Interior izquierda

La puesta en marcha del nuevo equipo de Interior está resultando trabajosa, por decir lo menos. Tras la marcha atrás respecto al nombramiento de un Mando Unificado de Policía y Guardia Civil, la designación de un militar como nuevo jefe de la Benemérita ha sorprendido dentro y fuera del cuerpo. Todo ello en medio de una difícil transmisión de poderes, con dos incidentes graves: la polémica desatada entre el ministro Alonso y su antecesor, Acebes, y el enfrentamiento entre el secretario de Estado de Seguridad entrante y el director general de la policía saliente en relación a la investigación del 11-M.

La idea de crear un órgano que garantizase la coordinación entre policía y Guardia Civil fue el resultado de algunas experiencias desgraciadas en las que operaciones importantes fracasaron o estuvieron a punto de hacerlo por interferencias entre ambas fuerzas. Sin embargo, ya existen los organismos encargados de garantizar esa coordinación: los delegados de Gobierno en cada comunidad, y el secretario de Estado de Seguridad en el ámbito nacional. Crear un Mando Unificado dentro del ministerio para esa misión sería redundante y obligaría a modificar la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -una ley orgánica- y a cambiar el organigrama del ministerio. La renuncia a crear ese cargo-cuyo titular ya se había anunciado- es una decisión prudente, como lo fue la de no cambiar el nombre del ministerio; pero ambas revelan cierta improvisación anterior.

La designación del general Carlos Gómez Arruche para dirigir la Guardia Civil, tras casi 18 años en que hubo civiles al frente, ha sido mal acogida por varios partidos, y también por las asociaciones profesionales del cuerpo, que ven en la decisión un freno al proceso de desmilitarización. El programa socialista no habla de desmilitarización, pero sí incluye referencias al asociacionismo, pendiente de regulación, y también al régimen sancionador, que apuntan en ese sentido.

La polémica sobre el carácter híbrido -policial y militar- de la Guardia Civil no está zanjada. El PSOE descubrió en su día ventajas al modelo civil-militar. En todo caso no se plantea ya como una cuestión de principios, en la que estuviera en juego la democracia, como se pensaba hace 20 años. La vicepresidenta primera y el ministro han argumentado que la decisión era una expresión de "normalidad democrática" y que lo importante es la idoneidad del designado. Es un punto de vista respetable, pero parece poco realista considerar "accesorio" el hecho de que sea un general del Aire. Sería una prueba de transparencia que los ministros de Defensa e Interior explicaran en el Parlamento, como ya ha pedido CiU, las características que hacen especialmente idóneo a Gómez Arruche para el cargo.