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Dimite el presidente de la Cámara de Cuentas

La oposición había tildado de "auténtico carajal" la crisis en el organismo público

El pasado viernes, a las 12.15, entró en el registro de la Asamblea de Madrid un documento manuscrito del presidente de la Cámara regional de Cuentas, Ramón Muñoz Álvarez, en el que presentaba a la presidenta de la Asamblea, Concepción Dancausa, su renuncia al cargo (aunque seguirá como consejero). El martes próximo, la mesa de la Asamblea aceptará la renuncia de Muñoz para poner fin a la situación de crisis institucional que se vive en ese organismo público.

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El PSOE rechazó la destitución en bloque de los siete consejeros

Dirigentes del grupo parlamentario popular en la Asamblea de Madrid han confirmado que, tras largas negociaciones entre los tres grupos (PP, PSOE e IU) en la Cámara madrileña, se llegó a la conclusión de que la única forma de desbloquear la grave situación de inactividad en la estaba sumida la Cámara de Cuentas era que la presidenta del Gobierno regional, Esperanza Aguirre, forzara la dimisión de Ramón Muñoz Álvarez. Y así ha sido.

La Cámara de Cuentas -organismo que se ocupa de fiscalizar la actividad económica, presupuestaria, financiera y contable del sector público madri-leño- no logró aprobar un plan de fiscalización para el año 2003, tampoco ha logrado dotarse de presupuestos y, además, no ha alcanzado un acuerdo para realizar un plan de fiscalización para el presente ejercicio 2004.

Varios de los siete consejeros que integran este órgano colegiado (cuatro elegidos a propuesta del PP, dos del PSOE y uno de IU) ya habían manifestado que, de continuar así las cosas, la institución podría quedar totalmente inactiva.

Estos consejeros culpaban a la actitud del presidente, Ramón Muñoz Álvarez, del deterioro sufrido por la institución. Es más, el secretario general de la Cámara de Cuentas, José Luis Monzó Torres, envió el pasado 30 de marzo un escrito de contestación dirigido al presidente del organismo en el que desgranaba una serie de irregularidades cometidas, supuestamente, por Muñoz, y que tendrían, según Monzó, gran parte de culpa en la actual situación de inactividad y parálisis de esta institución madrileña. (Véase EL PAÍS del 19 de abril).

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La situación fue calificada en el último pleno de la Asamblea, el pasado jueves, de "auténtico carajal" por la diputada de IU Reyes Montiel. El día 10 de mayo, en el registro de la Asamblea de Madrid, se recibió una carta firmada por los órganos de repre-sentación de los empleados de la Cámara de Cuentas, enviada a Concepción Dancausa, en la que manifestaban, entre otras cosas, su "honda preocupación" ante la "cotidiana inactividad" y "la ausencia de trabajo (...), que se deriva de la carencia de un plan de fiscalizaciones".

Negociación ardua

La crisis era de tal calibre que la presidenta de la Comunidad de Madrid propuso una solución: que los siete consejeros cesaran en bloque y se eligiera un nuevo consejo rector de la Cámara de Cuentas. "Primero, hablaremos con ellos para que dejen el cargo de una forma dialogada. Y, si esto no funciona, tendremos que hacer cambios y tomar medidas para renovar el seno de la Cámara de Cuentas, cambios que tendrían que pasar por una modificación normativa", afirmó la presidenta Aguirre.

Una prueba más de que la crisis viene de antiguo es el hecho de que el escrito de dimisión de Muñoz presentado en la Asamblea de Madrid está fechado el 4 de febrero de 2004. Es decir, ya en esa fecha el presidente de la Cámara de Cuentas tenía escrita su carta de renuncia, consciente de la situación que se avecinaba.

El grupo parlamentario socialista propuso otra solución para terminar con los problemas de la Cámara, que achacaban en exclusiva al presidente, Ramón Muñoz Álvarez. La solución de los socialistas pasaba por utilizar los cauces que permite la propia ley que rige la Cámara de Cuentas, que incluye la posibilidad de pedir la destitución de cualquier miembro del consejo cuando se considere que ha incumplido las funciones para las que fueron elegidos. Esta destitución sólo se podría acordar por una mayoría de tres quintos en la Asamblea de Madrid.

Finalmente, se optó por aceptar la renuncia de Ramón Muñoz Álvarez como presidente.

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