La secretaria de Igualdad exige vigilancia permanente para las maltratadas
Murillo: "Las medidas son insuficientes porque se confía en la buena voluntad del agresor"
La recién nombrada secretaria general para las políticas de Igualdad, Soledad Murillo, opinó ayer que la orden de alejamiento que se dicta contra los maltratadores es una medida "claramente insuficiente porque se confía en la buena voluntad del agresor" para no acercarse a su víctima y eso no siempre da resultado. Murillo se mostró partidaria de una protección constante para las maltratadas, que no se limite a la intervención policial en un momento dado. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, afirmó que la justicia no ha conseguido las "cotas de agilidad y eficacia que serían necesarias".
Soledad Murillo, cuyo nombramiento como secretaria general para las políticas de Igualdad aprobó ayer el Consejo de Ministros, fue recibida con el brutal crimen ocurrido en Alzira: un hombre acabó con la vida de su ex pareja y de dos de sus hijas quemando la casa mientras dormían. Sobre el agresor pesaba una orden de alejamiento que le impedía, en teoría, acercarse a la víctima. Estas medidas judiciales son "claramente insuficientes porque se confía en la buena voluntad del agresor cuando estas personas ya han demostrado con anterioridad que son violentas. En el caso de Alzira incluso había amenazado a la juez. Si estos agresores no son capaces de respetar el derecho de la otra persona a romper una relación ¿cómo van a acatar una orden de ese tipo?", apuntaba ayer Soledad Murillo.
Esta doctora en Sociología por la Universidad de Salamanca, que acredita amplia experiencia en los asuntos relacionados con la mujer, cree que la lucha contra la violencia machista precisa "voluntad política, porque la nueva ley [integral sobre violencia doméstica] necesita medidas excepcionales". Se refirió, entre otras cosas a la necesidad de proteger a las víctimas de forma efectiva. Hasta ahora, dijo, la policía "hace intervenciones puntuales pero no custodia, cuando en otros casos se están aplicando medidas de protección permanente con personas sólo potencialmente amenazadas. Y se buscan los recursos". Se refería al terrorismo. Cree también que los brazaletes electrónicos que delatan la presencia del agresor cercana a la víctima "ayudarán siempre que haya un aparato policial bien equipado" que pueda responder a estas alertas de peligro.
Custodia de los hijos
Soledad Murillo considera necesario, como recoge la nueva ley que se tramita, que los acusados de malos tratos no tengan la custodia de los hijos. "Las condenas por agresión no deberían ir separadas de la guardia y custodia de los hijos". Y se mostró partidaria de la especialización de los jueces que se dedican a estos casos "porque necesitan conocer las características de estos delitos, porqué los agresores se atribuyen la propiedad de las mujeres y porqué éstas soportan el maltrato una y otra vez. Son comportamientos de género que deben conocer", dijo.
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se refirió a la nueva ley sobre violencia doméstica que prepara el Gobierno. Señaló la necesidad de actuar con celeridad en la redacción y tramitación de esta nueva norma pero insistió en que las prisas no pueden inducir a error en esta ley. Afirmó que el Gobierno está haciendo el "máximo esfuerzo" en esta "terrible" cuestión del maltrato a mujeres.
Conde-Pumpido: "La justicia no ha logrado la eficacia necesaria"
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, afirmó ayer a la agencia Efe que la justicia no ha conseguido las "cotas de agilidad y eficacia que serían necesarias". Conde-Pumpido Subrayó que todos los profesionales que imparten justicia deben estar "dispuestos a utilizar la máxima energía, atención, y el máximo respeto con las víctimas para conseguir que esta lacra disminuya, y, si es posible se acabe con ella".
En cambio, la presidenta del Observatorio para la Violencia Doméstica y de Género y vocal del Consejo General del Poder Judicial, Montserrat Comas, afirmó ayer, en relación con el triple crimen de Alzira, que "siempre es bueno que la justicia actúe con celeridad en estos asuntos pero en este caso se ha actuado razonablemente". Comas se mostró a favor de la especialización de jueces para "un tema tan sangrante y peculiar en el que se necesita sensibilización" aunque opinó que el resto de la estructura judicial debería respetarse. Recordó que desde el 1 de octubre del año pasado el juez puede citar al fiscal, al acusado y a la defensa para que el primero pueda solicitar el ingreso provisional en prisión si se ha violado la orden de alejamiento dictada. Pero Comas subrayó que en el caso ocurrido ayer en Alzira (Valencia) el juez no había tenido conocimiento en ningún caso de que se hubiera incumplido esta orden.
La magistrada, que calificó de semana sangrienta esta que concluye, insistió en la necesidad de que se puedan imponer brazaletes electrónicos a los agresores en la fase de instrucción, sin que haya que esperar a la condena judicial. Comas también mencionó la necesidad de incrementar los efectivos policiales pero para todo ello se remitió a la nueva ley que se está tramitando.
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