Las irresponsabilidades en educación

Las declaraciones que se han venido produciendo estos días en torno a si se paraliza o se aplica la mal llamada Ley de Calidad de la Educación son muestra palpable del nulo grado de consenso que se alcanzó con esa ley. Por un lado, inmediatamente después de las elecciones, se producen una serie de declaraciones por parte de las consejerías de Educación de Cataluña, del País Vasco y Canarias anunciando que no iban a aplicar la LOCE el próximo curso, cuando ninguna de todas ellas tiene competencias para tomar esa decisión. Por otro, las comunidades gobernadas por el PP reclamaban al PSOE, antes de que tomara posesión el nuevo gobierno, que pusiera orden, que les comunicara que respetarán las normas vigentes y que esas decisiones sólo las puede tomar el Gobierno de España.

"Si el consejero quiere una educación de calidad para todos, mejor incremente los gastos de funcionamiento de los centros"

Pues bien, cuando el nuevo presidente del gobierno anuncia en su discurso de investidura que adoptará las medidas legales necesarias para paralizar la aplicación de la LOCE, esas comunidades gobernadas por el PP se reúnen para anunciar que desarrollarán y cumplirán la ley vigente hasta que no exista otra legislación con el mismo rango. Es decir, unos días después, ya no es el gobierno de España el que ha de tomar decisiones sobre el calendario de aplicación de la LOCE. Es el PP quien decide las leyes que se aplican o no en las autonomías que gobiernan.

González Pons, como consejero de Educación, nos ha brindado una serie de declaraciones sobre estos temas sin desperdicio. Tras las elecciones anunció que se seguiría aplicando la LOCE en la Comunidad Valenciana, ya que el nuevo gobierno necesitaría, al menos, dos años para elaborar una nueva ley. Habría que recordarle que el gobierno del PP presentó un documento de bases de la Ley de Calidad en marzo de 2003, un texto articulado en el verano y se aprobó en Navidad. Es decir, en 9 meses cambió, más bien embarulló, toda la normativa básica de educación vigente. Durante el curso 2003-04 sólo se ha aplicado la nueva normativa de evaluación y promoción del alumnado, que en el caso valenciano se reguló mediante una orden publicada en noviembre de 2003, dos meses después de haber empezado el curso. En esa Orden se suprimen los programas de diversificación curricular a pesar del indudable éxito, reconocido por todos los sectores de la comunidad educativa, que han tenido estos programas.

El Sr González Pons ha hecho caso omiso del éxito de estos programas, del importantísimo número de alumnos y alumnas que, gracias a su existencia, ha obtenido el título de graduado, para continuar estudios de formación profesional, bachillerato e incluso universitarios. A pesar de todo, ha utilizado la autonomía que ahora reclama, sus competencias en estos temas, para copiar la normativa publicada por el Ministerio de Educación para Ceuta y Melilla y suprimirlos.

Después nos anuncia que va a publicar la nueva normativa para que los directores de los centros dejen de ser elegidos por el consejo escolar y pasen a ser designados por la Administración y que también va a publicar los nuevos currículos de las diferentes etapas educativas, aunque sabe que no se van a llegar a aplicar. Y, por último, tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros del borrador del real decreto que paraliza el desarrollo de algunos aspectos de la LOCE, nos anuncia que estudia la posibilidad de llevar ese decreto a los tribunales. Decir, además, que se crea un vacío normativo y que parar los aspectos anunciados atenta a la cultura del esfuerzo, al respeto a los docentes, a la mejora de la lengua y las matemáticas sólo puede responder a dos motivos: o el Sr González Pons tiene un profundo desconocimiento de la normativa vigente o en uso de su autonomía se dedica a recitar las consignas que le llegan desde la sede del PP en Madrid. ¿Es ésta su forma de servir a los intereses de los valencianos?, ¿es ésta su forma de no crear confusión a los alumnos y sus familias?

Toda la normativa esencial publicada por el Ministerio de Educación es de aplicación para el curso 2004-05 y requiere, además, la publicación de su desarrollo por parte de las administraciones educativas de las CCAA. La valenciana no lo ha hecho todavía. Si al señor consejero de Educación le preocupa no crear confusión en la comunidad educativa, le sugiero que en la próxima reunión de la Conferencia Sectorial de Educación plantee las cuestiones necesarias para garantizar un correcto inicio del curso 2004-05 y deje de hacer declaraciones impropias de quien dice defender los intereses de los valencianos.

A partir de ahí, habrá que hacer lo que el gobierno del PP se ha negado a hacer. Un análisis sereno, con la participación de todos los sectores de la comunidad educativa, todos los grupos parlamentarios y las CCAA, de los principales problemas del sistema educativo y llegar al máximo consenso posible sobre las medidas necesarias para resolverlos. Estas medidas deben ir acompañadas de la financiación necesaria para que se puedan aplicar en todas las CCAA y, por último, establecer una nueva normativa con el máximo consenso, para garantizar que los cambios en la estructura del sistema educativo no estén al albur de los resultados electorales.

Si de verdad el señor consejero no quiere provocar confusión en todos los sectores educativos, es mejor que no publique nuevas normas que no se van a aplicar. Si de verdad le preocupa incrementar el número de alumnos que obtienen el título de graduado en secundaria, y, por tanto, reducir el fracaso escolar, no suprima para el curso próximo los programas de diversificación curricular. Si quiere garantizar una educación de calidad para todas y para todos, mejor incremente los gastos de funcionamiento de los centros, para que no tengan que declararse en suspensión de pagos. Si de verdad no quiere que la escuela pública se convierta en subsidiaria de la privada, dirigida sólo a los sectores más desfavorecidos de la población, lo consecuente es publicar la normativa necesaria para que el alumnado con dificultades, inmigrantes incluidos que requieran especial atención, se escolarice equitativamente entre los centros públicos y los concertados. Hacer o no hacer estas cosas, es lo que demuestra su grado de responsabilidad o de irresponsabilidad en educación.

Miguel Soler pertenece al Grupo Federal de Educación del PSOE.