Impugnación rechazada

El argumento sustancial del Tribunal Constitucional para rechazar la impugnación del plan Ibarretxe por el anterior Gobierno es, como adelantó al comunicar el fallo, que la propuesta del lehendakari no es de momento jurídicamente impugnable, sin que ello implique que no pueda serlo cuando adquiera rango normativo. El pronunciamiento del Constitucional se circunscribe exclusivamente a la viabilidad de su libre debate en el Parlamento de Vitoria, sin entrar a valorar su contenido, y sin pronunciarse, por tanto, sobre su eventual inconstitucionalidad.

Pero lo más interesante del auto y de los votos particulares que lo acompañan, dados a conocer ayer, es el debate sobre la naturaleza y los límites de la democracia parlamentaria. La mayoría -siete de los doce magistrados- defiende un concepto de democracia parlamentaria en la que el debate, singularmente si se produce en un Parlamento, es inmune a todo control jurisdiccional, que sólo puede producirse cuando ese debate se traduce en fórmulas jurídicas contrarias al ordenamiento. Ése no es el caso, de momento, de la propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi, que se discute actualmente en el Parlamento de Vitoria.

Los magistrados de la minoría (los cinco que han formulado votos particulares favorables a la impugnación) mantienen, en cambio, que existen límites en la determinación de lo que puede ser objeto de debate en un Parlamento autonómico; concretamente, que no pueden ser objeto de discusión propuestas que vulneren principios constitucionales como el que atribuye el poder constituyente a la nación española como un todo (art.1-2). Visto que el lan Ibarretxe supone un atajo que conduce, como objetivo final, a una reforma de la Constitución, la minoría mantiene que lo procedente habría sido paralizarla, admitiendo la impugnación del Gobierno, sin esperar a que finalice el recorrido de un debate parlamentario en el que puedan introducirse retoques o cambios.

Que existe una incompatibilidad radical entre el plan Ibarretxe y el art. 1.2 de la Constitución ha sido sostenido por juristas prestigiosos (como el recién nombrado presidente del Consejo de Estado), contrarios, sin embargo, a impedir que el debate se produzca; entre otras cosas, para que haya ocasión de poner de relieve en sede parlamentaria esa incompatibilidad. Pero en el propio debate, no antes de iniciarlo. La mayoría del Constitucional no niega que exista riesgo de fraude de ley (plantear como reforma estatutaria algo que supondría la abolición para la comunidad vasca de principios esenciales de la Constitución), pero sostiene que de momento se trata de proyectos o intenciones, frente a los que no cabe un "remedio jurisdiccional preventivo" con el que anticipar la defensa del orden constitucional.

Queda, por tanto, expedita la vía para el debate. Ello ocurre cuando el Gobierno ha expresado su intención de suprimir la reforma del Codigo Penal que sacó adelante el PP contra Ibarretxe, Zapatero se ha comprometido a reanudar la relación institucional con el Gobierno de Vitoria y el PSOE ha adelantado su disposición a discutir una reforma del Estatuto que respete los límites constitucionales. ¿No sería el momento de que también el nacionalismo se moviera para reconvertir su propuesta y tratar de obtener el apoyo de los no nacionalistas?