La barrera del idioma en la fresa

"¿Pueden los propietarios retenernos el pasaporte?". "¿Si tenemos problemas laborales hay que contratar a un abogado o tenemos derecho a uno de oficio?".

"¿Es legal trabajar media hora más para pagar la luz del alojamiento?". "¿Qué derechos tenemos cuando sufrimos un accidente?". "¿Es normal que los propietarios de las fincas nos descuenten el 2% del salario?". "¿Quién hará los contratos el año que viene, el empresario o las cooperativas?". "¿Puedo volverme antes de acabar el contrato?". "¿Cuántas veces hay que venir para pedir la residencia en España?". "¿Nos pueden devolver a Rumanía antes de acabar la campaña?"

Las preguntas las lanzan un grupo de nueve jornaleras rumanas que trabajan desde febrero en la fresa de Huelva. Las reciben representantes del Sindicato de Obreros del Campo (SOC), del Sindicato Unitario, de la Confederación General del Trabajo (CGT), de la Asociación Pro Derechos Humanos y de otras organizaciones no gubernamentales. La semana pasada se reunieron en el local sindical del SOC en Mazagón, una de las localidades onubenses que cada ocho meses ve cómo sus calles se llenan de otros idiomas, rasgos y países. Ellas querían conocer sus derechos y las organizaciones sindicales querían saber cuáles son sus problemas.

Este año, los productores de fresa han vuelto a recurrir a los contratos en origen, una fórmula que pretende cubrir las necesidades de mano de obra e intentar reducir la avalancha de inmigración ilegal en busca de un tajo. Para la campaña de 2004, se han contratado unos 21.000 extranjeros de la Europa del Este. La mayoría son mujeres rumanas o polacas.

Pero, aunque a un español le puedan confundir los rasgos -aparentemente similares- de las jornaleras de Rumanía y Polonia, la realidad es que hoy no es lo mismo trabajar en la fresa si se es de un país u otro. Así lo reconoce José Manuel Romero, presidente de Freshuelva, una de las tres asociaciones de productores con representación en la provincia: "Con Rumanía las contrataciones son muy pesadas, hay una burocracia enorme... Su burocracia es muy lenta. Con Polonia no ocurre lo mismo". Romero considera que esta es la razón por la que las trabajadoras rumanas que están en la campaña no disponen de un contrato traducido a su lengua. Es decir, trabajan sin conocer exactamente cuáles son sus derechos y obligaciones. "Las polacas sí tienen el contrato en su idioma", afirma el responsable de Freshuelva: "En el caso de Rumanía, su Administración es la responsable de la traducción".

Al margen de quién se debería hacer cargo de un trámite tan sencillo como el de traducir un contrato, Jorge García, uno de los dos asesores sindicales en la campaña de la fresa que tiene el SOC en la zona, considera que esta situación provoca abusos por parte de algunos empresarios. "Hemos visitado más de 25 fincas con problemas". Problemas como el hacinamiento de las trabajadoras en naves no acondicionadas; los insultos y empujones a las jornaleras; la prohibición de salir por las noches -llegando incluso a vallar las residencias de las inmigrantes-; la retención del pasaporte... Problemas como los que contaron la pasada semana las jornaleras rumanas en la reunión de Mazagón.

José Manuel Romero, presidente de Freshuelva, no niega que haya abusos por parte de algunos empresarios: "Cuando los hemos conocido, lo hemos rechazado y hemos dicho que son ilegales

". Pero considera que son "habas contadas", que "son casos puntuales". Jorge García, del SOC, no opina lo mismo: "Llevamos trabajando desde antes del inicio de la campaña y el problema es más grande de lo que pensábamos (...). Es una conducta generalizada". El SOC ya ha presentado varias denuncias ante la Inspección de Trabajo. El presidente de Freshuelva considera que esto es una simple táctica: "Al SOC no le damos credibilidad, no tienen representatividad e intentan hacerse un hueco a base de escándalos (...) Me preocuparía más si las denuncias las hicieran otras organizaciones sindicales".

Viaje a los plásticos

Ella no quiere que su nombre aparezca en ningún periódico; tiene miedo a que tomen represalias y a que no la llamen el próximo año para trabajar. Ella fue una de las asistentes a la reunión de la semana pasada. Esta rumana cuenta que tuvo una rotura de ligamentos mientras trabajaba en el campo y todavía no le "han pagado nada". "Cuando protestas es peor, te dejan tres días sin trabajar [y sin cobrar]", se queja.

La historia de esta jornalera rumana es muy parecida a la del resto de sus compatriotas en Huelva. Un buen día, esta campesina ve en la televisión que están pidiendo gente para trabajar en España, en una pequeña provincia fresera del Sur. Considera que es una buena oportunidad para ganar algo de dinero y decide acercarse al consulado. Allí, un grupo de representantes de Asaja, COAG y Freshuelva se encargan de la selección.

Ella encajaba en el perfil: mujer entre 20 y 40 años, no estaba "gorda o embarazada" y tenía estudios medios. En apenas unos minutos, firma un precontrato. Otra de las jornaleras rumanas cuenta que no tienen "tiempo de leerlo" y que "sólo informan del horario y del sueldo [30,5 euros al día]".

En febrero, las seleccionadas cogen un autobús y dejan atrás casas, familias y una deuda de 300 euros. Por delante, cuatro meses recolectando fresas y, si tienen buena suerte, un propietario que no las trate mal: "Los empresarios no se escogen, como pasa con los padres", cuenta otra de las jornaleras que, pese a todo, quiere volver el año que viene.