Montero revela que la base de datos de la UPV fue forzada para lograr expedientes de presos

El rector en funciones de la UPV, Manuel Montero, se despidió ayer de su cargo con una última comparecencia en el Parlamento, a petición del tripartito y de Sozialista Abertzaleak (SA), en la que defendió su actuación tanto frente a los políticos, básicamente del PP, y entidades que acusaron a la Universidad de trato de favor con los presos de ETA, como a la consejera de Educación, Anjeles Iztueta, que ha mantenido una difícil relación con él.

Montero estuvo respaldado por la presencia de su sustituto, Juan Ignacio Pérez, quien toma posesión el próximo lunes. Pérez explicó su asistencia como un modo de apoyar a Montero y de demostrar "que aquí hay una continuidad". El rector en funciones rebatió distintas acusaciones, incluso no relacionadas con el orden del día, que le formularon en el pasado los nacionalistas y resaltó como paradójico haber sido llamado al final de su mandato por un asunto "menor". En cambio, no se le requirió su opinión en el proceso de elaboración de la Ley del Sistema Universitario. La consejera replicó luego que sí fue consultado.

El rector mostró también en sede parlamentaria su convencimiento de que, para efectuar las denuncias públicas en las que se basó la modificación legal que impide a los presos etarras matricularse en la UPV alguien, "sin dejar secuelas", realizó "una entrada ilegítima en la base de datos [de la universidad pública], obtuvo expedientes académicos y luego hizo un uso selectivo de ellos". Quien fuera, aseguró, utilizó los expedientes de los presos con mejores calificaciones para ahormar la denuncia.Montero acudió a la comisión de Educación llamado por los grupos del tripartito y el de la ilegalizada Batasuna para explicarles, respectivamente, la situación de los presos alumnos de la UPV y los criterios que se seguirán respecto a su matriculación en adelante. El rector en funciones ventiló rápidamente la respuesta a los radicales: no hay nada que decir porque no hay presos matriculados y no los hay porque la UPV no ha logrado firmar el convenio con el Ministerio del Interior que lo hubiera permitido.

Montero, ya en tiempo de descuento, como él mismo apuntó, precisó que la Universidad hizo en relación con los estudios de los presos de ETA "todo lo que podía hacer y además lo único que podía hacer", es decir, aplicar la ley modificada por el Gobierno del PP en junio. Y ello pese a considerar que esa modificación para impedir las matrículas de los reclusos en la UPV fue "no sólo innecesaria, sino además inconveniente" y provoca "violación de derechos". Agregó que se ha dirigido tres o cuatro veces por carta a Instituciones Penitenciarias para pedir la firma de un convenio sin recibir respuesta, "ni siquiera de cortesía".

Montero defendió el funcionamiento del programa y negó todas las acusaciones vertidas contra la universidad, que calificó de gravísimas. "Se nos ha acusado, al equipo rectoral y a los profesores, de prevaricación, bien por sintonía ideológica, bien por miedo irrefrenable y eso es acusarnos de un delito", hizo notar. El rector señaló que de todos los alumnos matriculados en la UPV termina cada año sus estudios entre un 18% y un 20%. Ya que los presos matriculados suman 220, corresponderían con esos porcentajes unos 40 licenciados. "Pues son cuatro", ilustró. "En concreto, de un colectivo estable de 80 presos, se han licenciado cinco en seis años. Unos datos parejos a los de la UNED", recalcó. Montero destacó que la UPV y su profesorado se han sentido "sometidos a linchamiento" en este asunto.

"Ninguna denuncia"

"Yo mismo he tenido alumnos presos y unos resultaron aprobados y otros suspendidos. Les aseguro que no hubo connivencia de ningún tipo, pero en lo que sí creo es en el precepto constitucional de que la cárcel no tiene que ser sólo punitiva, sino colaborar a la reinserción", indicó.

La única referencia con nombre propio que realizó el rector en funciones fue para referirse al Foro Ermua, que en un artículo le acusó de no haber respondido a una denuncia que se le hizo llegar. "Nunca, ni a mí ni a nadie de mi equipo, se nos ha hecho llegar ninguna denuncia", sostuvo, tras aclarar que, a su juicio, los artículos periodísticos "no son denuncias".

La consejera de Educación, Anjeles Iztueta, se comprometió a trabajar junto al nuevo equipo rectoral para que los presos puedan volver matricularse. Iztueta afirmó que la solución pasa por la firma del convenio mencionado por Montero entre Instituciones Penitenciarias y la UPV y se comprometió a buscarlo. La consejera sostuvo que sí recabó la opinión de Montero sobre la Ley de Universidades y zanjó el tema: "No quiero perder ni un segundo hablando del pasado".

La socialista Isabel Celaá sugirió que el actual Gobierno central podría contemplar la cuestión de los presos desde otro punto de vista. Agradeció a Montero su respeto con la legalidad y le anunció que "algún tipo de repercusión práctica e interesante tendrán" sus reflexiones en la Cámara.