El Poder Judicial instalará en Sevilla el Foro de Estudios de Medio Ambiente

SevillaAlmería - 11 may 2004 - 00:00CEST

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) instalará en el monasterio de la Cartuja de Sevilla un Foro de Formación y Estudios Medioambientales, único de España, que pretende dar "un paso más en la concienciación" de la sociedad y fomentar los estudios sobre el problema. La creación de este Foro está incluida en un acuerdo firmado ayer por la consejera andaluza de Justicia, María José López, y el vocal del CGPJ para Andalucía, Juan Carlos Campo, por el que la Junta cede un espacio de 105 metros cuadrados útiles en el ala derecha del monasterio de Santa María de las Cuevas, hasta que el Foro tenga sede definitiva en la futura Ciudad de la Justicia de Sevilla.

Campo indicó que esperan que en un plazo máximo de dos meses y medio el Foro pueda instalarse en esta sede, dado que los 122.000 euros presupuestados para su equipamiento ya están aprobados por el CGPJ. En dicha sede el CGPJ llevará a cabo cuatro de los cursos programados para 2004 y dirigidos a jueces y magistrados, que se centrarán en el Derecho Europeo de Medio Ambiente, los instrumentos jurídicos de fomento de la protección medioambiental, la delincuencia medioambiental y los aspectos civiles y riesgos laborales.

Biblioteca virtual

La consejera informó de que dicho centro dispondrá de un aulario para 30 personas y una biblioteca virtual, en una labor de formación con la que espera que "la administración y los jueces seamos capaces de dar una respuesta cada vez más eficaz". Según el vocal del CGPJ, los temas ambientales son una de las mayores preocupaciones de los jueces españoles y prueba de ello es que los cursos de medio ambiente tienen una media de peticiones de 188 aspirantes, frente a los 112 que suelen inscribirse en el resto de temas, y el seminario de Derecho Ambiental europeo ya ha llegado a las 240 peticiones.

Juan Carlos Campo se refirió al archivo de las vías penal y civil del vertido tóxico de Minas de Aznalcóllar (Sevilla) de 1998 para asegurar que "hay que seguir trabajando porque el Medio Ambiente desborda la tradicional división entre lo que es delito y lo que no lo es". A su juicio, la mejor vía es la conciencia social ante la protección medioambiental y "crear mecanismos de control previos". Por su parte, la consejera María José López indicó que "cuando el ordenamiento penal entra en juego, eso siempre significa un fracaso" en la protección de los recursos medioambientales.

Un millón de firmas

Una veintena de organizaciones almerienses se han sumado a la campaña que, bajo el lema "Por la regularización, por los derechos humanos, por la ciudadanía de residencia" se va a llevar a cabo en España. El presidente de la Asociación Almería Acoge, Juan Miralles, explicó que la campaña pretende recoger un millón de firmas para solicitar la regularización "ordenada" de los inmigrantes, así como la ciudadanía europea de los que residen en países miembros de la UE.

"Por experiencias pasadas somos conscientes de la necesidad de una regularización ordenada de los inmigrantes", dijo Miralles. El portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en Almería, Francisco Majuelos, censuró que en la futura Constitución Europea vaya a prevalecer la "vía sanguínea" para la obtención de la ciudadanía. "Se deja fuera a los habitantes de terceros países que esperan que la ciudadanía esté vinculada a la residencia de las personas. La política de cierre de fronteras no depende sólo del Estado español. Tiene que ser consensuada", indicó Majuelos.

Los representantes de los colectivos, entre los que están el Sindicato Obrero del Campo y el partido Asamblea de Izquierdas, apuntaron un nuevo problema "diferenciador" relativo a los inmigrantes de la Europa del Este cuyos países se han incorporado como estados miembros de la UE.

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