Zapatero asume la reforma estatutaria 'a la carta'

José Luis Rodríguez Zapatero ha conseguido su primer objetivo de política territorial, implicar al PP en la reforma constitucional para hacer del Senado una Cámara autonómica, la reformas de los estatutos de autonomía y la del modelo de financiación de las comunidades. La reunión que en los próximas días mantendrán el jefe del Gobierno y el secretario general del PP, Mariano Rajoy, marcará el proceso de reformas territoriales en España. Pero Zapatero no limitará su política al acuerdo con el PP. Quiere dar el paso de comprometer en el acuerdo a los partidos nacionalistas. "Se va a hacer una política territorial incluyente", aseguran fuentes gubernamentales.

El Gobierno socialista prepara un proyecto de envergadura para materializarlo en esta legislatura a través de un largo proceso, y con la pretensión de que sirva para toda una generación como ha servido durante 25 años el acuerdo constitucional de 1978. Así, el proyecto de reformas de los estatutos de autonomía va a ser diferente a los precedentes, pactados por el PSOE y el PP, de 1992 y 1996.

Entonces, el PP y el PSOE pactaron reformas tasadas y homogéneas de los estatutos de las comunidades de régimen común, reguladas por el artículo 143 de la Constitución, todas gobernadas por populares o socialistas. Ahora se abre un nuevo proceso en el que se abordará la reforma de los estatutos de las comunidades de régimen especial, como Cataluña, País Vasco, Canarias, Andalucía y Comunidad Valenciana, reguladas por el artículo 151 de la Norma fundamental. En algunas, gobiernan partidos nacionalistas. A ese proceso se podrán enganchar todas las comunidades autónomas que lo deseen. La iniciativa de las reformas debe proceder de las comunidades. El Gobierno aspira a incluir en los pactos a todos los partidos, nacionales, nacionalistas y regionalistas.

La filosofía con la que encara el Ejecutivo este nuevo proceso se resume en esta frase: "El lema de café para todos responde a la etapa anterior, ya superada. El café ahora se lo va a tomar cada comunidad como quiera, pero, eso sí, dentro de la misma taza".

Eso significa que el Gobierno de Rodríguez Zapatero va a abordar la reforma de los estatutos de las comunidades que la reclaman con la pretensión de recoger en los textos la voluntad política de cada una, sin uniformidades obligadas. "Será un proceso estatutario a la carta", subrayan fuentes gubernamentales. La condición del Gobierno es que se materialicen en el marco de la Constitución, con un consenso nunca inferior al de partida y, también, con flexibilidad.

Por ejemplo, si Canarias quiere tener competencias policiales y la Comunidad Valenciana no, las reformas deben recogerlo así. Si unas comunidades, como Cataluña, quieren una amplia descentralización de la justicia y otras no, se respetarán ambas opciones. Las fuentes señalan que existen muchos posibles hechos diferenciales, desde la relación fronteriza de Aragón con Francia al peso especial en Castilla y León de la Política Agraria Común europea. El Gobierno no propiciará la homogeneidad obligatoria.

El Ejecutivo ultima su diseño de Estado de las autonomías impulsado por el propio Zapatero, que tiene un concepto de España "muy abierto" y muy desarrollado, en la medida en que fue portavoz del PSOE en la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso durante dos legislaturas. En la legislatura 1996-2000 tuvo enfrente precisamente a Mariano Rajoy como ministro del departamento, lo que también puede facilitar el acuerdo con el PP.

Zapatero ya ha adelantado algunas iniciativas propias, como la participación de las comunidades autónomas en las reuniones transfronterizas entre Estados cuando haya asuntos que afecten a sus competencias y el reconocimiento de las lenguas cooficiales de España en la Constitución Europea. "Estas iniciativas no responden a presiones de ninguna comunidad autónoma, sea de signo nacionalista o no. Surgen de la propia concepción de España que tiene Zapatero", explican fuentes gubernamentales, que anuncian nuevas iniciativas en la misma dirección.

Este proyecto ambicioso del Gobierno se ha visto fortalecido por la disposición favorable de los nacionalistas y del propio PP a participar en la reforma constitucional y estatutaria, tal y como expresaron sus portavoces el martes en el Senado en respuesta a la oferta que Zapatero les planteó. "Podemos estar ante una oportunidad única de lograr un acuerdo territorial ambicioso y más incluyente que el actual", señalan fuentes del Ejecutivo.

El PP, que no contemplaba en su programa la reforma de la Constitución ni de los estatutos, ha dado un giro pragmático de la mano de Rajoy, ante la decisión irrevocable del Gobierno de materializarlas. El PP participará en la ponencia de reforma constitucional y en las de los estatutos de autonomía.El PSOE cree también que ha influido la presión de los presidentes de comunidades del PP.

El proceso de reforma de la Constitución y de los estatutos será largo y paralelo, calcula el Gobierno. El dictamen del Consejo de Estado, que pilotará el catedrático Francisco Rubio Llorente, debe fijar, en el plazo de un año, el alcance de la reforma constitucional. Inicialmente, afectará al Senado y a la inclusión en la Norma fundamental de la denominación de las comunidades autónomas como asuntos más importantes. En el dictamen, cuyo propósito será muy ambicioso, participarán expertos de procedencia plural. A partir de este trabajo, se creará la ponencia de reforma constitucional.

Como medida previa, tanto Zapatero como el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, se habrán entrevistado con todos los presidentes de comunidad. La percepción común -Sevilla ya se ha entrevistado con más de la mitad- es que todos los presidentes, incluidos los del PP, quieren la reforma del Senado. El 3 de junio, Sevilla comparece ante la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado. Y en septiembre, Zapatero convocará por vez primera la Conferencia de Presidentes Autonómicos. Estas iniciativas propiciarán un debate previo sobre la reforma constitucional del Senado.

Las reformas de los estatutos, cuya iniciativa corresponde a las comunidades, empezarán a materializarse el próximo año, con el examen de las Cortes. Hasta el momento la han reclamado los Gobiernos de Cataluña, Andalucía, Canarias y Comunidad Valenciana, a los que pueden sumarse más comunidades. El Gobierno vasco mantiene la iniciativa del plan Ibarretxe, que no es aceptada como reforma estatutaria ni por el Gobierno del PSOE ni tampoco por el PP. Zapatero confía aún en una retirada del plan por parte del lehendakari y la apertura de un proceso de reforma legal, similar al de las demás comunidades autónomas.

En cuanto a la financiación autonómica, el Gobierno presentará antes de fin de año un informe sobre el funcionamiento del modelo vigente desde diciembre de 2001, que marcará las pautas de las reformas, e iniciará el debate. Al Ejecutivo le gustaría tener un nuevo modelo antes de acabar la legislatura. Sevilla ha detectado una seria preocupación entre los presidentes de comunidad por las deficiencias del modelo, particularmente por el déficit sanitario, que en algunos casos, como Cataluña y Andalucía, lastran su financiación de manera "muy grave".