Negocios de unos cuantos

Con Charles Svoboda, un canadiense de 63 años, hay que llevar cuidado. Lo ves y dices: un jubilado extranjero más de los muchos que pueblan nuestro litoral mediterráneo, saturado de pensionistas y constructores. Pero en cuanto cruzas dos palabras con él, la cosa cambia. Svoboda está en pie de guerra. No piensa retirar sus tropas de la partida Hostalet (perteneciente al municipio de Benissa, en la Marina Alta) aunque se lo pidan de rodillas los llamados agentes urbanizadores. Ni él, ni por supuesto la organización que preside (Abusos Urbanísticos No) venden sus voluntades por un plato de lentejas, como puede ocurrir en Xàbia donde el promotor Felipe Sedano se compromete en documento público a pagar 3.000 euros a cada uno de los vecinos del barrio marítimo de Duanes de la Mar si se aprueba su plan de ampliación del puerto. ¿Tres mil euros para sobornar -de esto se trata- a los ciudadanos en presencia de un notario? ¿A qué hemos llegado?

Si un empresario se asoma a un valle o a una colina, le gusta el lugar, echa cuentas y concluye que si presenta un plan de urbanización, y se lo aprueban, el valle o la colina serán suyos, nadie lo detiene

No, ya está bien. Si la costa (y lo que ya no es costa sino también tierras del interior) va a ser suculenta merienda de especuladores, pasto de un ejército de excavadoras, paraíso de adosados, enjambre de carreteras, fábrica de ruidos y pingüe negocio de alcaldías, conviene poner las cosas claras para no llevarse sorpresas.

El otro día apareció en la CCN Internacional una residente del término de Calpe a la que un agente urbanizador le arrancaba un pedazo de cocina de su casa dejando a la pobre señora en el tendedero y en bragas. Luego, en la misma CNN, sacaban a otras víctimas de la llamada Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (atropello ideado por el PSOE y explotado a fondo por el PP, pues los grandes negocios no conocen ideario político), y sacaban, como digo, en la tele norteamericana, a diversas víctimas de esa ley que salvando las diferencias recordaban a los refugiados palestinos en Gaza, indignados e indefensos ante las máquinas de demolición israelíes. Allí se mostraban los efectos de una invasión perpetrada con nocturnidad y alevosía.

El comentarista sacaba sus lógicas conclusiones de estos hechos inexistentes en cualquier otra parte de Europa: las garantías jurídicas en la Comunidad Valenciana son prácticamente nulas para los propietarios de bienes inmuebles. Si un empresario se asoma a un valle o a una colina, le gusta el lugar, echa cuentas y concluye que si presenta un plan de urbanización al municipio, y se lo aprueban, el valle o la colina serán suyos, nadie lo detiene. O como acostumbran a decir en su argot los del ramo: a las malas se compra hasta con bicho dentro.

Esto es lo que teme Charles Svoboda (y otros 50.000 presuntos damnificados de la RAU, o de la LUV, que es la anterior ley en versión maquillada) y esto es lo que el cabeza visible de Abusos Urbanísticos No -diplomático canadiense y ex director general de los Servicios de Inteligencia de aquél país- está dispuesto impugnar contra viento y marea.

Hace un par de años estaba Sovoboda tranquilamente en su jardín cuando advirtió que unos individuos tomaban medidas muy cerca de su casa. Preguntó qué les traía por allí. Le dijeron que un proyecto de urbanización. "Yo les pregunté si tenían algo que ver con el Ayuntamiento de Benissa. No dijeron ni que sí, ni que no. Se limitaron a decirme que este terreno, el mío, ya caía dentro de su puchero".

Svoboda encendió todas las alarmas. Creó la asociación Abusos Urbanísticos No que cuenta en este momento con mas de veinte mil miembros y tiene página web. Averiguó que los extraños agrimensores estaban recorriendo otras partidas del mismo municipio con la pretensión de hacer construcciones masivas, hoteles, calles de 20 metros de ancho y no sé cuantas maravillas más. De las adormecidas profundidades profesionales de Svoboda resucitó la del espionaje, pues este hombre es capaz de leer un papel a dos metros de distancia aunque se lo pongas boca abajo. De manera que se paseó por las distintas mesas del Ayuntamiento y en un rato lo tuvo claro. Detrás de la oreja, grande por cierto, de Svoboda, se posó la gran mosca del urbanizador, zumbona como cualquier mosca cojonera.

La nueva ley Urbanística Valenciana mantiene la obligación del propietario de ceder suelo a los promotores. Pero como han sido tan escandalosos los atropellos cometidos hasta la fecha, en previsión de otros peores se establece que los afectados deberán ser claramente informados de esos planes, y dispondrán de suficiente tiempo para decidir qué hacer. Se pregunta uno qué cabe hacer ante una expropiación forzosa fuera de presentar otro proyecto que mejore el anterior. No es solución. La nueva ley también garantiza a las víctimas que no pagarán un sobreprecio de las obras a urbanizar. Lo cual es de cajón. Sin embargo, Charles Svoboda, y con él sus tropas de damnificados, consideran que nada de esto es bastante. Así que han recurrido al Parlamento Europeo para que envíen desde Bruselas una comisión y hablen con los numerosos cornudos y apaleados.

Svoboda dice, y también lo afirma Enrique Climent, vicepresidente de Abusos Urbanísticos No, que de otras comunidades españolas les están llegando noticias de abusos similares. Citan casos en Asturias, Cataluña y Andalucia, "donde Zaplana ha vendido a sus amigos la LRAU en su versión especuladora mas pura y dura".

Svoboda mira ahora su piscina y presagia que si no hace algo perderá la mitad, ya que el proyecto atraviesa la propiedad justo por ahí "y encima me harán pagar 20 millones de pesetas para urbanizar algo que va a quitarnos la tranquilidad a todos los vecinos que buscamos este lugar alejado del mar por ser, precisamente, apacible y rústico".

Le irrita que la ley invoque el interés social y el bien público en una operación que, a su juicio, no es mas que un lucrativo negocio privado que, sin poner ni un duro, beneficia a sus promotores y a las arcas de los municipios. Abusos Urbanísticos No, ha recurrido por lo contencioso al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Y pide una moratoria urbanística hasta tanto se apruebe en las Cortes esa nueva ley. "Lo mas vergonzoso es que la están aplicando sin disponer siquiera de su preceptivo reglamento".