Solución al convenio tras 14 meses de conflictos

La decisión de Bruselas se produce cuando los representantes de los trabajadores de astilleros y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) han resuelto el conflicto surgido con el convenio colectivo. Los sindicatos han aceptado la propuesta del servicio interconfederal de mediación y arbitraje, al que se recurrió ante la incapacidad de alcanzar un acuerdo, y que consiste en un convenio de transición para 2003 y 2004, con una subida salarial del 2,5%, más un 0,8% ligado a productividad en el pasado año y un 0,7% en el actual ejercicio.

Así se ha encontrado una vía de solución a unas negociaciones encalladas desde hace 14 meses, con la anterior Administración del PP, y en un sector castigado por los ajustes y los conflictos desde hace 20 años.

En esos dos decenios, la construcción naval pública ha sufrido cuatro procesos de reconversión ininterrumpidos. Como resultado de esos ajustes, la plantilla se ha reducido casi a la cuarta parte y ha pasado desde 39.229 trabajadores a los 11.077 que se contabilizaban a finales del pasado año.

La primera reconversión se acometió en España en 1984, en el primer Gobierno del PSOE, y con años de retraso respecto a los astilleros de otros países comunitarios, que ya habían eliminado el 60% de sus plantillas. Ese ajuste encontró una resistencia feroz en Euskalduna (Bilbao) y Astano (Ferrol) y hubo también conflictos agudos en Cartagena, San Fernando, Puerto Real, Cádiz, Sevilla, Huelva, Vigo, Gijón, Santander o Sestao, poblaciones en las que tuvo un gran impacto en el empleo industrial.

Desde 1999, España no puede financiar con ayudas públicas esta actividad, y ha debido renunciar a subvenciones que cubrían el 49% del coste de construcción de un buque. En la actualidad, los astilleros cuentan con una carga de trabajo baja con vistas a los próximos meses, y necesitan nuevos pedidos las factorías de Gijón, Sestao, Puerto Real, Sevilla y Fene. Esa situación de incertidumbre es similar a la de otras empresas europeas debido a la competencia desleal que arropa a sus competidores de Corea, donde cuentan con medidas de protección estatal que les permiten cobrar unos precios bajos.

El secretario general de UGT en Andalucía, Manuel Pastrana, acusó ayer al anterior Gobierno del PP de no haber buscado "soluciones aún sabiendo que la resolución de la UE se iba a concretar" en anular las ayudas. Mientras, el presidente del comité de Astilleros de Sevilla, Ignacio Sánchez, de CC OO, señaló que la decisión de la UE es "bastante alarmante" y avanzó que hoy se reunirán los trabajadores para analizar la situación.