El gasto público contra la pobreza en Euskadi quintuplica la media española

El sistema público vasco contra la pobreza es el más generoso de cuantos existen en España, según los principales analistas de la exclusión social. La Administración vasca realiza un esfuerzo presupuestario cinco veces superior al de la media española en programas de renta básica, concluye un informe dirigido por el profesor Luis Ayala Cañón, de la Universidad Castilla-La Mancha.

En el País Vasco están cubiertas el 99,57% de las posibles demandas de renta básica. Sólo a este concepto el Gobierno destinó el año pasado 103 millones de euros. Manuel Vigo, viceconsejero de Inserción Social, confirma que "Euskadi es la comunidad autónoma que más recursos económicos dedica a la lucha contra la pobreza". El Ejecutivo aprobó en julio pasado el Plan Vasco de Inserción 2003-2005 con una dotación económica de 2.586 millones de euros, de los que la Administración autonómica aportará 1.057 millones en este trienio.

Un total de 25.645 hogares recibieron la renta básica el año pasado en Euskadi

Los estudios sobre la pobreza revelan que Euskadi, Asturias y Navarra, por este orden, son las comunidades que "ofrecen una intensidad protectora considerablemente superior a la de otras regiones". Si Euskadi gastaba 22 euros por habitante en 1999 -no hay estudios comparativos más recientes- en programas de renta básica, el promedio nacional estaba situado en 4,8 euros.

A estos datos, Vigo añade que el País Vasco presenta los índices más bajos de pobreza en el conjunto de España. Los últimos estudios realizados por el Eurostat concluyen que el 1,3% de la población vasca (el 2,75% en España) padece una pobreza severa. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la media vasca se eleva al 4,52%, frente al 15,49% en el resto de España. Cada organismo emplea criterios diferentes para cuantificar la incidencia de este problema. Sólo Navarra mejora los datos de Euskadi. En la actualidad, la pobreza afecta a 25.645 hogares vascos. En uno de éstos vive Antonia, pobre que clama por un puesto de trabajo.

El cuarto de baño es su refugio. Entre sus paredes alivia Antonia (su nombre real es otro muy distinto que no quiere revelar) el desconsuelo de verse pobre. "Mi hijo -el menor, de 10 años- me pide un petit suisse, unas zapatillas de marca, cosas de ese estilo. Yo le intento engañar para ocultarle lo que nos pasa, pero a veces se me escapa que no tengo dinero. '¡Ama, tú nunca tienes dinero!', suele responderme", relata Antonia, y añade que entonces llora sus penas en la soledad del cuarto de baño.

Antonia tiene 44 años. Hace 10 se separó y entonces comenzaron los problemas. Pasó de vivir modestamente a malvivir. De la noche a la mañana, se quedó con un hijo de 12 años -hoy ya se ha independizado y vive con su novia-, otro gestándose en su vientre y una hipoteca de 260 euros mensuales. Sin trabajo, tuvo que ponerse a limpiar casas, portales y a cuidar mayores. En todo este tiempo sólo ha cotizado un año. "Por más que lo intento -explica Antonia-, no consigo trabajo; sólo horas sueltas que a veces no me compensan. Ahora hay muchas marroquíes, peruanas y dominicanas que están dispuestas a trabajar por cuatro duros. Arrasan con todo".

"El Ayuntamiento me da una ayuda de 160 euros al mes. Y estoy esperando que la Diputación me conceda otros 270 euros" para completar la renta básica. Su ex marido le pasa 216 euros mensuales para mantener al pequeño. El calendario se le hace eterno para llegar a fin de mes.

Antonia vino de Portugal cuando tenía 16 años. Vive en Pasaia en un piso de tres habitaciones del que no quiere desprenderse "por nada del mundo". Pese a su apretada situación económica, repite insistentemente: "No me puedo quejar, no me puedo quejar". "Los servicios sociales del Ayuntamiento me ayudan mucho, no sólo económicamente. Las amigas, también. Mi hijo mayor (22 años) viene a veces a comer a mi casa y nos trae un pollo. No me puedo quejar. Sólo me falta encontrar un trabajo". El Ayuntamiento la tiene considerada como "una buena trabajadora"; ahora le han incluido en un listado de personas para empezar a hacer trabajos sueltos de limpieza.

38.000 hogares 'pobres'

En los momentos de máxima desesperación, cuando la cartilla de ahorros no da para una barra de pan, Antonia obra sus "pequeños milagritos" económicos. Acude a un gran supermercado, hace una compra fuerte, para todo el mes, y tira de la tarjeta de pago aplazado. Así, mal que bien, se garantiza la subsistencia. Cuando le llega el cargo a mes vencido, ella ya ha conseguido reunir un montoncito de euros gracias al subsidio que le ingresa el Ayuntamiento de Pasaia.

Antonia es una de las 65.000 personas que reciben la renta básica en Euskadi. Un estudio realizado por el Eustat, referido al año 2000, sostiene que el 5,5% de los hogares vascos (casi 38.000, en los que viven 74.364 personas) tienen ingresos inferiores al 25% de la media y están en "riesgo de pobreza grave".

Ante el problema de la pobreza, el sistema público vasco contra la exclusión social desarrolla una doble acción combinada: la prestación de ayudas económicas (la renta básica, los convenios de inserción y las ayudas de emergencia social) y las políticas activas para la inserción socio-laboral, asegura el viceconsejero de Bienestar Social Manuel Vigo. La ayuda económica más extendida es la renta básica, destinada a "personas que carecen de recursos suficientes para hacer frente a los gastos básicos para la superviviencia", apunta Vigo. Se otorga con carácter alimenticio y es intransferible. La financia al 100% el Gobierno, pero se tramita a través de las diputaciones y ayuntamientos. Actualmente se paga el 81% del salario mínimo interprofesional (460,5 euros al mes). En 2000, 13.039 unidades de convivencia se beneficiaban de esta ayuda; el año pasado fueron 25.645 hogares. La cuantía se ha duplicado en este mismo periodo. Ha pasado de 53 millones a 103 millones.

Las ayudas de emergencia social (AES) se conceden de forma puntual "para prevenir o paliar situaciones concretas de emergencia y de necesidad social". La mayoría se destina a sufragar el gasto de la vivienda. El año pasado se destinaron 24 millones, que se repartieron entre 19.900 unidades de convivencia. También es una competencia del Ejecutivo autonómico pero, a diferencia de la renta básica, su financiación se complementa con aportaciones de las diputaciones. Las instituciones forales también ofrecen la prestación asistencia de garantía mínima (Pagami), una subvención dirigida a perceptores de la renta básica y mayores de 65 años que pretende cubrir la cuantía del salario mínimo.

Además, se conceden "incentivos al empleo", cuya finalidad es que los pobres puedan ir incorporándose al mercado del trabajo. Hay 11 empresas en Euskadi acogidas al programa de "empresas de inserción", que ofrecen formación y trabajo a estas personas a cambio de una subvención institucional.