El gran negocio de los mercenarios en Irak

Ejércitos privados de alquiler están suplantando a las Fuerzas Armadas regulares en conflictos alrededor del mundo. Irak es sólo un ejemplo entre más de 50 países. La proliferación en la última década de cientos de corporaciones mercenarias ha creado un poderoso mercado bélico global con capacidad para alterar el balance de poder entre las esferas pública y privada, civil y militar, nacional e internacional.

Las eufemísticamente llamadas "empresas de servicios militares" (PMF, en sus siglas en inglés) pueden mantener secretas sus actividades y clientes al no estar reguladas por ninguna normativa internacional, a pesar de ser ejércitos sin fronteras. El poder que se deriva de ese invisible protagonismo es tan enorme como sus ganancias: generan cerca de 150.000 millones de dólares anualmente. Y ésa es una cifra previa a la guerra de Irak.

Los paramilitares no responden a la cadena de mando militar ni a la justicia civil

El Pentágono ha admitido la subcontratación de ciertos interrogatorios

Su éxito depende de la demanda, es decir, de la erupción de nuevos focos de violencia y de que continúen los que existen. "Tienen incentivos para prolongar sus contratos", en opinión de Peter Singer, autor del libro Corporate warriors y analista de Brookings Institution. También prosperan fomentando misiones de pacificación, antidroga u otro tipo de servicios militares y de seguridad.

Sus servicios incluyen el mantenimiento de sistemas defensa o la modernización de Ejércitos en los cinco continentes, a caballo de la ola internacional de privatización militar que ideó el vicepresidente Dick Cheney en 1992. Y otros de protección de minas de diamantes y pozos petroleros, cuyo control alimentó las guerras de Sierra Leona y Angola. En este último país se han repartido contratas más de 70 empresas militares, trabajando para todos los bandos.

Las PMF se encargan esencialmente de lo que los Estados ricos no quieren hacer o los pobres no pueden hacer. Permite a los ricos reducir sus presupuestos de defensa concentrándose en guerras prioritarias para su seguridad y subcontratando el resto, y hace asequible a los pobres un nivel de poderío militar del que carecen. "La realidad es que Occidente no quiere comprometer sus Ejércitos en zonas como África y de la única manera que los países pueden adquirir capacidad militar para poner fin a sus guerras es contratar los servicios", dice Doug Brook, presidente de la Asociación de Operaciones Internacionales de Paz, una organización formada por varias PMF que promueve misiones de pacificación.

El problema es que los Estados no son los únicos clientes, la lista abarca todo el espectro moral: desde dictadores, movimientos rebeldes o carteles de droga a Gobiernos legítimos, empresas y organismos multinacionales e incluso ONG, de acuerdo a Singer. Al alcance de todos ellos está el comprar la estabilidad o inestabilidad.

Otra realidad es que los ejércitos de alquiler puedan ser utilizados por los Estados como vehículos clandestinos de política exterior. Lo cual explica en parte la apatía política por establecer leyes transnacionales que impusieran algún tipo de control. Es lo que Singer califica de una "tercera vía" que permita a los Gobiernos "evadir restricciones legales". Como las que intentó burlar el Reino Unido en 1997 cuando contrató a la PMF Sandline para intervenir en Sierra Leona y poder esquivar el embargo de la ONU de exportación de armas. (Sandline fue, junto con la surafricana Executive Outcome, la pionera de las empresas mercenarias de combate).

No hay nada que indique que EE UU, con su larga tradición de operaciones encubiertas, no haya privatizado parte de ellas. Especialmente la guerra global contra el terrorismo provee un campo abierto para este tipo de servicios. De hecho, el Pentágono admite subcontratar ciertos interrogatorios. Un macabro caso ha salido a la luz en Irak con los abusos de reclusos en la cárcel de Abu Ghraib, en los que algunos de los participantes eran interrogadores civiles. Éstos, a diferencia de los soldados implicados, no han sido despedidos ni objeto de la ira social que han provocado las torturas, lo cual contribuye a reforzar la lógica de usar PMF para trabajos oscuros.

La posibilidad de negar la existencia de las operaciones clandestinas forja un grado de complicidad entre los Gobiernos y las empresas. Relación que en el caso de EE UU viene dada casi de forma natural, en primer lugar, porque las PMF son una prolongación de servicio para miles de agentes y militares retirados. MPRI sólo recluta a ex militares, ex fuerzas especiales o ex espías; SAIC y Betac se inclinan por esa opción, pero otras como DynCorp, Armor Group o Vinnell reclutan alrededor del mundo.

