Un librero del 'caso Bidebarrieta' insta al consistorio a asumir sus responsabilidades

El librero bilbaíno Javier Madariaga, una de las cinco personas imputadas hasta el jueves en el presunto robo masivo de libros y documentos de la Biblioteca y Archivo municipales de Bidebarrieta, descartó ayer reclamar judicialmente daños y perjuicios al Ayuntamiento, tras la decisión del fiscal de retirar las acusaciones contra él y los otros cuatro imputados. "Las responsabilidades deberían dirimirse en el Ayuntamiento", dijo Madariaga, ya que fue el consistorio el que en 1994 presentó la denuncia en los tribunales por el supuesto expolio de patrimonio municipal. "No me voy a meter en más juicios", agregó tras ser exculpado.

Este caso ha tenido una instrucción inusualmente larga y rpdeada de situaciones anómalas. Los presuntos implicados tardaron tres años en declarar ante el juez y el auto de procesamiento no se dictó hasta 2001, siete años después de la denuncia. El juicio debía haberse celebrado hace un año, pero se ha aplazado hasta en dos ocasiones por la ausencia de uno de los imputados.

"En el alegato de la retirada de las acusaciones, el fiscal ha constatado que ha sido una larguísima instrucción", destacó Madariaga, quien se quejó del linchamiento a que ha estado sometido durante diez años por parte del diario El Correo.

"A los cocodrilos"

El librero bilbaíno, que aparecía imputado junto a otro anticuario, el hijo del anterior archivero municipal, un auxiliar bibliotecario y otra persona que aseguró haber robado libros municipales, considera que el Ayuntamiento "nos ha arrojado a los cocodrilos". En el juicio, que se ha celebrado las dos últimas semanas en la Audiencia de Vizcaya, se ha constatado el descontrol existente entonces en la Biblioteca de Bidebarrieta y no se ha podido determinar si hubo realmente robo ni cuántos volúmenes faltaban de los fondos municipales. "No se puede imputar un robo sin saber lo que se tenía. El Ayuntamiento sólo quería salvar su imagen y ha actuado de manera totalmente temeraria", criticó.

A su juicio, al Consistorio "le ha importado un pepino el Archivo y la Biblioteca, hasta que llegó María Ángeles Egaña [ha ocupado la dirección de Bidebarrieta] y hoy en día sí tiene una vigilancia adecuada". Madariaga resaltó que el juez ha reconocido que los más de 1.000 libros y documentados que se incautaron en 1995 -cuando se abrió la investigación del caso- son propiedad de los dos libreros y la familia del anterior archivero municipal.

El anticuario rechazó que haya existido un pacto con el Ayuntamiento para devolver algunos volúmenes de gran valor histórico. "Yo he donado tres, que ya estaban ofrecidos desde hace varios años pero que nadie del ayuntamiento quería recogerlos. Y otra persona [el notario José María Arriola] ha dado cuatro. O sea, siete en total. Pero ha sido porque casi nos lo han pedido de rodillas", precisó.