron y Babcock Montajes, que están pendientes de ser vendidas al grupo mexicano Ultramar. Los trabajadores demandaron el plan industrial y financiero, pero la empresa les aseguró que lo primero era el ajuste laboral y, una vez cerrado, se acometería el resto.

Ahora se abre un plazo de 30 días en el que los empleados deberán presentar un informe sobre la conveniencia o no del plan. El comité pide que la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) tutele el proceso, ya que algunos de los fondos a utilizar son públicos y proceden de la privatización.En cualquier caso, los trabajadores de Babcock ven con preocupación el proceso y han planteado a la empresa que no es un buen comienzo presentar el plan sin hablar del futuro de la empresa.

Por otro lado, el diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, afirmó ayer que la institución que preside se "ha involucrado más de lo exigible" en la crisis de los astilleros Izar en Sestao. Bilbao explicó ante las Juntas Generales las gestiones realizadas en el último medio año para lograr la construcción de un petrolero con incentivos fiscales de la Diputación, y destacó que, "con el contrato firmado" por un valor de 130 millones de euros, la operación se paró por la SEPI. "Estaba todo hecho hasta que llegó la comunicación de la SEPI que no autoriza la construcción", explicó. Agregó que la responsabilidad es ahora del PSOE, porque el propietario "es el Estado", y pidió "hechos" para salvar la delicada crisis de Izar.

El juntero socialista Segundo Calleja abogó por una mejor coordinación entre las administraciones, la empresa y los agentes sociales, además de que las gestiones se realicen con "prudencia y discreción absoluta".

Esther Martínez (PP) calificó a la Diputación de "irresponsable" por afirmar "que todo estaba hecho" y defendió la gestión del anterior gobierno popular.