Montilla acusa al PP de "mal estilo" en el caso de las ayudas al carbón

El ministro de Industria, José Montilla, considera "sospechoso" el modo como se ha gestionado la información de la investigación que ha abierto Bruselas sobre las ayudas al carbón. La subvención, de 600 millones de euros, podría declararse ilegal, al no haberla aprobado la Comisión Europea. Bruselas salió ayer al paso de las insinuaciones de secretismo y aseguró que la decisión de reclamar información sobre las ayudas se hizo pública el mismo día que se adoptó, el 30 de marzo.

"Lo sospechoso es que después de un año de conversaciones y de misivas y después de perder las elecciones [el PP], la comisaria europea, la señora De Palacio [Loyola de Palacio, comisaria de Energía], haga un requerimiento al ministerio dando un plazo muy reducido, teniendo en cuenta que parece ser que el ministerio y la Unión Europea llevaban todo un año negociando. Pienso que demuestran mal estilo en las formas de gobernar", dijo ayer en Barcelona el titular de Industria, informa la cadena SER.

Bruselas comunicó el pasado 30 de marzo al Gobierno del PP, ya en funciones tras las elecciones, que había abierto una investigación sobre las ayudas a la minería del carbón concedidas desde 2003. El actual Ejecutivo acusa al anterior de no haberle informado.

La Comisión Europea respondió ayer que la decisión de reclamar información adicional a Madrid fue adoptada por unanimidad el pasado 30 de marzo, y el mismo día se anunció a la opinión pública y, por los cauces oficiales, a la Representación Permanente española ante la UE.

"Nos ha sorprendido esta polémica porque se refiere a una decisión antigua, anunciada públicamente, adoptada por un procedimiento transparente, comunicada por las vías habituales y aprobada por unanimidad", señaló ayer Gilles Gantelet, portavoz de De Palacio. La referencia a la unanimidad alude a la presencia en el debate de Pedro Solbes, entonces comisario de Asuntos Económicos y hoy vicepresidente del Gobierno.

La decisión se tomó tras las elecciones porque "nunca se adoptan medidas en pleno proceso electoral de un país", señaló Gantelet. Esta demanda de información no prejuzga la decisión que sobre la legalidad de las ayudas vaya a tomar la Comisión. Es decir, la petición de información no implica necesariamente que se vayan a considerar ilegales las subvenciones.