Sevilla va a la montaña
Ningún ministro del Gobierno español había acudído a Ajuria Enea desde hace seis años. Lo hizo ayer el de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla.
Desde el 14-M, los socialistas han multiplicado los signos indicativos de su voluntad de reanudar los lazos entre ambas administraciones, y también de recuperar el diálogo con los nacionalistas. En esa onda hay que interpretar gestos como el de facilitar que el PNV pueda contar con grupo propio en el Senado, la retirada de la amenaza de sanciones económicas en la liquidación del Cupo, el anuncio de la derogación de la reforma del Código Penal que amenazaba a Ibarretxe o la disposición a negociar las transferencias pendientes. El gesto de correspondencia más significativo de la otra parte fue la presencia, por primera vez, del lehendakari en la sesión de apertura de las Cortes.
Una de las virtualidades de los encuentros cara a cara es que permiten aclarar malentendidos.
Uno de ellos es la aparente creencia de Ibarretxe de que el 14-M, por una parte, y la sentencia del Constitucional, por otra, han disuelto los motivos por los que los socialistas rechazan avalar su plan soberanista. Pedir la retirada de ese plan sería "volver al pasado", advirtió a los socialistas hace dos días, exhortándoles a presentar su propia alternativa. El presidente del Parlamento vasco, Atutxa, aununció ayer su disposición a ampliar la tramitación del plan Ibarretxe para que los socialistas puedan presentar enmiendas.
Sin embargo, los motivos que invocan los socialistas, que presentaron enmiendas a la totalidad, pero no al articulado, contra la propuesta del lehendakari no son de calendario, sino de respeto a los procedimientos y de contenido. Por una parte, la propuesta articulada que presentó el Gobierno vasco no ha sido el resultado de un consenso entre las fuerzas políticas, como lo fue el borrador del Estatuto de Gernika y como está previsto redactar la reforma del de Cataluña; por otra, el contenido político del plan Ibarretxe es exclusivamente nacionalista: su lógica interna es la de servir de guía para una desvinculación progresiva de España. Finalmente, el rechazo del Constitucional a la impugnación presentada por el anterior Gobierno del PP no es un aval, sino sólo la constatación de que el examen de constitucionalidad sólo cabe hacerlo sobre leyes aprobadas por el Parlamento y no sobre textos sometidos a debate.
Los nacionalistas no ignoran todo esto; si hacen como que no les consta es porque asumirlo les llevaría a renunciar al plan Ibarretxe, que es ahora mismo el hilo que mantiene unidos a los dos sectores que se enfrentan estos días a cara de perro en el interior del PNV, y porque es el principal gancho para seguir absorbiendo votos de la antigua Batasuna. Eliminar malentendidos supone dejar claro que el nacionalismo tendrá que elegir entre mantener esa situación o volver al punto inicial: el consenso en torno al Estatuto -reformable desde el consenso- de Gernika.
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