Solbes subraya que la Comisión maneja otros 4 expedientes a Izar por más de 1.000 millones

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Pedro Solbes, aprovechó ayer su primera comparecencia en el Congreso para informar de la existencia de otros cuatro expedientes de Bruselas sobre las ayudas recibidas por los astilleros públicos Izar. El importe de los cuatro expedientes -al margen del que reclama la devolución de 308 millones de euros concedidos en 1999 y 2000- es de "más de 1.000 millones". El ex comisario adelantó algunas reformas y destacó la productividad y la lucha contra el fraude como ejes de su política económica.

Solbes despidió su intervención en el Congreso con una noticia de gran repercusión. Tras cuatro horas en las que desgranó las políticas económicas de su departamento, el ministro aseguró que existen cuatro expedientes comunitarios a los astilleros Izar por las ayudas públicas concedidas a esta actividad a partir de 1997, cuando la Comisión Europea ya había prohibido expresamente la utilización de este recurso para financiarla. La última ampliación de la investigación fue en junio de 2003, con lo que la cantidad bajo sospecha se acercaba a 2.000 millones. La semana pasada la Comisión obligó a Izar a devolver 500 millones considerados ilegales. La cifra se quedó en 308, ya que el resto los había devuelto previamente. Uno de los expedientes se acerca a 700 millones de euros.

Solbes, sin embargo, centró su primera comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso en la política económica, en la que ocupa el lugar privilegiado la productividad, cuya evolución calificó de "decepcionante" en los últimos años. Según Solbes, constituye el mejor instrumento al que deben recurrir las empresas españolas tras la ampliación europea.

Competencia y reformas

Fiel al mensaje de la campaña electoral como alternativa al modelo económico del PP, el vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda enfatizó la necesidad de incrementar la productividad. Sin ella, el crecimiento económico no es sostenible a largo plazo, señaló el ministro, para quien la ampliación europea impondrá a España una competencia en precios que sólo podrá sortear con un "urgente recurso a la productividad". Solbes apeló a la investigación y desarrollo para mejorarla.

En una comparecencia a petición propia, ensalzó la libertad económica y se declaró "contrario a las injerencias de los poderes públicos en las decisiones empresariales". Con este espíritu, anunció cambios para reforzar el Tribunal de Defensa de la Competencia, de forma que pueda instruir casos (papel ahora reservado al Servicio de Defensa de la Competencia, integrado en Economía) y no sólo sancionarlos.

También habrá reformas en el mercado laboral, tendentes a reducir la temporalidad "en los sectores donde es posible". Aunque la principal baza económica del Gobierno también tendrá aquí un peso fundamental: "Hay que definir el salario en línea con la productividad". En los mercados financieros, se fijarán normas sobre instituciones de inversión colectiva, se perfeccionarán las leyes sobre buen gobierno de las empresas y se mejorará la transparencia en los seguros.

Solbes insistió en la necesidad de combinar todas las políticas que el Gobierno quiere acometer con la estabilidad presupuestaria, algo que suscitó la incredulidad de la mayor parte de los grupos parlamentarios. El ministro intentó concretar su concepto de estabilidad: "Nuestros déficit deben estar razonablemente equilibrados. Con crecimientos de entre el 2% y el 3% la situación debería ser excedentaria". Es decir, el déficit sólo debería producirse cuando la economía no crezca lo suficiente por sí misma.

Solbes se mostró confiado en que se liberarán recursos para dinamizar la economía a través de dos instrumentos: una revisión del gasto del Estado para hacerlo más productivo, con una revisión de las subvenciones, y una mayor lucha contra el fraude fiscal. Dentro de este último apartado, Solbes anunció un impulso de la "inspección selectiva en los sectores de más riesgo" y una red de alianzas contra el fraude junto a otras organizaciones públicas y la coordinación internacional.

Así, los cambios en el panorama fiscal vendrán más por diferencias en la gestión que por novedades legislativas. "No va a ser una legislatura de grandes cambios legislativos en materia tributaria", advirtió Solbes que, sin embargo, reiteró el compromiso electoral de modificar el IRPF (simplificación del impuesto y de los tipos, que la recaudación no provenga casi exclusivamente de las rentas del trabajo y elevación del mínimo exento de tributación) y "retocar" el impuesto de sociedades. En este tributo, se eliminarán "todas las deducciones que no tienen efectos de incentivo a la inversión" a cambio de bajar los tipos.