Y en segundo lugar, porque Washington requiere legalmente que les pidan permiso para intervenir en cualquier conflicto, no sea que potencien al bando que no interesa. Aunque hacen excepciones. El Departamento de Estado cedió ante la presión de MPRI (cuyo director, Ed Soyster, había sido jefe de inteligencia del Pentágono) para que operara en Guinea Ecuatorial. MPRI amenazó con cancelar las labores que hacía en otros puntos del planeta, incluidos Colombia, Kosovo, Nigeria y Angola.

Otros trabajos encargados secretamente a PMF salieron a la luz por accidente y Washington se vio obligado a dar la cara. En Colombia, la empresa de Florida Airscan coordinó las explosiones de un pueblo en el que murieron 18 civiles. Y en Perú, una empresa contratada por la CIA, Aviation Development Corporation, derribó un avión ocupado por misioneros.

EE UU es, junto al Reino Unido y Suráfrica, el epicentro de la industria privada militar, que debe su prosperidad al Nuevo Orden Mundial proclamado por George Bush padre tras el desplome de la Unión Soviética. Del hipermilitarismo de la guerra fría se pasó a la desmantelación de gran parte de los aparatos militares, tanto en las potencias enfrentadas como en los países de sus respectivas órbitas políticas, pero el peligro de enfrentamientos no había desaparecido. Se transformó en violencia étnico-religiosa en regiones que habían salido del radar de los gobiernos de la nueva era porque ya no representaban un interés estratégico.

El resultado fue un creciente vacío en la seguridad internacional (empeorado por el resurgimiento de terroristas, mafias y otras fuerzas desestabilizadoras) que la nueva casta de firmas mercenarias vio la oportunidad de llenar. Y empezaron a reclutar soldados y agentes de fuerzas especiales entre los millones que se habían quedado en paro al reducirse los Ejércitos, así como ex espías. Son de diferentes nacionalidades, desde gurkas de Nepal o soldados de Fiji -como los que contrató recientemente la empresa Global Risk Strategies para transportar la nueva divisa iraquí-, a boinas verdes norteamericanos, o ex agentes del KGB. Pero tienen en común la lealtad al dinero como única patria.

En paralelo al proceso de formación de las corporaciones mercenarias, en Estados Unidos se gestaba otro de privatización del aparato militar, impulsado por el entonces ministro de Defensa y actual vicepresidente, Dick Cheney. A mediados de 1992 le encargó a Brown & Root Services un plan para privatizar los servicios militares en zonas de guerra, por el que le pagó cuatro millones de dólares. A fines de ese año, poco antes de que Bill Clinton se instalara en la Casa Blanca, le pagó otros cinco millones para que actualizaran el plan de privatización. Brown & Root Services es una subsidiaria de Halliburton, empresa que Cheney dirigió desde 1994 hasta que se incorporó a la vicepresidencia.

El plan de Cheney se ha ejecutado. El Ejército de Estados Unidos se ha reducido de 2,1 millones a 1,4 millones, y cientos de miles de esos puestos han pasado a manos privadas. De acuerdo con el Centro para la Integridad Pública, el Pentágono ha gastado 300.000 millones de dólares en 3.016 contratas de servicios militares que han ido a parar a 12 empresas entre 1994 y 2002 (las cifras excluyen las contratas de armamento).

Irak es la consumación de ese largo proceso. Se ha convertido en el gran bazar de los ejércitos privados, y Halliburton y sus subsidiarias, en las empresas más favorecidas, entre las cerca de 40 que operan en Irak, entre las que no faltan las habituales: MPRI, SAIC, Armor Group, Blackwater, Erinys, Vinnell, Global Risk Strategies, TASK, Ariscan y DynCorp, Kroll Security... Desempeñan en teoría todas las funciones militares menos las de combate propiamente dicho, aunque una vez sobre el terreno la frontera entre sus funciones y las de los soldados regulares se vuelve más difusa. Una de esas situaciones ocurrió hace un mes en Nayaf, cuando ocho empleados de la firma militar Blackwater Security Consulting repelieron un ataque. En otros países entrar en combate forma parte de su misión.

La diferencia clara entre los 135.000 soldados estadounidenses en Irak y los más de 20.000 paramilitares es que éstos no responden a la cadena de mando del Ejército de EE UU y pueden abandonar el puesto sin temor a un consejo de guerra. Si desertan, a lo sumo pierden el suculento salario de entre 500 y 2.000 dólares diarios.

Tampoco tienen en general que temer a la justicia civil. Una de las mayores proveedoras del Pentágono, DynCorp, está implicada en delitos sexuales en Bosnia por los que nunca fue procesada, a pesar de que había vídeos que lo probaban. DynCorp tiene actualmente contratas de 1.000 millones de dólares para entrenar a la policía de Irak y proteger al presidente afgano, Hamid Karzai.

El presidente Dwight Eisenhower advirtió a sus compatriotas antes de dejar la Casa Blanca que tuvieran cuidado con el "complejo militar industrial". Probablemente nunca imaginó hasta dónde llegaría.