UGT denuncia a Tudor ante el fiscal de Medio Ambiente por contaminación química
El sindicato UGT formalizó ayer ante la Fiscalía de Medio Ambiente una denuncia contra una empresa del grupo Tudor, Electro Mercantil, SL (Emisa), dedicada a la fabricación de baterías. La empresa, ubicada hasta el año 2003 en Torrejón de Ardoz, podría haber cometido un delito continuado de contaminación del suelo y los acuíferos de esa localidad por metales pesados peligrosos para la salud. En concreto, cadmio y níquel.
En la demanda, presentada por Marisa Rufino, secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente en UGT-Madrid, se afirma que "existen indicios de una gestión incontrolada de los residuos peligrosos generados en sus procesos industriales, al igual que de posibles vertidos, derrames y filtraciones de sustancias también tóxicas al subsuelo y acuíferos, producidos por la ausencia de una infraestructura adecuada".
"Nos han dicho que investigarán el tema rápidamente. Queremos que la fiscalía inicie las diligencias oportunas para que se delimiten, en su caso, las responsabilidades penales y civiles de las presuntas infracciones cometidas y no se desarrolle ningún tipo de actividad en la zona hasta que no sea descontaminada", afirma Rufino. Tras salir del juzgado, la secretaria de Salud Laboral de UGT explicó que ese sindicato tiene documentos precisos que demuestran cómo Emisa era conocedora tanto "de la pérdida de salud de los trabajadores como de la contaminación del suelo". Pese a ello, "no puso medidas de seguridad que evitaran poner en peligro la vida de los empleados y el deterioro del medio ambiente", explica Rufino.
UGT ha demandado también a la empresa por un posible delito contra la seguridad y la salud de los trabajadores.
Aunque el deterioro de la salud de los empleados era evidente, "los trabajadores afectados no tuvieron seguimiento especial médico sobre la evolución de su enfermedad o la aparición de nuevos síntomas", continua Rufino. UGT ha pedido al Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo que tome desde la Administración las medias necesarias.
El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz inició en 1985 un procedimiento sancionador contra la empresa, radicada en la localidad durante 32 años, ya que se detectaron vertidos industriales de níquel y cadmio a la red de saneamiento público. Tras esa actuación municipal, Emisa instaló una depuradora, pero "existe constancia de que rebosaba y vertía aguas contaminantes al suelo", concluye Rufino.
