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CONSEJO DE MINISTROS

El Gobierno vincula la nueva financiación autonómica a la reforma de los Estatutos

Maragall reclama "anticipos" para Cataluña y Andalucía si el modelo prometido se retrasa

El Gobierno central y el catalán, ambos presididos por socialistas, se esforzaron ayer en rebajar la tensión en torno al nuevo modelo de financiación autonómica y su posible retraso hasta la próxima legislatura. Aunque ambos Ejecutivos coinciden en que este asunto debe ligarse a la reforma de los Estatutos, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pasqual Maragall, y sus socios de Gobierno -Esquerra Republicana (ERC) e Iniciativa per Catalunya (IC-V)- advirtieron que Cataluña y Andalucía no pueden "soportar" el actual sistema y que necesitarán un "anticipo".

El nuevo ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, ha adelantado que el criterio del Gobierno central es aplazar la revisión del modelo de financiación autonómica, recogida en el programa del PSOE, hasta la culminación de la reforma de los Estatutos de autonomía. Eso implica que en esta legislatura sólo se establecerán los principios del modelo de financiación revisado, que no se materializarán hasta la siguiente.

El anuncio tuvo ayer el respaldo de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández la Vega, que señaló al final del Consejo de Ministros: "No se trata de aplazar sino de hacer las cosas con sentido común. Hay que empezar a construir la casa por la base. Primero, se trata de saber el alcance de la reforma de los Estatutos y de sus nuevas competencias, y luego, cómo se van a financiar".

El acuerdo de legislatura que firmaron en Cataluña el PSC, ERC e IC-V es absolutamente claro. Cataluña debe tener un sistema de financiación acorde a sus necesidades y que, sin ser idéntico al cupo vasco, se sustente en que cada comunidad pague en proporción a su renta respecto al PIB y reciba en función del porcentaje de población.

El Gobierno catalán está dispuesto a negociar sobre esa base, pero sin que en ningún caso suponga aplazar la solución a la próxima legislatura, tal y como propone el ministro de Administraciones Públicas como criterio general. Y si no queda más remedio, quiere al menos que Cataluña o Andalucía, según manifestó ayer Maragall, puedan recibir un "anticipo" económico para afrontar algunas necesidades imperiosas, por ejemplo el déficit de la sanidad.

"Es imposible pensar que podamos estar dos, tres o cuatro años sin que se resuelva y sin que se pueda ver un anticipo, porque ni Andalucía ni Cataluña lo podrán soportar, quizá el País Vasco o Navarra sí, pero los demás no", manifestó ayer el presidente de la Generalitat de Cataluña.

"Es un tema caliente que se pondrá sobre la mesa este año y sobre el que intentaremos avanzar todo lo que podamos. No hay ningún problema irresoluble. Tenemos la obligación de dibujar el futuro, pero la fecha no la sé", agregó Maragall. Y con el propósito de limar asperezas con el Gobierno central, puntualizó: "No he recibido ninguna bofetada. No creo que haya nada decidido aún, sino que más bien estamos recibiendo buenas noticias en las últimas semanas y meses".

Jordi Sevilla insistió ayer en que el criterio general del Gobierno central es que la revisión del modelo de financiación autonómica se retrasará hasta después de la reforma de los Estatutos de autonomía, aunque está dispuesto a admitir excepciones. "Allí dónde se produzcan desequilibrios financieros a causa de la asunción de algunas competencias que provocan graves déficits, como es el caso de Cataluña con la sanidad, el Gobierno central está dispuesto a mantener negociaciones para salvar situaciones de agobio financiero. No obstante, el criterio general se mantiene", declaró ayer un portavoz del Ministerio de Administraciones Públicas.

Por su parte, Maragall dejó claro que en el plazo de unos 10 años los socialistas catalanes apuestan por asimilar el sistema de financiación catalán al del País Vasco o Navarra en cuanto a resultados "sin dejar de ser solidarios". La buena armonía que Maragall quiso imprimir ayer a sus declaraciones sobre la financiación, en el día de Sant Jordi se reflejaron también en otras cuestiones como la de las selecciones deportivas catalanas. Y fue elocuente al señalar que los dos temas que abordará en su reunión la próxima semana con el presidente del Gobierno serán el Estatuto y el Eje Pirenaico.

Compromisos sin plazos

El pacto que suscribieron las formaciones integrantes del tripartito catalán (Partit dels Socialistes, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya) no establece plazos para la consecución del nuevo sistema de financiación. El acuerdo es vago en este sentido y se limita a señalar que el "proceso de solución definitivo" del déficit fiscal catalán "debe iniciarse en la presente legislatura", sin especificar si el plazo se refiere sólo a la firma del acuerdo o a la aplicación de la nueva fórmula financiera. Tampoco el PSOE fijó en su programa electoral un plazo.

"Constatamos el fracaso del acuerdo de financiación de 2001. La Generalitat adoptará las medidas apropiadas para proceder de forma inmediata a su revisión y, en todo caso, dentro de la presente legislatura", se afirma en uno de los puntos. La revisión debe hacerse en la comisión mixta Estado-Generalitat y no en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El acuerdo obliga a la Generalitat a incorporar el sistema de financiación en el nuevo Estatuto (punto 10 del pacto).

El nuevo Gobierno ha asumido la mayoría de las reivindicaciones de los partidos de izquierda catalanes, por ejemplo la creación de una Agencia Tributaria propia. En cambio, algunas demandas son sumamente conflictivas, como la potestad de la Generalitat para recaudar la totalidad de los impuestos que se pagan en Cataluña o la de disponer de capacidad normativa sobre impuestos como el de la renta, IVA o sociedades.

En otro apartado se reclama que los ingresos por habitante en Cataluña tiendan a equipararse "progresivamente" a los que reciben las comunidades forales.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 24 de abril de 2004

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