El final de la asimetría

Parece que por fin se abre camino la idea de que es necesario reformar la Constitución. La resistencia que el PP había venido ofreciendo a cualquier operación de reforma bajo la presidencia de José María Aznar parece haber cedido en esta última semana. Si todavía en el debate de investidura de José Luis Rodríguez Zapatero Mariano Rajoy le advirtió que no jugara a aprendiz de brujo y que no pusiera en marcha un proceso que no sabía como lo iba a poder cerrar, en esta semana, el portavoz del PP en el Senado, Pío García Escudero, aun manteniendo la posición de que la Constitución no debe ser reformada, ha admitido entrar en el debate y se ha manifestado dispuesto a "dejarse convencer". Casi inmediatamente después de la intervención de su portavoz en el Senado, Mariano Rajoy ha pedido por escrito una entrevista al presidente del Gobierno con la finalidad de discutir sobre la reforma de la Constitución, de los estatutos de autonomía y de la financiación autonómica.

La reforma del Senado es una pieza central en la mejora del Estado social y democrático de derecho

Es importante que se haya empezado a hablar de reforma constitucional y es importante que se haya empezado a hablar en el Senado, ya que a nadie se le oculta que la reforma de más calado que se hará en la Constitución será la que afecte a la segunda Cámara. Se trata, con diferencia, de la reforma más importante de las cuatro que propuso José Luis Rodríguez Zapatero en el debate de investidura.

Para Andalucía tiene especial transcendencia, ya que la reforma del Senado vendrá inexorablemente a consagrar la interpretación de la Constitución que se impuso con el referéndum del 28-F. Política y constitucionalmente esto es lo que significa la reforma del Senado. Por eso las resistencias a la reforma del Senado no han sido únicamente las resistencias del PP, sino que ha habido también otras resistencias soterradas.

La reforma del Senado supondrá poner fin constitucionalmente al debate sobre la simetría/asimetría del Estado autonómico. Ese debate está políticamente resuelto tras los Pactos Autonómicos de 1981, la aprobación de los estatutos de autonomía entre 1982 y 1983 con base en lo previsto en dichos Pactos y la ampliación de las competencias de las comunidades autónomas del artículo 143 de la Constitución con base en lo previsto en los Pactos Autonómicos de 1992. Políticamente ya no es posible dar marcha atrás al curso de la historia e intentar poner en marcha una interpretación asimétrica de la Constitución como la que intentó en Gobierno de UCD con los nacionalistas vascos y catalanes. Esa interpretación quedó desahuciada el 28-F. Pero esa interpetación no está todavía constitucionalizada. Para que esto ocurra es completamente imprescindible la reforma del Senado.

Tal como está constituido el Estado de las Autonomías, con 17 comunidades autónomas que tienen la misma naturaleza, la misma arquitectura constitucional, el mismo nivel competencial y el mismo sistema de finanaciación, con la excepción de País Vasco y Navarra, el Senado como Cámara de representación territorial únicamente podrá ser expresión de todas ellas como unidades simétricas de descentralización política del Estado. Cada una de las comunidades autónomas será consagrada constitucionalmente como una unidad de descentralización política del Estado exactamente igual que las demás.

La reforma del Senado supondrá el cierre constitucional del Estado de las Autonomías realmente existente y el cierre, como consecuencia de ello, del debate acerca de la simetría/asimetría, que es uno de los debates más estériles al que periódicamente asistimos. Políticamente España es asimétrica. Cataluña no es La Rioja y Andalucía no es Galicia. Pero tampoco California es Arizona y Nueva York Montana. Claro que las unidades territoriales de un Estado políticamente descentralizados son distintas. Cosa distinta es que su posición constitucional como unidad de descentralización política del Estado lo sea. Esto es lo que resulta difícil de admitir. Por eso no se pudo constitucionalizar la asimetría en el proceso constituyente en 1978, aunque se dejó abierta la puerta a la misma. Y por eso, cuando se intentó poner en práctica una interpretación asimétrica de la Constitución por parte del Gobierno de UCD, dicha interpretación fracasó a las primeras de cambio.

Pero el debate no estaba cerrado. Y no lo estaba porque la simetría no está constitucionalizada, es decir, no había sido objeto de una decisión expresa por parte del titular del poder constituyente. Esto es lo que ahora tiene que hacerse. La mayoría cualificada de ambas Cámaras, que al ir acompañada la reforma con la supresión de la discriminación de la mujer en la sucesión de la Corona, tendrá que ser de dos tercios y la aprobación posterior en referéndum, pondrá fin de manera definitiva a un debate completamente estéril.

Esto es lo que constitucionalmente significa la reforma del Senado. Pero significa muchas cosas más. Significará poner fin a un Senado básicamente provincial, que es un auténtico esperpento desde un punto de vista representativo. Significará disponer de una Cámara que pueda tener la iniciativa en todas las materias relativas a las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas. Significará poner fin al carácter colegislador del Senado, que ha sido fuente de múltiples disfuncionalidades en el proceso legislativo en la última legislatura. La reforma del Senado es una pieza central en el perfeccionamiento del Estado social y democrático de derecho. Esperemos que se alcance el consenso necesario y que esta legislatura acabe con el broche de oro que supondría la renovación de la voluntad constituyente del pueblo español.