La verdad parlamentaria
Para la sociedad española la verdad sobre el 11-M únicamente podrá ser la verdad parlamentaria. Es obvio que sobre el 11-M va a haber una verdad judicial con absoluta credibilidad. No creo que nadie tenga la más mínima duda de que la sentencia que en su día condene a los autores del atentado será una sentencia justa dictada tras un proceso con todas las garantías constitucionalmente establecidas. Pero no es menos obvio que esa verdad judicial dejará sin responder la mayor parte de los interrogantes que el 11-M suscita, que son de naturaleza política y que, justamente por ello, no pueden tener una respuesta judicial. Nadie está preocupado en España por la adecuación de la respuesta judicial al terrorismo. Casi todo el mundo está preocupado por la adecuación de la respuesta política.
Buena prueba de ello ha sido la reacción que se ha producido como consecuencia de las declaraciones del ministro de Interior en el programa Hoy por hoy acerca de la falta de "previsión política" en relación con el 11-M. La desaforada respuesta de Ángel Acebes, la carta de Mariano Rajoy a José Luis Rodríguez Zapatero, los comentarios editoriales de prácticamente todos los medios de comunicación... han puesto de manifiesto, si falta hacía, la necesidad de que se establezca la verdad política sobre el 11-M.
El conocimiento de la verdad política sobre un acontecimiento tan traumático y tan generador, además, de inseguridad pro futuro como ha sido el 11-M, es indispensable por dos motivos:
1º. Para evitar la bronca. Mientras no se proporcione de manera ordenada toda la información de que se disponga sobre las circunstancias que rodearon al 11-M, las anteriores y las inmediatamente posteriores, cualquier comentario que se haga sobre el mismo acabará en un enfrentamiento a cara de perro y sin posibilidad de que los ciudadanos puedan formarse un juicio sobre el mismo en términos objetivos y razonables. Este juicio de la opinión pública es el único elemento de pacificación posible en una materia como ésta en una sociedad democrática. Puesto que un enfrentamiento de esta naturaleza no puede ser resuelto y consiguientemente pacificado a través de una decisión judicial, únicamente el juicio de la opinión pública puede hacerlo. En consecuencia, la renuncia a establecer la verdad será una invitación a la crispación permanente. La investigación parlamentaria que proporcione la información indispensable para que pueda constituirse el juicio de la opinión pública es la condición sine qua non de una convivencia pacífica. Mientras no se establezca la verdad, la sombra del 11-M se estará proyectando sobre la legislatura que acaba de empezar.
2º. Para prepararnos de la mejor manera posible para evitar la repetición de atentados terroristas como ese. El establecimiento de la verdad es indispensable para saber qué grado de preparación tenía la sociedad española antes del 11-M para enfrentarse a lo que entonces era sólo una amenaza terrorista y qué grado de preparación tiene hoy para enfrentarse a la realidad de ese nuevo terrorismo y para evitar en la medida de lo posible que un acto como aquel se repita. Esto únicamente puede hacerlo un órgano de naturaleza política en el que esté representado el conjunto de la sociedad española. Si "la esencia de la democracia", como decía Kelsen, consiste "en el compromiso permanente entre los grupos del pueblo representados en el Parlamento por la mayoría y la minoría" y si, como nos informa el último barómetro del CIS, el terrorismo es, con mucha diferencia, la primera preocupación de los españoles tras el 11-M, difícilmente puede aceptarse que no sea el Congreso de los Diputados el que dé respuesta a esta preocupación. La promesa de que el Parlamento va a ser el centro de la vida política del país, también es una promesa que tiene que ser cumplida. La verdad parlamentaria del 11-M es la primera piedra de toque.
