Aguirre reduce a 500 sus 7.500 casas de alquiler para jóvenes

Los planes de vivienda joven presentados por Esperanza Aguirre a finales del mes pasado han experimentado una notable rebaja. Sólo 500 de las 7.500 viviendas protegidas en régimen de alquiler con opción a compra prometidas entonces van a ponerse en marcha este año. Así se lo comunicó por escrito el director general de Arquitectura y Vivienda, Juan Blasco Martínez, al consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Mariano Zabía, 15 días antes de que Aguirre hiciera su promesa. El PSOE augura que ese ambicioso plan se quedará en papel mojado.

Blasco afirma en su misiva que, "según las proyecciones realizadas, pudiera estimarse que como mucho pudieran calificarse provisionalmente en el año 2004 un total de 500 viviendas de protección para alquiler con derecho de opción de compra". Según fuentes de la consejería, "es cierto que para lo que queda de año sólo se pueden presupuestar para su calificación provisional 500 viviendas, pero esto no quiere decir que no se haya sacado a concurso el resto del suelo". "[La presidenta] Esperanza Aguirre no ha incumplido su promesa, puesto que hay ya a disposición de los promotores suelo para que se levanten unas 10.000 viviendas", añaden.

Sin embargo, el pasado 21 de abril, cuando la presidenta presentó su plan, un portavoz de la Consejería de Ordenación del Territorio aseguró que la Comunidad contaba ya "con el suelo y el dinero", y agregó: "Una vez que mañana [22 de abril] se apruebe el plan, empezará a adjudicarse el suelo y las obras. Al momento empezarán a levantarse. Por tanto, en un año o en un año y medio estarán construidas".

Los pisos en alquiler para jóvenes tendrán 55 metros útiles y serán arrendados en su primer año por unos 500 euros, si están en Madrid, y por 420 si están en zonas periféricas. Los arrendatarios no podrán ser mayores de 35 años ni cobrar más de 5,5 veces el salario mínimo interprofesional (460,5 euros al mes). A partir del séptimo año de alquiler, el inquilino podrá optar por comprarse la vivienda, y la mitad de lo que haya gastado hasta entonces en el alquiler se descontará del precio del piso.

El director general de Vivienda admite que las ayudas institucionales para la adquisición de estas viviendas "no se harían efectivas hasta 2014 para las viviendas iniciadas en 2004".

El diputado socialista Antonio Fernández Gordillo opina que el plan de Aguirre es una "falacia", porque "alquilar un piso de 55 metros cuadrados por 500 euros es alquilarlo casi a precio de mercado". "No se ve dónde están las ayudas", dice.

Subvenciones

Fernández Gordillo añade que las previsiones, tanto del precio de alquiler como de compra, se han realizado sobre los datos de 2004, por lo que el precio final puede ser mucho más alto. El director general explica que "dado que es imposible saber el precio máximo de venta de las viviendas en 2007, año estimado de terminación de las mismas", el montante de subvención a los inquilinos que ejerciesen el derecho de compra sería de una media de 14.779,90 euros por vivienda".

Fuentes de la consejería aseguran que "los plazos son los plazos, y las ayudas están previstas en este plan para entregarse al final del proceso, y el 50% de lo gastado en alquiler se podrá descontar en el momento de comprar la vivienda".

Fernández Gordillo pone el acento sobre otras disposiciones reguladas en el decreto por el que se aprueba el plan de vivienda joven. En su artículo único se asegura que "la vinculación al régimen de protección de aquellas viviendas para arrendamiento que estén destinadas a jóvenes con derecho de opción a compra será de siete años a contar desde su calificación definitiva".

Según Fernández Gordillo, esto "no es más que un instrumento en manos de los promotores para evitar que los inquilinos puedan ejercer su derecho a la compra", porque el promotor podría acogerse a la Ley de Arrendamientos Urbanos, que establece un plazo máximo de cinco años por el que el inquilino tiene derecho a ocupar la vivienda. Así, "no le daría la opción al arrendatario a consumir los siete años necesarios para ejercer su derecho de opción de compra". El diputado socialista cree que esto puede ser "un buen negocio para el promotor, puesto que la vivienda protegida pública se descalifica a los siete años, no a los 10 como en la legislación anterior, por lo que el promotor puede arrendar el piso dos veces pasados los cinco años y ser aún el propietario".

Pero Medio Ambiente sostiene: "El decreto que regula la vivienda de protección para jóvenes anula la posibilidad de que el propietario pueda rescindir el contrato de arrendamiento a los cinco años. No podrán saltarse los siete previos antes de que el inquilino opte a la compra".