Las comunidades logran 71.000 millones del nuevo modelo sobre el 2002, el 80% de sus ingresos

El Gobierno no acometerá una reforma del actual modelo de financiación autonómica hasta conocer la opinión de las comunidades autónomas y otros sectores, según ha explicado el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

Fernández Ordóñez ha presentado los primeros datos de la aplicación del modelo de financiación impulsado por el PP y aprobado por unanimidad por todas las comunidades, y que se refieren al año 2002.

Con los datos cerrados, las comunidades autónomas habrán recibido un total de 71.340 millones de euros respecto al ejercicio 2002, lo que supone un 80% de los ingresos que tienen las autonomías para destinar al gasto. El resto procede de la UE y otras actividades.

De este importe, el 68% de los ingresos proceden de tributos (57.100 millones) y el 32% restante de transferencias del Estado central (unos 13.500 millones).

Las comunidades reciben los impuestos que tienen cedidos (patrimonio, sucesiones, donaciones, etcétera), un 33% de IRPF, un 35% del IVA y un 40% de los impuestos especiales (alcohol, hidrocarburos y tabaco) y una parte del fondo de suficiencia, en caso de que sea preciso.

Presupuestado bien

De hecho, ese fondo de suficiencia, que nivela la necesidades de financiación de cada comunidad que no han podido ser satisfechas con sus recursos tributarios, ha sido negativo en sólo dos comunidades: Baleares y Madrid.

Este dinero ya le había sido adelantado a las comunidades autónomas y en la liquidación final realizada en julio el Estado sólo les ha transferido 2.850 millones de euros que, además estaban ya presupuestados con exactitud por el PP.

Fernández Ordóñez ha rechazado hacer valoraciones sobre el funcionamiento del nuevo modelo de financiación y sólo ha dicho que los datos presentados son la "base de partida" para el nuevo. Eso sí, el Gobierno esperará a conocer la opinión de todos los afectados antes de hacer pública su versión.

El secretario de Estado sólo ha reconocido la necesidad de analizar con detenimiento los pagos a cada región e introducir asuntos tan importantes en el debate como la financiación de la sanidad o los movimientos de población entre comunidades autónomas.