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Solbes acusa al Gobierno del PP de ocultar información por el 'caso Izar'

Zapatero se compromete a mantener "hasta niveles razonables" la actividad de los astilleros

"Comportamientos ilegales y no comunicados. Ése es el problema al que tenemos que hacer frente". El vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, ha acusado hoy al PP de contravenir la

legislación comunitaria y ocultar información a la Comisión Europea en el caso de las ayudas a Izar, y ha subrayado que la posible presentación de un recurso en Bruselas no paralizaría la devolución. La Comisión decidió el día 12 reclamar a Izar la devolución de 308,3 millones de euros en concepto de ayudas públicas ilegales.

En respuesta al diputado del PP Arsenio Fernández de Mesa, Solbes ha afirmado que el Gobierno del PP aceptó en 1997 la prohibición de conceder nuevas ayudas a los astilleros públicos a cambio de acceder a "una ayuda excepcional"

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para afrontar su reconversión. Según Solbes, esa reconversión "no se ha producido" y desde ese momento, "se han registrado una serie de actuaciones, todas ellas ilegales de acuerdo con la legislación comunitaria, que nos llevan a la apertura de cinco expedientes" por parte de la CE.

Fernández de Mesa pidió al Gobierno que recurra la devolución de las ayudas y que mantenga los puestos de trabajo y las capacidades de los astilleros. "No estamos haciendo ninguna otra cosa que no hayan hecho nuestros competidores y estamos viendo que, cuanto mejor le va a Europa peor le va a los sectores públicos españoles", indicó. En este punto, Solbes recordó que, en el sistema jurídico comunitario, el recurso no paralizaría la devolución de las ayudas.

"Hasta los niveles razonables"

En la misma sesión de control, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, expresó hoy su voluntad de mantener en la medida de lo posible los índices de empleo y de productividad de los astilleros públicos, aunque admitió la difícil situación financiera del grupo naval Izar tras la decisión de la Comisión Europea.

El presidente afirmó que el compromiso del Gobierno es mantener "hasta los niveles razonables" la actividad de este sector industrial y de "tener la máxima disposición en el ámbito del diálogo laboral y sindical".

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