El PSOE acusa al PP de desatender las advertencias de Bruselas sobre las ayudas a Izar
El Gobierno aprobará en un mes la estrategia de actuación para garantizar el futuro del grupo público de astilleros
El diputado del PSOE y ex consejero de Gobernación de la Junta de Andalucía, Alfonso Perales, ha acusado al anterior Gobierno del PP de haber desatendido más de seis advertencias de Bruselas sobre la ilegalidad de las ayudas que estaba concediendo al grupo público de astilleros Izar, así como de obstaculizar los trabajos de la Comisión Europea sobre este asunto para retrasar sus decisiones a después de las elecciones generales.
La CE asestó ayer un duro golpe a Izar, obligando a devolver 308 millones de euros, recibidos como ayudas estatales en 1999 y 2000. Según el diputado del PSOE, los populares hicieron caso omiso de las advertencias comunitarias y de haber retrasado, "de manera deliberada", las decisiones de la Comisión sobre el expediente abierto a España.
Perales apuntó que la intención del nuevo Gobierno es la de afrontar un problema tan grave como el del futuro de los astilleros, en primer lugar, buscando soluciones para garantizar la viabilidad de la empresa, y en segundo, manteniendo un diálogo constante tanto con la Comisión Europea, que ha de supervisar el proceso, como con los sindicatos de Izar.
Sin embargo, el PP ha defendido la legalidad de las ayudas públicas a Izar y recordó que otros países europeos hicieron"exactamente lo mismo" para defender su sector público naval, algo que pide que siga haciendo el PSOE en lugar de "plegarse, sin negociar y sin luchar, a los intereses de la UE".
Arsenio Fernández de Mesa, responsable del grupo parlamentario popular en asuntos de construcción naval, anunció además que su grupo presentará una iniciativa en la Cámara Baja instando al Gobierno a mantener el empleo y los puestos de trabajo de los astilleros públicos españoles y no volver a la reconversión naval "tremenda" de la etapa de Felipe González.
Por otra parte, CCOO ha señalado que el Gobierno no puede asumir "sin más" la decisión de la CE e instó al Ejecutivo a usar "todos los mecanismos que estén a su alcance, incluido el recurso jurídico, para buscar una solución que garantice la viabilidad futura del Izar y el mantenimiento de los empleos, tanto de la plantilla propia como de la industria auxiliar".
Grupo de trabajo
El Gabinete interministerial, formado por la SEPI, y los ministerios de Economía, Industria, Trabajo y Defensa, se han puesto hoy en marcha con el objetivo de elaborar en un mes una estrategia de actuación que garantice el futuro del grupo público de astilleros Izar.
El objetivo del Ejecutivo es lograr "una empresa futura, económicamente viable y con una dimensión adecuada, siempre dentro de los límites que marca la legislación comunitaria", informó hoy Economía y Hacienda. Para ello, el Gobierno hará frente al problema de Izar desde una perspectiva "financiera, laboral y regional".
Antecedentes
En 1997, en el marco del plan estratégico de competitividad 1994-1998 del sector de construcción naval en España, la Comisión Europea aprobó un último paquete de ayudas después de que el Gobierno se comprometiera a que los astilleros públicos no percibirían más ayudas de reestructuración, rescate, compensación de pérdidas o privatización. Desde ese año, por tanto, las ayudas públicas a los astilleros son ilegales en el marco de la UE.
Sin embargo, en 1999 SEPI compró los astilleros de Cádiz, Juliana (Gijón) y Manises (Valencia) pertenecientes a Astilleros Españoles por 15,3 millones de euros, a pesar de que su valor patrimonial era de 40 millones negativos. En agosto de 2000, la Comisión comenzó un procedimiento de investigación por esa operación.
En diciembre de ese año, SEPI creó Izar, fruto de la absorción de Astilleros Españoles por parte de Bazán, que pagó un precio simbólico de una peseta. En noviembre de 2001, la Comisión amplió la investigación incluyendo también esta operación.
En estas operaciones, la Comisión calcula que se concedieron a Izar ayudas por un total de 500 millones de euros mediante inyecciones de capital, préstamos y compras por encima del valor de mercado.
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