"No es momento para un proceso constituyente"

El ministro de Administraciones Públicas, el valenciano Jordi Sevilla, va a necesitar toda su experiencia para responder al reto territorial más serio que tiene España desde la transición. Sevilla tiene detrás un conocimiento profundo de la Administración, como alto funcionario; del Gobierno, como jefe de Gabinete de Pedro Solbes cuando fue ministro de Agricultura y, luego, de Economía; y de la política, como miembro de la ejecutiva federal del PSOE. En el viejo palacete de Castellana 3, rodeado de retratos de los jefes de Gobierno socialistas, reivindica la figura de Juan Negrín, maltratado por la historia.

Pregunta. En el debate que José Luis Rodríguez Zapatero mantuvo el martes en el Senado, el portavoz de Entesa -la coalición de PSC, ERC e Iniciativa per Catalunya- saludó la nueva legislatura como un "proceso constituyente" para dar el paso del reconocimiento de España como Estado plurinacional. Sin embargo, el PP cree innecesaria cualquier modificación constitucional. ¿Cómo va a hacer converger posiciones tan diferentes?.

"Es una aspiración razonable que la Generalitat catalana quiera igualarse al País Vasco en su nivel de financiación a medio plazo"

"La prueba de que el modelo de financiación autonómica necesita renovarse es que todos los presidentes de comunidad denuncian problemas"

"Las agencias tributarias en las comunidades autónomas son la fórmula más eficaz para gestionar los impuestos propios y compartidos"

"Todos los presidentes autonómicos que he visitado, la mayoría del PP, quieren reformar el Senado para convertirlo en Cámara territorial"

"Confío en que Ibarretxe cambie su posición, porque con la llegada de Zapatero a La Moncloa su plan ha quedado antiguo"

Respuesta. El Gobierno se está situando en el centro de este debate. No es momento de abrir un debate constituyente, ni siquiera reconstituyente. Tampoco creo que lo mejor para la Constitución sea no tocar nada. El presidente del Gobierno ha presentado cuatro propuestas muy precisas de reforma: incorporar una referencia a la Constitución europea, introducir la denominación de las 17 comunidades autónomas, convertir el Senado en Cámara territorial y consagrar la igualdad de varones y mujeres en el acceso a la Corona.

P. El Gobierno catalán pretende el reconocimiento expreso de Cataluña como nacionalidad, aprovechando que hay que introducir la denominación de las comunidades en la Constitución. ¿Qué posición tiene el Gobierno?

R. La Constitución reconoce nacionalidades y regiones, pero tampoco establece ningún criterio de diferenciación. Ni siquiera establece una jerarquía entre unas y otras. Zapatero, al incorporar el nombre de las comunidades a la Constitución, sólo pretende su reconocimiento simbólico. Debemos propiciar que el proceso sea cómodo para todos y evitar problemas o distorsiones a algunas comunidades. Tenemos que lograr un amplio consenso en la reforma constitucional porque, además, es obligado. En todo caso, hay que ser muy cuidadosos en los asuntos que afectan a sentimientos identitarios.

P. Zapatero dijo en el Senado que hay un amplio recorrido para la descentralización política.

R. Hay mucho recorrido, pero no necesariamente en términos de traspasos. La sanidad y la educación hace dos años que se han trasferido. Quedan flecos y hay reclamaciones, pero lo más importante es crear mecanismos de cooperación entre las comunidades y el Gobierno. Debemos discutir menos de competencias y más de cómo las ejercemos en beneficio de los ciudadanos. Eso exige la reforma del Senado, la presencia de las comunidades en la UE y la Conferencia de presidentes.

P. Pero hay comunidades, como Cataluña, que han puesto sobre la mesa reformas de calado. Por ejemplo, la descentralización de la Agencia Tributaria.

