El laberinto de los contratos argentinos

En poco más de un mes deberían sellarse los más de sesenta contratos de servicios públicos que Argentina negocia con las empresas privatizadas y concesionarias, dado que el Gobierno de Néstor Kirchner pretende cumplir con este compromiso asumido con el FMI. Pese a que las negociaciones han marchado lentamente, todos confían en que en la mayoría de los casos se lograrán acuerdos, al menos transitorios.

Algunas empresas han llegado a pedir subidas del 300%, tanto como el dólar se había apreciado respecto del peso

La Unidad de Renegociación (Uniren) de los contratos fue creada por el Gobierno de Eduardo Duhalde, poco después de que en enero de 2002 se devaluara el peso, se desdolarizaran las tarifas y se las congelaran. A mediados de aquel año, las empresas fueron invitadas a expresar el nivel de precios que deseaban, y la mayoría reclamó alzas de más del 30%, acorde con el nivel de inflación de ese momento de crisis descontrolada, y algunas llegaron a pedir subidas del 300%, tanto como el dólar se había apreciado respecto al peso. De ahí en adelante se estancaron las negociaciones hasta que Duhalde traspasó el poder a su correligionario Kirchner, hace casi un año, cuando la economía había comenzado a reactivarse.

El ministro de Economía de Duhalde y de Kirchner, Roberto Lavagna, había dirigido la Uniren en tiempos del primero, pero debió compartir su potestad en el nuevo Gobierno con el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido. Las negociaciones comenzaron prácticamente otra vez. El Congreso autorizó por ley al poder Ejecutivo a revisar los servicios públicos hasta diciembre de 2004 y a elevar, en caso de emergencia, las tarifas. Más adelante, Lavagna prometió al FMI que en junio, seis meses antes de lo previsto por ley, se llegaría a acuerdos con las compañías, la mayoría de ellas en manos de multinacionales.

Aguas Argentinas, controlada y gestionada por la francesa Suez, era uno de los servicios más cuestionados por incumplimientos contractuales, al igual que el Correo Argentino, al que se le rescindió el convenio, y los ferrocarriles de cercanías de Buenos Aires, también bajo amenaza. Sin embargo, la concesionaria de la red de agua potable de la capital argentina fue la primera en sellar un acuerdo con el Gobierno. Ante la advertencia oficial de que perdería la concesión, Aguas Argentinas aceptó invertir este año en obras de expansión unos 70,5 millones de euros, que obtendrá de sus ventas.

Hasta diciembre

El acuerdo transitorio que se firmó el martes pasado regirá hasta diciembre próximo, cuando debería sellarse un contrato definitivo. Hasta entonces no se producirán aumentos de tarifas, y Suez congelará su demanda contra Argentina por la ruptura del contrato en 2002 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial. También se suspenden las multas por 43,7 millones de euros del ente regulador del sector contra Aguas Argentinas, en suspensión de pagos desde 2002.

Después de negar la crisis energética durante meses, Kirchner y sus funcionarios han tomado conciencia de ella, a fuerza de cortes puntuales del suministro de gas a industrias y centrales eléctricas, y han manifestado la voluntad de resolverla. En un nuevo paquete de medidas contra la crisis, Kirchner decidió esta semana la formación de la empresa estatal Energía Argentina, SA (Enarsa), que cotizará en Bolsa e invertirá en exploración petrolera en alta mar y gasoductos, y elevó los impuestos a la exportación de petróleo y sus derivados para financiar parte de las obras en infraestructura energética por 3.250,4 millones de euros, proyectadas hasta 2009. La sede porteña de Repsol YPF, una de las afectadas por la medida y la más criticada por Kirchner por la insuficiente inversión en gas, fue atacada el miércoles con dos bombas molotov en una protesta de parados piqueteros.

Altas fuentes oficiales admiten que los contratos de transporte y distribución de electricidad y gas, que suponen un tercio del total, caminan hacia una resolución. En esta discusión participa Edesur, la controlada por Endesa que distribuye electricidad a la mitad de la ciudad de Buenos Aires, y que el jueves pasado sufrió en una estación transformadora la explosión de una bomba casera. También intervienen Gas Natural BAN, distribuidora de la provincia de Buenos Aires, y Metrogas, controlada por la británica BG y 30% de Repsol YPF, que provee a la capital argentina.

El Uniren analiza la información básica del negocio energético, su historia y sus proyecciones. El Gobierno considera que debe definirse un nuevo marco de derechos y obligaciones de las partes, y por eso ha acercado a las compañías un proyecto de acuerdo parcial, que aún debe negociarse, similar al alcanzado con Aguas Argentinas. Este tratado probablemente implique la suspensión de acciones judiciales de los accionistas de las compañías, como Endesa, en el Ciadi, y compromisos de inversión. Las empresas de electricidad y gas tuvieron exigencias de inversión desde su privatización, en 1993, hasta 1997. A partir de entonces sólo debieron cumplir con requisitos de calidad del servicio. Los entes reguladores de ambos sectores opinaron que, más allá de algunas excepciones, las compañías habían cumplido en general con esas exigencias, pese a algunas multas impuestas por fallos específicos. La Uniren criticó a los entes por limitarse a ese análisis, y expresó en informes que deberían controlarse también las inversiones necesarias para cumplir con la calidad comprometida.

Los acuerdos transitorios con las compañías de energía posiblemente lleven al Estado a suspender sus demandas por multas impagadas, a revisar el régimen de calidad del servicio y a aumentar las tarifas de electricidad -las empresas piden un 35%- y de gas -un 10%-, pero sin afectar a los hogares pobres. De momento sólo se produjeron este año alzas para grandes usuarios en el precio de gas a boca de pozo, lo que elevó la tarifa final hasta un 25%, y del de la electricidad mayorista, lo que impactó a los clientes hasta en un 35%. Los pactos en negociación, a diferencia del de Aguas Argentinas, tal vez revistan un carácter de mediano plazo, hasta fines de 2006, cuando debería estabilizarse la situación socioeconómica, según los cálculos del Gobierno.

El Ejecutivo ya pactó con las petroleras que los precios del gas a boca de pozo vuelvan a liberarse gradualmente, tras el congelamiento impuesto en 2002, a cambio de que aseguren un aprovisionamiento mínimo por tres años. En julio de 2005 habrá precio libre para los grandes usuarios, y en diciembre de 2006 para los pequeños. La Secretaría de Energía también ha iniciado negociaciones con los generadores eléctricos para regresar en etapas a un valor mayorista libre, objetivo también planteado para las postrimerías de 2006. En este negocio, del que participa Endesa, el Gobierno corre con menos prisa porque la crisis eléctrica no es inminente. Por lo pronto, el Ejecutivo se ha comprometido a subvencionar los 166 millones de euros que le costará a las centrales termoeléctricas la sustitución del escaso gas por el fuel comprado en cuotas a la Venezuela de Hugo Chávez.