Ley de Industria vasca, sin participación

Nuestro Estatuto de Autonomía reconoce a la Comunidad Autónoma Vasca la competencia exclusiva en materia de Industria. No obstante, se han dado ciertas concurrencias o contradicciones tanto en relación con la jurisprudencia constitucional como con la Ley de Industria estatal (ley 21/1992). En la medida en que los destinatarios de la ley estatal son las comunidades autónomas, dichas contradicciones se sustancian mediante nuestra competencia normativa para establecer un marco jurídico propio que regule todos los aspectos relacionados con la actividad industrial.

Por fin, el proyecto de la Ley de Industria ha llegado al Parlamento vasco, y lo ha hecho mutilado de algo que me parece muy importante, como es la participación de los agentes sociales. El actual proyecto es un texto generalista que pretende regular la actividad industrial en lo que hace referencia al control de instalación, seguridad industrial y calidad industrial, además del capítulo sancionador.

Se trata de un proyecto bastante desequilibrado, donde la seguridad industrial prima sobre la calidad, la innovación y la sostenibilidad

Se está privatizando, tribalizando e individualizando la participación política e institucional de los agentes sociales

Se trata de un proyecto bastante desequilibrado, donde la seguridad industrial prima sobre la calidad, la innovación industrial y la sostenibilidad, en línea con la estrategia medioambiental vasca. No perdamos de vista que estamos en una comunidad de gran tradición industrial y que, a pesar de la fuerte crisis del sector que hemos soportado, su peso en nuestro PIB pone de manifiesto la importancia de una Ley de Industria para su seguridad, calidad, innovación de los nuevos sectores industriales y estrategias de sostenibilidad de nuestro aparato productivo.

Lo más preocupante de este proyecto de ley es la ausencia de una estrategia de política industrial diseñada, ejecutada y evaluada en un marco de amplia participación. Por esta razón, el proyecto no cuenta con un dictamen favorable del Consejo Económico y Social vasco. En mi calidad de representante del mismo presenté una enmienda, que fue apoyada por el resto del grupo sindical, exigiendo la participación de los agentes económicos y sociales tanto en los programas de promoción industrial como en la evaluación de los mismos, a lo que la patronal se opuso con escasa lógica social y excesivo egoísmo corporativo.

Parto de la base de que una Ley de Industria condiciona un modelo productivo de competitividad. Asimismo, es un instrumento de la corrección de las desigualdades territoriales y una herramienta de promoción y protección del medio ambiente, tarea urgente tal como se está poniendo de manifiesto por la consejería de Medio Ambiente. Por todo ello, parece obligado que en dicha ley se incluya y se institucionalice la participación de los agentes sociales. Se trataría de crear un mecanismo institucional de información, consulta, análisis y evaluación de las diferentes políticas industriales y sus efectos. Se podría denominar Comisión de Análisis y Evaluación.

Esta comisión debería evaluar la evolución industrial en las diferentes zonas, su nivel de desarrollo actual y su índice de paro. Es muy importante tener presente las tasas de paro, porque hay zonas en Euskadi en situación de pleno empleo, mientas otras están cerca del 15%, eso sin hablar de la situación que padecen las mujeres y los jóvenes en estas mismas zonas. Entendemos que sólo a partir de este estudio es posible plantearse en serio utilizar la ubicación de nuevas industrias como instrumento, no el único, de reequilibrio territorial.

Esta comisión debería dedicar un esfuerzo especial a recuperar las zonas industriales degradadas. El primer paso sería eliminar las ruinas industriales que todavía hoy se ven en algunas áreas que se vieron mas afectadas por la reconversión industrial, no perdiendo de vista que esto se ha convertido ya en una tarea permanente.

En política industrial es preciso también establecer programas plurianuales que establezcan orientaciones de la misma y en coherencia con la política económica y de empleo. No se trata de un cuerpo estanco. Esto facilitaria el establecimiento de objetivos estratégicos. Como idea clave para reforzar la asociación o concertación de la política industrial de los agentes sociales, es preciso recordar, que en la actualidad, a raíz de la Convención Europea, los agentes sociales están revindicando su participación efectiva en el proceso de la llamada "gobernanza económico-social". Lo mismo habría que decir de los niveles de participación en las diferentes comisiones de participación de los planes de empleo, formación y gestión de los fondos estructurales.

La cohesión económica, social y territorial va unida a las políticas industriales. La transversalidad y horizontalidad de las mismas es una razón más para la justificación de la participación de los interlocutores sociales en las políticas industriales y su contribución a la cohesión social, económica y territorial.

En el futuro, la política de cohesión debería tener en cuenta más parámetros que los actuales: la lejanía, el asilamiento, el déficit en educación, la escasa cultura emprendedora, los niveles de pobreza y exclusión social, la carencia de una sociedad civil suficientemente estructurada, la preservación del medio ambiente.

Es de difícil comprensión y racionalidad que la política industrial se ejecute al margen de los agentes sociales. La participación es una expresión concreta de democracia institucional y de racionalidad social y económica. No es inteligible que desde un Consejo Económico y Social no se introduzca la reivindicación de participación en la columna vertebral de nuestro desarrollo económico como es la política industrial.

Es preocupante el déficit de dialogo social y participación institucional de nuestro autogobierno. Se esta lobbizando, privatizando, tribalizando e individualizando la participación política e institucional de los agentes sociales. Bajo la disculpa de la fractura y división sindical, los gobernantes vascos convierten a la patronal en interlocutor privilegiado y se le ofrece una situación cómoda de monopolizar dicha participación (la firma del acuerdo de formación de los trabajadores de construcción en el tema de prevención es un ejemplo más).

Ésta es una práctica muy neoliberal, muy americanizada y muy interesada, con graves consecuencias de desvertebración y de potencial conflicto social. Y diametralmente opuesta al modelo social europeo, que, entre otras cosas, responde a la idea de que en las sociedades pluralistas, junto a la democracia política -representada por instituciones libremente elegidas por los ciudadanos-, se debe desarrollar también una democracia económica, caracterizada por el diálogo, la negociación y la participación, que contribuyan a atenuar el conflicto social y a hacer más eficaz y redistributivo el desarrollo económico.

Los parlamentarios vascos están a tiempo de corregir este déficit democrático en la tramitación de este proyecto de ley.

Carlos Trevilla Acebo es representante de UGT en el CES Vasco.