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Editorial:

Reproducción asistida

Durante la anterior legislatura, el PP evolucionó desde un rechazo frontal a la investigación con células madre hasta una reforma legal que la permitía, pero con unas restricciones y componendas que, al ser más producto de las presiones eclesiásticas que de un análisis ético y científico solvente, han generado un marco normativo confuso e inadecuado. La reforma del PP abría la puerta al uso biomédico de los embriones sobrantes congelados en las clínicas, pero sólo si ya existían antes de su promulgación. Y, para evitar nuevas acumulaciones en los congeladores, limitaba a tres el número de óvulos que podían fecundarse por ciclo de tratamiento. Lo primero les parece insuficiente a los científicos y lo segundo supone un grave obstáculo para las clínicas de fertilidad y sus usuarios, que pueden verse obligados a repetir un costoso y molesto ciclo de fecundación si los tres óvulos iniciales no logran generar un embarazo.

La nueva reforma de la Ley de Reproducción Asistida, anunciada por la ministra de Sanidad, es, por tanto, necesaria. El departamento de Elena Salgado va a abordarla con calma y escuchando las consideraciones de la Comisión Nacional de Reproducción Asistida, un prestigioso grupo de expertos creado por el PP que, paradójicamente, fue ignorado o eludido sistemáticamente por el anterior Gobierno. La ley es de 1988, y ni el más osado futurista se hubiera atrevido a predecir los vertiginosos avances que la embriología y la genética han experimentado en estos 16 años. Sus artículos precisan una puesta al día bien meditada. Y los aspectos más urgentes, como la limitación a tres óvulos, no tendrán que esperar a la reforma, puesto que podrán abordarse mediante una lista de 24 excepciones, propuesta por la misma Comisión, que en la práctica casi equivale a la supresión del artículo.

Aparte de sus disposiciones concretas, la nueva ley debería incluir algún tipo de mecanismo para actualizar su interpretación y desarrollar sus protocolos con la frecuencia que impongan los avances científicos y las demandas sociales, siempre dentro de una juiciosa valoración ética. En un campo de investigación tan activo como la biología humana, raro es el concepto o el precepto que resiste unos años sin que un nuevo dato, o una nueva posibilidad técnica, cuestione su validez. La bioética y sus trasposiciones legales deben mostrar flexibilidad y reflejos para que los avances científicos puedan ponerse lo antes posible al servicio de la salud y el bienestar de los ciudadanos que los financian.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 17 de mayo de 2004