El Gobierno de CiU comprometió el 114% del presupuesto de este año de Bienestar y Familia

Los nuevos responsables del departamento de Bienestar y Familia deberán hacer verdaderos equilibrios si quieren llevar a cabo sus promesas electorales. Al menos durante este año. Y es que sólo afrontando los compromisos firmados por el anterior Gobierno, el déficit del Departamento ya alcanza los 130 millones de euros. Esto significa que si se mantuviese el presupuesto del año 2003, el anterior Gobierno de Convergència i Unió ya habría comprometido el 114% del dinero disponible para este ejercicio. La ex consejera Irene Rigau defendió ayer que esta situación "es perfectamente normal".

El secretario general del departamento, Antoni Segarra, explicó ayer que buena parte del déficit descubierto en Bienestar y Familia procede de los compromisos adoptados poco antes de las últimas elecciones por el anterior Gobierno en materia de atención a personas discapacitadas y de convenios plurianuales firmados con diferentes entidades.

Uno de los ejemplos que ponen los actuales gestores del departamento es que el pasado 16 de octubre, a un mes escaso de las elecciones que sacaron a CiU del Gobierno, el equipo de Irene Rigau en Bienestar y Familia firmó ocho convenios plurianuales con diferentes entidades socioculturales.

"Lo que hizo el anterior equipo de gobierno es perfectamente legal, pero moralmente muy reprobable", afirmó ayer Antoni Segarra, quien considera que "el anterior equipo no tuvo en cuenta si lo que estaba firmando era o no viable y no se preocupó para nada de que los compromisos suscritos fueran sostenibles en el futuro". Según Segarra, varios de los convenios se llevaron adelante a pesar de los informes negativos de algunos técnicos del departamento, que avisaban del elevado déficit que se estaba generando.

Dietas, festejos y horas extras

Pero ¿cómo afectará esto al futuro programa de Gobierno? ¿Son estas acusaciones una excusa del Gobierno tripartito para no llevar a cabo sus compromisos electorales? "En absoluto", aseguró ayer Segarra, quien dice tener muy claro que los compromisos adoptados por la consejera de Bienestar, Anna Simó, se llevarán a cabo como estaba previsto. "Sin embargo, sí debemos advertir de que no lo podremos hacer todo durante los dos primeros años de esta legislatura".

Los nuevos gestores del departamento han impuesto un severo programa de contención de gastos de funcionamiento que abarca desde las horas extras del personal, que se reducirán drásticamente, hasta el pago de dietas, pasando por una importante reducción en el presupuesto para fiestas populares. Además el nuevo equipo de Bienestar y Familia ha decidido abandonar a medio plazo el edificio en el que se encuentra la sede del departamento, el Palau de Mar, en el Port Vell de Barcelona. El alquiler del edificio, donde trabajan 800 personas, cuesta 6.000 euros al día.

Pero ahora la prioridad del departamento es conseguir un aumento presupuestario acorde con las nuevas necesidades. El consejero de Economía y Finanzas, Antoni Castells, y su homóloga en Bienestar, Anna Simó, han llegado a un principio de acuerdo para que el presupuesto pueda aumentar alrededor del 15%, lo que permitiría cerrar el ejercicio con un déficit reducido a 19 millones de euros. En cualquier caso, el equipo de Simó asegura: "El actual nivel de prestaciones se mantendrá, puesto que no podemos frustrar las expectativas generadas en personas que necesitan ayuda".

Por su parte, la ex consejera de Bienestar y Familia Irene Rigau replicó ayer a las acusaciones del nuevo Gobierno y defendió su gestión al frente del departamento, que se prolongó entre 1999 y 2003. Rigau afirmó: "Nadie debería escandalizarse

[por el hecho de que el anterior Gobierno comprometiera el 114% del presupuesto de este año], puesto que nosotros pensábamos seguir gobernando y, de hecho, ganamos las elecciones".

Asimismo, considera "perfectamente normal que un Gobierno tome decisiones hasta el último día", con lo que quiso justificar la firma de ocho convenios plurianuales a 30 días de las elecciones autonómicas. "Se trataba de convenios que habíamos estado negociando durante muchos meses", aseguró.

Sobre el resto de los compromisos que dejó al Gobierno tripartito, Rigau afirmó que "las recurrencias son habituales en cualquier presupuesto. Si un anciano entra en una residencia pública en diciembre, es normal que en enero o febrero siga allí, y esto debe computarse en el siguiente presupuesto".