R. Estamos preparando una ley de agencias públicas. La fórmula de la agencia va a permitir al Gobierno compartir mejor responsabilidades con las comunidades. En este tema ha habido mucho desconocimiento y alguna mala fe. Todas las comunidades recaudan impuestos propios bajo fórmulas administrativas diversas. Las hay que lo hacen directamente, a través de una oficina de recaudación o de la oficina general de recaudación. De la misma manera que el Gobierno central ha creado la Agencia Estatal Tributaria, también es más eficaz para las comunidades hacer la recaudación de impuestos propios a través de una agencia. Y nos permitirá articular mejor las distintas agencias autonómicas con la estatal, porque hay impuestos compartidos. Una parte importante de la recaudación de las comunidades procede de la participación en impuestos del Estado y tienen derecho a acceder a la información y gestión de esos tributos, de los que nutren sus Presupuestos. La agencia es lo más eficaz para garantizar un espacio fiscal propio y compartido.

P. ¿Mantiene el Gobierno la propuesta del PSOE de hacer de los tribunales superiores de las comunidades autónomas la última instancia judicial?

R. Por supuesto. Está reconocido en la Constitución. Es muy difícil explicar que, existiendo tribunales superiores en las autonomías, muchos recursos de casación se concentren en el Tribunal Supremo, cuando está bloqueado por exceso de expedientes. Los tribunales superiores tienen más margen. No obstante, siempre habrá la posibilidad de un último recurso al Supremo, que se reserva, además, el papel de coordinador de doctrina.

P. Esta propuesta provocó una reacción de escándalo por parte del Gobierno de José María Aznar.

R. El PP ha vivido asustado.Le ha costado mucho aceptar la realidad autonómica. No hay que olvidar que viene de AP y siempre mostró muchas reservas. Para los dirigentes del PP, se ha ido muy rápido en la descentralización, pero España no puede quedarse atrás por acomodarse al ritmo del PP.

P. ¿La reforma constitucional va a aceptar diferencias entre comunidades?.

R. Cualquier reforma constitucional va a exigir, al menos, el mismo consenso que en 1978. Cualquier diferencia que se quiera señalar va a tener que estar justificada y asumida por todo el mundo. Por ejemplo, hay comunidades que tienen, además del español, otra lengua oficial y eso es un hecho diferencial obvio.

P. El portavoz del PP, Pío García Escudero, dijo el martes en el Senado que no se cerraba a una reforma de la Cámara, pero que iba a exigir argumentos de mucho peso para convencerse de su necesidad. ¿Cuáles son?

R. Quiero subrayar el cambio de posición del PP, del no rotundo a la apertura, aunque con reticencias, a que se aborden las reformas de la Constitución o a entrar en la ponencia para la reforma de Estatuto de Cataluña. Ese cambio hay que valorarlo, porque sin el PP va a ser muy difícil llevar adelante el proceso de mejora de nuestro Estado autonómico. Tenemos que lograr que el Estado funcione mejor y tenemos voluntad de recoger los puntos de vista del PP.

P. Se ha producido una mejoría de la relación con el lehendakari, Juan José Ibarretxe. Pero no retira su plan, como le ha pedido Zapatero.

R. Por el bien de los vascos, espero un cambio de actitud. Tiene que darse cuenta de que ese camino no lleva a ninguna parte y genera división. No es una solución para el País Vasco.

P. Usted se reunió recientemente con Ibarretxe. ¿Percibió alguna esperanza de cambio?

R. Le noté muchas ganas de hablar, de que se le tenga en cuenta. Vi mucha sed de diálogo, después de mucha sequía. Desde la discrepancia, hay que mantener el diálogo institucional. Hacer partidismo desde las instituciones, se ha demostrado que es nocivo. Confío en que el reconocimiento del diálogo institucional genere reacciones positivas en Ibarretxe. Soy de la opinión de que, según cómo se le trata a uno, uno sabe responder. Confío en que Ibarretxe sabrá responder. La llegada de Zapatero a La Moncloa ha abierto una nueva etapa y ha convertido en antiguo lo anterior. La respuesta de Ibarretxe se ha quedado antigua. No es la respuesta que hoy necesita España y el País Vasco.

