Una prisión marcada por las protestas sindicales

Las protestas sindicales han marcado la historia de la prisión de Quatre Camins, una de las dos cárceles -junto a la de Brians- construidas por la Generalitat tras asumir las competencias penitenciarias, en 1984. Con una capacidad para 900 reclusos, el centro alberga habitualmente más de 1.200 internos en unas condiciones de seguridad que los sindicatos consideran del todo insuficientes.

Los sindicatos han pedido reiteradamente un aumento de las plantillas en un centro en el que se han sucedido varias fugas de presos y en el que se ya vivió un motín en mayo de 2002, cuando un centenar de internos, también del módulo 1, iniciaron una protesta, que acabó con la intervención de los Mossos d'Esquadra.

Los internos exigían ser retribuidos por los trabajos que efectuaban en la prisión, así como otras mejoras en sus condiciones de vida. Un grupo de reclusos llegó a encaramarse a los tejados de la prisión armados con palos, piedras y hierros. Dos funcionarios y cinco presos resultaron heridos. La revuelta tuvo una segunda parte al día siguiente, cuando otros seis internos del módulo 3 de la misma prisión se subieron al tejado de la cárcel y permanecieron durante media hora tras causar heridas leves a dos funcionarios, hasta que depusieron su actitud, tras mantener una conversación con la directora general de Prisiones de entonces, Mercedes Sánchez.

Revuelta

El Departamento de Justicia trasladó a varios de los presos que participaron en la revuelta a otros centros penitenciarios catalanes y los confinó en celdas de aislamiento. El incidente volvió a sacar a la calle, por enésima vez, a los funcionarios de prisiones en demanda de mayores medidas de seguridad y el incremento de las plantillas.

Precisamente ayer, la Generalitat firmó la opción de compra sobre una finca de 15 hectáreas en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona) en la que construirá una prisión con capacidad para 500 internos, un equipamiento que ha de contribuir a descongestionar los actuales centros penitenciarios. La situación de masificación que arrastran desde hace años las prisiones catalanas llevó el año pasado a UGT a denunciar a la entonces consejera de Justicia, Núria de Gispert. El sindicato consideraba que se estaban vulnerando los derechos fundamentales de los internos y de los trabajadores penitenciarios".

El pasado mes de abril, el Ayuntamiento de la Roca del Vallès autorizó la ampliación del complejo penitenciario de Quatre Camins. El proyecto prevé la construcción de un nuevo centro de reclusión para jóvenes con capacidad para 300 internos y las obras han de iniciarse este mismo año.