El recurso de Manos Limpias al 'plan Ibarretxe' se resolverá en 15 días

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia resolverá en el plazo de 15 días el recurso del colectivo de funcionarios Manos Limpias contra la tramitación del plan Ibarretxe. En un auto notificado el pasado 7 de mayo se dice que, como las partes personadas no han solicitado hacer prueba alguna, la causa queda pendiente de que se fije un día para votar y dictar un fallo. Los otros dos recursos al plan, presentados por la Diputación de Álava y el Gobierno de Navarra, están más retrasados, según fuentes del Tribunal.

Fuentes del Superior admiten que la no estimación por parte del Tribunal Constitucional del recurso presentado por el Gobierno del PP contra el plan Ibarretxe "complica y dificulta" que se estime el recurso de Manos Limpias. "Una admisión por el Constitucional [que implicaba la suspensión de la tramitación parlamentaria por cinco meses] hubiera facilitado ejecutar una sentencia estimatoria en lo Contencioso", aseguran las mismas fuentes. Esta apreciación no prejuzga, en cualquier caso, las deliberaciones sobre el fondo: si el Gobierno cumplió o no los elementos reglados (pedir los informes preceptivos, dar audiencia a las partes afectadas, etcétera) al aprobar su propuesta el 25 de octubre pasado.

La Sala debe resolver ahora sobre si el Gobierno vasco cumplió todos los tramites legales a la hora de aprobar su propuesta y tramitarla posteriormente ante la Mesa del Parlamento. Esta Sala está partida casi por la mitad desde que comenzó a ver los recursos. Su presidenta, Ana Isabel Rodrigo y el magistrado Ángel Ruiz siempre han mantenido en las deliberaciones y en sus votos particulares que este Tribunal no es competente para conocer y en su caso decidir sobre los recursos presentados y que la competencia residía en el Constitucional.

Por el contrario, la posición mayoritaria -sostenida por los magistrados Luis Ángel Garrido, José Antonio Alberdi y Roberto Saiz- ha defendido la competencia de la Sala para fiscalizar si el Ejecutivo de Ibarretxe cumplió todos los requisitos reglados a la hora de aprobar su propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi. La posición mayoritaria ha defendido en sus autos que sí cabe la intervención de la jurisdicción contencioso administrativa y ha negado la existencia de un terreno de actuación del Ejecutivo exento de control.

Los otros recursos

En el caso del recurso de la Diputación de Álava, la tramitación está en un estadio anterior y no se prevé una sentencia hasta final de año. La pasada semana vencía el plazo de 17 días que tenía el Ejecutivo para contestar a la demanda, según fuentes del Tribunal. En un auto fechado el pasado 4 de mayo, la Sala decidió rechazar la petición de suspensión cautelar solicitada por la Diputación alavesa, algo que ya había hecho el Tribunal cuando Manos Limpias solicitó lo mismo, en noviembre de 2003.

El argumento para negar la suspensión cautelar a la Diputación es que ya "ha sido materialmente ejecutada con el traslado de la propuesta al Parlamento vasco, cuya Mesa la ha calificado como reforma estatutaria por acuerdo de 4 de noviembre de 2003, dando así inicio a la tramitación parlamentaria", con lo que "no cabría paralizar en este momento" la tramitación como pidió la Diputación.

El tercer recurso presentado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto Tribunal vasco fue presentado por el Gobierno de Navarra y fue admitido a trámite por la Sala a mediados de febrero, por lo que es el que lleva más retraso. Pese a que los tres recursos se refieren al mismo texto aprobado por los tres partidos que sustentan el Ejecutivo vasco (PNV, EA e IU), la Sala no ha acumulado las causas y cada uno lleva su propia dinámica en el procedimiento. De hecho, la Fiscalía del Superior vasco sólo se pronunció recientemente, en plena campaña electoral, sobre el fondo del asunto. En un escrito remitido a la Sala en el procedimiento abierto por el recurso de Manos Limpias, la Fiscalía se mostró favorable a que se sometiera a control de lo Contencioso el cumplimiento de los elementos reglados por parte del Gobierno. Y, al entrar en el fondo del asunto la Fiscalía, sostenía que la propuesta de Ibarretxe era "la más genuina expresión de una estrategia jurídica de camuflaje", ya que emplea el artículo 46 del Estatuto, previsto para su modificación, pero pretendiendo en realidad la "redefinición de un marco político de verdadero alcance constituyente".