Mas instó por carta a Espadaler a aprobar cinco parques eólicos con informe negativo

Artur Mas, en funciones de conseller en cap, remitió el 8 de mayo de 2002 una carta al que era titular de Medio Ambiente, Ramon Espadaler, urgiéndole a autorizar varios parques eólicos e interesándose por cinco de ellos. Tres son los mismos que defendió Oriol Pujol, cuando era secretario de Industria, invocando la voluntad de su padre, Jordi Pujol, que ocupaba la presidencia de la Generalitat. Todos tenían informe medioambiental negativo, pero fueron aprobados.

"En las últimas semanas he ido insistiendo en la necesidad y urgencia de autorizar la instalación de algunos parques eólicos. Me gustaría que me informes lo antes posible de la situación de los proyectos siguientes:

-Prat de Comte (parques eólicos de Carena de la Tossa y Coll Ventós).

-Ascó (parque eólico de Barbers).

-Colldejou (parque eólico de Les Costes).

-Portbou (parque eólico de Tramuntana).

¿Cuáles son las razones que impiden conceder estas autorizaciones?".

La carta añade un saludo y una anotación que indica que se envía copia a "MHP" (iniciales de Molt Honorable President).

El efecto de la carta fue fulminante: dos de estos cinco parques (Barbers y Tramuntana) recibieron el visto bueno el 17 de mayo, una semana después de la fecha del escrito de Artur Mas, y otros dos, el 22 del mismo mes. En todos los casos el informe de los técnicos del Departamento de Medio Ambiente había sido negativo.

En algún caso, como los dos de Prat de Comte, el informe era tan contundente que aconsejaba notificar al promotor que debía desistir, según el acta de la reunión interdepartamental celebrada el 13 de marzo, unas semanas antes de la carta de Mas. Menos contundente, pero también negativo, era el informe sobre el parque de Colldejou.

Remitido al fiscal

En estos tres casos, los representantes de Industria (Oriol Pujol y Albert Mitjà) invocaron la voluntad del presidente Pujol para acelerar la aprobación de los parques. Asimismo, sugirieron que para compensar el informe negativo de Medio Ambiente, se pidieran otros a los ayuntamientos correspondientes.

El documento de Mas ha sido remitido al fiscal de delitos económicos, que tramita una denuncia por supuesto tráfico de influencias. El fiscal, Fernando Rodríguez Rey, ha reclamado información a los departamentos de Medio Ambiente e Industria. Medio Ambiente remitió hace unas semanas el primer paquete y lo ha ampliado, tras una petición de la fiscalía el pasado 31 de marzo, hace unos días. Entre los documentos enviados figura la carta de Artur Mas.Un portavoz de CDC, que hablaba oficialmente en nombre de Artur Mas, reconoció la autoría de la carta remitida a Ramon Espadaler, pero aseguró que este tipo de correspondencia entraba dentro de lo habitual. "El Gobierno de CiU tenía la voluntad clara de sacar adelante el plan de parques eólicos respetando la normativa medioambiental. Los informes de Medio Ambiente sirvieron para modificar los proyectos y adecuarlos a las normas", afirmó el portavoz.

Este punto fue desmentido con rotundidad por el actual director de Medio Natural, Ramon Luque. "Este Gobierno", dijo ayer Luque, "pondrá fin al compadreo y al amiguismo en la gestión de los parques eólicos. La pasada actuación de CiU no servirá para que dejemos de apostar por las energías limpias, que el tripartito está dispuesto a impulsar". Luque insistió en que en el futuro no "servirá como aval" que el informe medioambiental lo haya hecho determinada empresa. Se refería al hecho de que algunos informes para estos parques fueron elaborados por Entorn, empresa vinculada a Pere Pujol, otro hijo de Jordi Pujol. Luque expresó su "reprobación política" hacia las prácticas del Gobierno de CiU, "respetando la presunción de inocencia".

Entre los parques autorizados hay varios ubicados en espacios "incompatibles", empezando por el primero que fue autorizado, el de Roses, que explota Fecsa-Endesa. Varios fueron solicitados para ocupar espacios que la ley excluía de forma tajante. Sólo cuatro parques han sido solicitados con ubicaciones que no requieren estudio de impacto ambiental.

El fiscal investiga a petición de la organización ecologista GEPEC, cuyo abogado, Albert Calduch, sostiene que en algunos casos se han presentado planos con la orientación cambiada, de modo que en apariencia el parque se halla fuera de la zona prohibida, informa Oriol Aymí.