Dos presos por el 11-M eran confidentes de Guardia Civil y policía sobre narcotráfico

La Guardia Civil y la policía admitieron ayer que dos encarcelados en relación con la investigación sobre los explosivos utilizados en el 11-M eran confidentes suyos, pero sólo "sobre asuntos de drogas". No obstante, los responsables de ambos cuerpos han negado que los citados colaboradores facilitaran alguna información previa a los atentados que hubiera permitido impedirlos. El Ministerio del Interior ordenó ayer investigar el papel de ambos confidentes, a pesar de que, el viernes pasado, fue informado de que uno de ellos pretendía informar a la prensa.

La policía y la Guardia Civil habían mantenido en reserva la existencia entre los detenidos de sendos confidentes, especialmente tras haber obtenido de uno de ellos "informaciones que permitieron identificar a varios miembros del comando y conocer cómo se lograron los explosivos".

El ex minero asturiano José Emilio Suárez Trashorras era confidente de un agente del Cuerpo Nacional de Policía de Avilés, a quien, según las fuentes consultadas de dicho cuerpo, informaba de "asuntos menores de tráfico de drogas en Avilés". Rafá Zuheir, por su lado, era confidente de un capitán de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encuadrado en el Grupo de Delitos contra Personas y también facilitaba información "sobre trapicheos de drogas" y sobre "el mundo de los porteros de discotecas violentos, ya que él era portero de varias", según fuentes del instituto armado.

Tanto Trashorras como Zuheir habían comunicado su papel como confidentes sobre drogas al juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo cuando declararon en su presencia. Por ello, el magistrado los envió a cárceles diferentes de las del resto de detenidos. Sin embargo, después de que el diario El Mundo informara en su edición de ayer de que los dos antedichos eran confidentes policiales, el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, ordenó por escrito a los aún directores generales de la Guardia Civil, Santiago López Valdivielso, y policía, Agustín Díaz de Mera, abrir sendas investigaciones al respecto.

Esta orden provocó la irritación de Díaz de Mera, quien contestó por carta a Camacho que ya el viernes había ordenado que se investigara el papel como confidente del ex minero, precisamente después de que el propio Camacho comunicase a la policía que Suárez Trashorras iba a informar a la prensa de este particular. Esta información fue obtenida en la cárcel de Alcalá-Meco y transmitida a Interior. Al día siguiente, el policía del que el ex minero era confidente entregó una declaración jurada al juez y al ministerio, en la que negaba haber obtenido información previa alguna sobre los atentados y que sólo le informaba de pequeños asuntos de drogas. De hecho, él mismo llamó a Trashorras a su despacho, y allí fue detenido, cuando el 19 de marzo la policía supo de su supuesta implicación en el trasiego de la dinamita.

Por su lado, Zuheir fue detenido por la Guardia Civil en el barrio Lavapiés el mismo día en que fue informada por la policía de que estaba siendo buscado por su supuesta relación con el 11-M. Gracias a él puso saberse la implicación en los atentados de Jamal Ahmidan, el Chino, ya que fue a quien le facilitó el contacto con el ex minero para lograr ilegalmente explosivos "para una mina en el Magreb". Pero las fuentes consultadas niegan que informara previamente al 11-M sobre los preparativos terroristas para los ataques.

Por otro lado, la policía detuvo ayer en el aeropuerto del Prat (Barcelona) a un magrebí con residencia legal en España que acababa de aterrizar en un vuelo procedente de Turquía. Este arresto está relacionado con el sumario instruido por el juez Baltasar Garzón por los atentados de Casablanca, cometidos el 16 de mayo de 2003 y en los que murieron 44 personas, cuatro de ellas españolas, según fuentes jurídicas.