P. ¿Está dispuesto a avanzar en el desarrollo del Estatuto vasco o cree que está agotado?

R. ¿Está agotada la Constitución estadounidense? La clave está en ejercer bien las competencias que ya existen.

P. ¿Aceptaría ceder al Gobierno vasco el régimen económico de la Seguridad Social?

R. Hay poco margen de acuerdo. El Gobierno no va a aceptar la ruptura de la caja única.

P. ¿Van a unificar criterios el Gobierno y el PSOE sobre la reforma de los Estatutos?

R. Partimos de la Declaración de Santillana del Mar, del 30 de agosto. Los presidentes autonómicos me dicen que en ocho años nadie ha hecho nada en este sentido, que ha habido un parón absoluto. Pero hay muchas reivindicaciones comunes y tomaremos una decisión común que sirva para todas las comunidades. No podemos funcionar sobre presiones. Algo parecido queremos hacer con la reforma de los Estatutos. Hasta que lleguen al Congreso, no tenemos capacidad de decisión. Haremos un estudio exhaustivo de las ponencias y vamos a encontrar patrones comunes a la hora de aceptar para todos determinado tipo de modificaciones, dentro de los principios de máximo consenso y en el marco de la Constitución.

P. ¿Para cuándo el debate sobre financiación autonómica?

R. La discusión sobre el modelo debe empezar pronto, una vez que elaboremos un informe previo. Y finalizará cuando todo el mundo haya alcanzado un consenso que permita aprobar el nuevo modelo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

P. ¿En esta legislatura?

R. Nuestra voluntad es que así sea, pero lo prioritario es alcanzar un acuerdo entre todas las comunidades autónomas.

P. ¿Qué novedades justifican un nuevo modelo de financiación, cuando el existente se aprobó hace poco más de dos años?

R. Las comunidades socialistas lo firmaron porque quedarse fuera era peor, pero dijimos que no era nuestro modelo. Hicimos propuestas para mejorar la corresponsabilidad fiscal. El que toma decisiones sobre algo debe pagarlas y para ello, debe tener capacidad financiera. Nos oponemos a que las comunidades tomen decisiones que luego tiene que pagar el Gobierno central. Que cada palo aguante su vela. Y creemos que el modelo actual es deficiente. Les da a las comunidades un margen de corresponsabilidad fiscal superior al que tenían, pero insuficiente para que puedan hacerse cargo de las decisiones políticas. Tienen escasa capacidad sobre el IRPF. Se debe explorar la posibilidad de actuar sobre la base minorista del IVA y algunos impuestos especiales, como la gasolina. Hay un cierto margen, con un objetivo de mejora de la financiación per cápita de las comunidades autónomas.

P. ¿Está de acuerdo con la pretensión de la Generalitat de Cataluña de igualar sus nivel de financiación a medio plazo con el Cupo vasco?

R. Es una aspiración razonable. El debate está en el plazo y en qué implicaciones tiene, pero no sólo para mejorar la financiación del régimen común. El debate necesita tiempo.

P. ¿Cómo afrontar el déficit de las comunidades?

R. La mejor prueba de que el modelo de financiación necesita revisión es que todas las comunidades que he visitado, la mayoría del PP, me han dicho que tienen un serio problema con la educación y la sanidad. Cuando todo el mundo coincide, lo que falla es el sistema. Hay dos líneas de actuación. Una, modificar el modelo para que tengan margen de decisión, pagándolo. También hay problemas estructurales que se remontan a las transferencias. Por ejemplo, ¿se calcularon bien los costes? Todo se debatirá en el Consejo de Política Fiscal.

P. ¿Qué balance hace de la ronda de entrevistas con los presidentes autonómicos?

R. Ha sido acogida muy positivamente. Había muchas ganas de diálogo. Les he invitado a formar parte de un grupo de trabajo para preparar la Conferencia de Presidentes. Todo el mundo está de acuerdo en la reforma del Senado. El PP la llevaba en su programa electoral de 1996. Interpreto que nos miran con envidia, porque piensan que vamos a hacer algo importante que no fueron capaces de hacer.

P. ¿Para cuándo la Agencia de Evaluación de la Calidad de los Servicios?

P. Voy a crear una comisión de expertos que haga una propuesta. Es fundamental medir la eficacia del gasto público. Mi intención es que la propuestas pueda presentarse este año.