Rambla prefiere pagar cada uno de los abortos a un acuerdo global

Las clínicas privadas que realizan interrupciones de embarazo en las provincias de Castellón y Valencia están a la espera de que la Consejería de Sanidad, dirigida por Vicente Rambla, alcance un acuerdo global con ellas, a través de la fórmula administrativa del proceso negociado, para realizar intervenciones concertadas. Sin embargo, la opción del procedimiento negociado cada vez tiene menos peso para Sanidad. Fuentes oficiales de este departamento señalan que "en principio, este año no se contempla" esta medida. "Se realizarán acuerdos individuales, de forma que se pagará por cada intervención que se remita a las clínicas desde la consejería", comentaron. Desde Sanidad apuntan que este mecanismo es más ágil que el procedimiento negociado y que permite aprovechar todos los recursos disponibles.

La demanda de esta fórmula parte de noviembre del año pasado, cuando Sanidad declaró desierto en Castellón y Valencia el concierto convocado para concertar las interrupciones después de que la mayoría de los centros se negaran a participar por estar en contra de las condiciones expuestas por el departamento que dirige Vicente Rambla. El motivo principal de enfrentamiento fue la negativa a que fueran especialistas de salud mental de los hospitales públicos los encargados de hacer los dictámenes a las mujeres que deseaban interrumpir su gestación. Tras hacer público que el concurso quedaba desierto, Sanidad mostró a finales del año pasado su deseo de convocar un procedimiento negociado -una fórmula similar a un concierto, pero más sencilla- "para completar la oferta sanitaria" de la prestación de los abortos en Valencia y Castellón "al que tendrán acceso todas las clínicas de la Comunidad Valenciana que realizan esta intervención". Las clínicas que realizan interrupciones de embarazo mostraron su disposición a "colaborar" con Sanidad tras reconsiderar los recelos iniciales al observar que, pese al método elegido por Sanidad, casi no se estaban rechazando abortos.

Restricción de derechos

Casi medio año después y tras diversos encuentros entre la Administración sanitaria y las clínicas, las promesas de Sanidad no se han traducido en un acuerdo. Y, según diversas fuentes consultadas, se han producido derivaciones de enfermos a clínicas ante la lista de espera que, en ocasiones, se produce en los hospitales, en parte porque apenas hay seis médicos de la sanidad pública que practican interrupciones -incluido uno que se desplaza semanalmente desde Barcelona-. A ello añaden que, ante el recelo de que no se les permita abortar, buena parte de las mujeres se dirigen directamente a las clínicas privadas. "Mientras el año pasado había 45 abortos concertados mensuales, ahora apenas hay una decena en centros públicos", comentan las mismas fuentes, por lo que "se está restringiendo la cobertura pública de este derecho". La solución, para las clínicas, pasaría por la formalización del procedimiento negociado, una salida que Sanidad prácticamente ha desechado, al menos este año.