Un juez y 20 policías registran la sede del comité de empresa de EdF

Un juez de delitos económicos y una veintena de policías irrumpieron ayer en la sede del comité de empresa del grupo Electricité de France (EdF) y Gaz de France (GDZ) en Montreuil, un suburbio de París, donde registraron los archivos y se incautaron de documentación informática en relación con un sumario por presunta estafa y desviación de fondos, de cuantía desconocida. La fuerza investigadora permaneció todo el día en la sede central y extendió las pesquisas a otros nueve edificios, entre ellos el de la dirección de recursos humanos de EdF.

La ley exige a empresarios y trabajadores que contribuyan al sostenimiento del comité de empresa en todas las sociedades con más de 50 trabajadores. Con esos fondos se organizan vacaciones, actividades culturales y de otro tipo. Pero ningún comité de empresa es tan fuerte como la Caja Central de Actividades Sociales (CCAS) de las industrias eléctricas y de gas, que gestiona también prestaciones médicas y seguros para 580.000 personas, es decir, los trabajadores en activo de aquellas empresas, los jubilados y sus familias.

El presupuesto del comité se sitúa en torno a los 400 millones de euros anuales, alimentado esencialmente por la contribución de las dos empresas (1% del producto de las ventas de electricidad y de gas). El comité cuenta con 3.700 empleados para gestionar sus actividades y controla 200 centros de vacaciones, una casa de la tercera edad, un centro de minusválidos y 270 cantinas. La dirección de todo ello corresponde a un órgano de administración integrado por representantes de los sindicatos, entre los cuales el más importante es la CGT, mayoritaria en EdF desde hace 60 años.

El despliegue de policías se vio acompañado de cámaras de televisión, lo cual permitió a la Federación de Minas y Energía de la CGT denunciar la "mediatización" de los registros como una "ofensiva para desacreditar a los trabajadores" de las empresas afectadas y en particular a su organización mayoritaria, que es la CGT.

Este sindicato no cree en el "azar del calendario". Después de seis meses en punto muerto, la investigación se acelera en plenos preparativos del nuevo ministro de Economía, Nicolas Sarkozy, para cambiar el estatuto de EdF, que es uno de los gigantes industriales todavía en poder del Estado al 100%. El ministerio ha anunciado su intención de introducir, de aquí a julio, las reformas que permitan "abrir el capital a inversores privados", eufemismo con el que se pretende dulcificar el concepto, más claro pero socialmente más delicado, de "privatización". La CGT se opone a tal proyecto.