Los astilleros Izar deben devolver 308 millones concedidos en 1999 y 2000

La Comisión Europea ordenó ayer a los astilleros Izar devolver 308,3 millones de euros, más intereses, recibidos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en 1999 y 2000 porque tal ayuda pública viola la norma comunitaria. La Comisión da al Gobierno español dos meses para comunicar cómo realizará el pago y apoyará planes favorables a la viabilidad del grupo. El Ejecutivo, que hoy estudia salidas a la situación, critica la herencia recibida del PP y señala que el comisario de Competencia, Mario Monti, trasladó a Pedro Solbes la "falta de colaboración" del anterior Gobierno.

La medida fue adoptada por la Comisión Europea sin oposición después de que el comisario Joaquín Almunia expusiera a sus compañeros "las preocupantes consecuencias sociales". La decisión anunciada ayer llega tras cuatro años de investigaciones del comisario Mario Monti sobre las ayudas recibidas por los astilleros españoles, tras un último paquete de apoyo aprobado en 1997 que ascendía a 1.380 millones de euros, según la Comisión. Con posterioridad, la SEPI adquirió tres sociedades a Astilleros Españoles en una operación en la que Bruselas detectó un componente de ayuda de 55,9 millones de euros, un préstamo por 192,1 millones y una aportación de capital de 252,4 millones. "Puesto que ninguna de las medidas de ayuda puede aprobarse en virtud de la normativa sobre ayudas estatales, la ayuda antes referida debe recuperarse", indicó ayer la Comisión. Dado que los 192,1 millones fueron reintegrados en su día, quedan por devolver 308,3 millones más intereses.

"He informado a la Comisión sobre las muy preocupantes consecuencias sociales que puede acarrear la decisión, que se ha aplicado conforme a las reglas del Tratado, que están para cumplirse", dijo Almunia. El responsable de Asuntos Económicos informó de que se había discutido sobre la aplicación de instrumentos de choque: fondos estructurales y estrategias de política industrial. "Espero que las autoridades españolas y los responsables de la Comisión sean capaces de ofrecer soluciones rápidas", dijo.

El Gobierno analizará hoy en la Comisión Delegada para Asuntos Económicos la nueva situación de Izar, y creará un grupo de trabajo integrado por la SEPI y los ministerios de Economía, Industria, Trabajo y Defensa que debe elaborar en el plazo máximo de un mes una estrategia para lograr "una empresa económicamente viable y con una dimensión adecuada, dentro de los límites que marca la legislación comunitaria". El Ejecutivo alude a este asunto como "un problema heredado" del PP, al que acusa haber inyectado dinero público sin comunicarlo a Bruselas y sin acometer "ninguna de las transformaciones necesarias para lograr unos astilleros competitivos", asegura el Ministerio de Economía y Hacienda en un comunicado. Este departamento va más allá al asegurar que el propio comisario europeo de Competencia, Mario Monti, manifestó al ministro Pedro Solbes, antes compañero suyo en la Comisión, "la falta de colaboración por parte del Gobierno del PP durante los últimos años".

Tilman Lüder, portavoz de Monti, señaló que la Comisión "tiene conciencia social y es consciente de que hay 20.000 empleos afectados". De ahí que "las condiciones de reembolsos sean bastante generosas: el Estado tiene dos meses para fijar un modo de reembolso que sea conveniente para las dos partes". Insistió el portavoz en que los dos meses es el plazo para presentar un plan de devolución, no para ejecutarlo. "Estos procesos son largos y se estructuran de modo que no se ponga en peligro la viabilidad de la empresa", señaló.

"Se están estudiando medidas de acompañamiento, ya en el ámbito del reciclaje, ya como ayudas de desarrollo regional, porque sabemos que esos astilleros están en regiones con un nivel de empleo débil, en Andalucía y en el País Vasco", agregó Lüder. Bruselas reconoce que los astilleros europeos sufren una dura y desleal competencia por parte de los de Corea del Sur, país que ha denunciado ante la Organización Mundial de Comercio.