El PP cree ficticia la reducción de pérdidas de las empresas públicas

El PP cuestionó ayer que las empresas públicas de la Junta de Andalucía redujeran sus pérdidas de 87 millones de euros en 2001 a 20,4 millones en 2002, según ha puesto de manifiesto un informe de la Cámara de Cuentas. Los populares dijeron ayer que si se eliminan las subvenciones que dio la Junta en 2002 al sector público empresarial, las pérdidas ascienden a 634 millones de euros.

El portavoz parlamentario del PP, Antonio Sanz, y el el portavoz de Economía, Salvador Fuentes, evitaron entrar en pólemica con la institución dirigida por Rafael Navas, que a principios de mayo destacó la mejora de la gestión de las empresas públicas en 2002, y centraron sus críticas en el Gobierno autonómico al considerar ficticias las pérdidas de las empresas públicas.

En opinión de los dirigentes del PP, el dato de 20,4 millones de pérdidas de las empresas públicas "no responde a la verdad". Según sus cálculos, si se eliminan las inyecciones que la Junta dio a las empresas públicas en 2002, las pérdidas ascienden a 634 millones de euros. Los populares afirmaron que la reducción real de las pérdidas sólo es de siete millones de euros, ya que elevaron a 641 millones el déficit que sufrieron las empresas públicas en 2001.

En la presentación del informe de la Cuenta General de la Junta del año 2002, a principios de mes, el consejero mayor de la Cámara de Cuentas, Rafael Navas, destacó, por contra, la mejora de los resultados de las empresas públicas ese año. Navas subrayó que la reducción de las pérdidas se debía a una mejora de la gestión y señaló que aunque las subvenciones de la Junta habían crecido ese año, el incremento no había sido "significativo".

Sanz arremetió contra el modelo de sector público empresarial de la Junta, lo que hace que la Administración autonómica sea "excesivamente cara, ineficaz, pesada y lenta, cada día más engordada y cada día más cara para los andaluces". Los populares insistieron en la necesidad de que se apruebe una ley de ordenación del sector público, para lo que han presentado una iniciativa parlamentaria.

También exigieron un código de buen gobierno de las empresas públicas, similar al de las cajas de ahorros; una comisión de seguimiento del sector público y un consejo que estudie las privatizaciones que se acometan en el futuro.