El Gobierno impulsa una reforma laboral para romper la cultura de la temporalidad

El Gobierno va a impulsar una nueva reforma laboral para romper "una cultura de la temporalidad absolutamente perniciosa", y costosa para "los afectados y el gasto en prestaciones de paro", según el titular de Trabajo, Jesús Caldera. El objetivo es revisar los desajustes del mercado laboral y de la Seguridad Social, y abarca la revisión jurídica de la contratación temporal, la reforma de la pensión de viudedad, la negociación colectiva y la formación profesional o la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones, entre otros temas. Será un proceso largo que se abordará mediante el diálogo con patronal y sindicatos, y que ayer se hizo extensivo a los grupos parlamentarios.

El Ejecutivo quiso que fuese el Parlamento el primero en conocer sus planes, antes de que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero abriese el diálogo social en una reunión con el presidente de la patronal, José María Cuevas. Tras el encuentro, que Cuevas definió como "una agradable conversación", el líder de la patronal aseguró compartir con Zapatero el objetivo de fortalecer la competitividad de las empresas y crear más empleo y de más calidad. Cuevas consideró positivo "confiar en un grupo de expertos" que analicen "con objetividad" cómo abordar la temporalidad o cómo han evolucionado las prestaciones sociales. Más que el coste del despido, a los empresarios les preocupa la rigidez en la extinción de las relaciones laborales, dijo Cuevas, que considera que el Estatuto de los Trabajadores tiene "elemento superados".

Por la mañana, el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, explicó en la Comisión encargada de esos asuntos del Congreso las "bases del pacto por la competitividad y el empleo estable" que quieren impulsar. Éstas son las principales medidas:

- Comisión de expertos. Se creará con la participación de los agentes sociales para estudiar las reformas laborales de los últimos 10 años, diagnosticar los problemas y aportar soluciones. Caldera cree que la reforma de 1997 ha dado resultados positivos, aunque sus medidas pueden estar llegando a un "punto de agotamiento". El ministro apunta medidas para evitar que un mismo trabajador encadene varios contratos, y encauzar el fenómeno de la subcontratación.

- Medidas contra la temporalidad. El punto de partida será revisar la ordenación jurídica para que los contratos temporales, un tercio de los existentes, recuperen la causalidad, es decir, que se utilicen cuando el puesto tenga realmente ese carácter, y evitar el fraude de ley. También se quieren cambiar "hábitos" e identificar los sectores donde la estacionalidad es previsible, e impulsar los contratos a tiempo parcial estables y fijos discontinuos. Caldera está convencido de que con algunos cambios "se pueden convertir miles de contratos eventuales en fijos". Se reforzará la eficacia de la Inspección de Trabajo, no tanto con espíritu sancionador como para promover el buen uso de los contratos. Asimismo, se intentará combatir los accidentes de trabajo.

- Acercar costes. El Gobierno sugiere modificar los costes relativos de los contratos para que sea más favorable el mantenimiento de plantillas estables. Se trata de aproximar lo que cuestan las relaciones laborales eventuales y fijas con una previsible subida de las cotizaciones para las temporales, y reducir la temporalidad en las Administraciones públicas.

- Negociación colectiva. La reforma de su estructura pretende ser "uno de los grandes pilares" del sistema de relaciones laborales. El objetivo es que las actuales reglas producto del Acuerdo Básico Interconfederal de 1979 se replanteen y se reedite un consenso que sirva para los próximos 15 o 20 años. El líder de CC OO, José María Fidalgo, pidió ayer que se concrete "cuanto antes" las reformas que pretende en este ámbito.

- Políticas de empleo. Se propone abordar la realidad dual de zonas geográficas con paro reducido o pleno empleo técnico masculino con otras con bolsas de paro que tienen dificultades crecientes de dar empleo. Eso se quiere acompañar de un plan global de reforma y modernización de los Servicios Públicos de Empleo (las oficinas del Inem) y con la interlocución de patronal y sindicatos; mayores recursos para políticas activas de empleo para los grupos más necesitados de apoyo, como parados de larga duración, mujeres, víctimas de violencia sexista e inmigrantes.

- Prestación de paro. El ministro se comprometió a revisar y mejorar la protección por desempleo para los colectivos con mayor dificultad de inserción laboral y circunstancias laborales especiales.

- Formación profesional. Se persigue una reforma del modelo que logre terminar con las impugnaciones de las comunidades autónomas, tras los fallos del Tribunal Constitucional que reconocen su derecho a participar en la gestión, unida a estímulos para la inversión de las empresas en cualificación de empleados, derecho del trabajador a un crédito de tiempo para el reciclaje profesional, y preservando la participación de empresarios y trabajadores en la gestión de la formación continua.