La nueva propuesta de financiación modifica los criterios de reparto de recursos

La nueva propuesta sobre financiación de las universidades presentada el lunes pasado por la Consejería de Educación a los rectores de las universidades públicas valenciana era para éstos una buena noticia, ya que acababa con la incertidumbre existente desde que, el pasado 30 de diciembre, caducó el último Plan Plurianual de Financiación (PPF). La virtud de ese plan, vigente desde 1999 y que ha servido de referencia a otras autonomías, era precisamente que permitía prever y planificar, además de objetivar la distribución de recursos.

La nueva propuesta toma como punto de partida el último Plan, puesto que se ciñe a los conceptos básicos de financiación recogidos en éste. No cambia el modelo, pero se introducen ajustes en los criterios de cálculo y reparto de los recursos disponibles para el trienio 2004-2006. Así las cosas, las universidades hacen cuentas para traducir en cifras concretas el 1,15 % del PIB que la Consejería ofrece para financiar las universidades públicas en 2005 y el 1,20 % en 2006. Dilucidan en qué medida, por tanto, se incrementan los recursos "para todos" y en qué medida, de acuerdo con los nuevos criterios de reparto, aumentan para cada una de ellas.

¿Cuáles son las principales modificaciones? En la llamada "subvención fija" anual, que es idéntica para todas las universidades, se introduce un suplemento para la Universitat de València por "la singularidad" que "supone ser titular de un importante patrimonio histórico", según el documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS. Supondrá para la Universitat 3 millones de euros adicionales por año.

En la "subvención ordinaria", que es la parte más sustanciosa de la financiación pública, se modifican en parte los coeficientes de experimentación asociados a las titulaciones, que se ajustan en beneficio de las carreras que hasta ahora se consideraban menos "experimentales". La subvención ordinaria se asigna para atender los gastos que debe afrontar cada universidad "para impartir una docencia de calidad". No es cuestión baladí, puesto que, por citar un ejemplo, en el documento de 1999 la subvención neta por un estudiante a tiempo completo de una carrera con nivel de experimentalidad 2 podía llegar a suponer hasta 113.000 pesetas más que para un estudiante de nivel 1. En la reforma propuesta ahora, todas las titulaciones de nivel 1 pasan a igualarse al 2, por considerarse que "requieren en la actualidad una similar proporción entre clases teóricas y prácticas".

Por otro lado, la Consejería acepta subvencionar gastos de las universidades que hasta ahora había rehusado financiar, como "compensación de los costes derivados de la normativa estatal y autonómica". En particular, el complemento retributivo autonómico, que puede implicar unos 3 millones para la Universitat, algo menos de la mitad para la Politécnica y más de un millón para Alicante.

Además, la Consejería se compromete a abonar a las universidades la diferencia, "si la hubiere", entre la financiación total y el 1,15 % o 1, 20 % del PIB que se plantea como objetivo para 2005 y 2006, respectivamente. Se distribuiría entre las universidades de manera proporcional. En este apartado, se incluye una especie de premio a la eficiencia para las universidades que hayan alcanzado un mayor grado de ejecución en las inversiones aprobadas en los ya extintos planes (I y II) de inversiones. Para aquellas que "aún tuvieren" alguna de estas inversiones en ejecución, "el importe de la inversión ejecutada cada año minorará en igual cantidad parte de la financiación que le corresponda por la diferencia con el porcentaje del PIB/CV objetivo del año". Mientras la Universitat de València ha ejecutado el 100 %, la Jaume I y la Miguel Hernández tenían en torno a 15 millones por ejecutar en la anualidad 2004.