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Campos reconoce sobrecostes y defectos en la Ciudad de la Justicia

El consejero afirma que costó 114,8 millones de euros

El consejero de Justicia y Administraciones Públicas, Víctor Campos, reconoció ayer sobrecostes y defectos en el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Valencia. Durante una comparecencia en las Cortes Campos aseguró que la infraestructura, adjudicada por 82 millones de euros, costó al final 114,8. Sin embargo, la socialista Josefa Andrés cifró el coste final en casi 155 millones de euros.

Víctor Campos compareció anta la comisión de Coordinación de las Cortes Valencianas, a petición del Grupo Socialista y de Esquerra Unida L'Entesa, para hablar de la Ciudad de la Justicia de Valencia. El consejero reconoció que el proyecto ha costado finalmente más de lo previsto y que las instalaciones han presentado problemas. "Están surgiendo pequeñas cuestiones que se tienen que ir solventando", dijo Campos, quien añadió que "pese a todas las pegas, el avance que significa la Ciudad de la Justicia es indudable".

Respecto al sobrecoste de las obras, derivado de los diversos modificados que sufrió el proyecto original, Campos afirmó que la Ciudad de la Justicia ha costado 114,8 millones de euros. El consejero aseguró la legalidad de todo el proceso, que vivió momentos polémicos después de que el autor del proyecto y primer director facultativo de las obras, Alfredo Batuecas, denunciara el encarecimiento a sus espaldas, lo que motivó la rescisión de su contrato. Pero la oposición consideró que hubo "algo extraño" y pidió más explicaciones.

La diputada socialista Josefa Andrés aseguró que el coste total de la Ciudad de la Justicia fue de 154,9 millones de euros y explicó que el recurso al pago aplazado encareció la obra. Por su parte, Joan Ribó, portavoz de EU-L'Entesa, destacó que la Ciudad de la Justicia "se ha encarecido un 40%". Andrés y Ribó coincidieron a la hora de asegurar que los modificados propiciaron un enfrentamiento entre la consejería y Batuecas y mostraron sus dudas acerca de la legalidad del nombramiento, sin mediar un nuevo concurso, de una arquitecta interina del departamento que dirige Campos para dirigir las obras.

"La situación es confusa", dijo la diputada socialista, porque "no se sabe si es la empresa la que se entremete" en la consejería o si es ésta la que se entremete en las obras. En todo caso, según Andrés, el resultado es que se "perdonan" 11,5 millones de euros a la empresa constructora porque no ha acabado la obra dentro de plazo. Por su lado, Ribó se mostró preocupado porque "alguna cosa extraña" pasa en las obras públicas de la Generalitat, en las que "sistemáticamente hay sobrecostes".

En su réplica, Campos aseguró que todos los proyectos de la Ciudad de la Justicia han sido avalados por el técnico que ha tenido la dirección facultativa en cada momento y que los modificados y el complementario se firmaron de forma "absolutamente legal". Respecto al contrato de Batuecas, Campos aseguró que se rescindió "de mutuo acuerdo" después de que el técnico explicara que no podía asumir más dedicación para atender de manera constante y directa el proyecto.

Un 'enchufe' de libro

Víctor Campos también tuvo que responder por la carta oficial que el secretario autonómico de Justicia, Fernando de Rosa, remitió al director general de Integración Social de Discapacitados para pedirle que tuviera en cuenta a una profesional en educación especial, "amiga" de su mujer y "militante" del PP. Los portavoces de la oposición denunciaron que se trataba de un caso claro de enchufismo que se sitúa "en los límites de la prevaricación". Campos dijo que probablemente De Rosa no fuera "muy hábil" al firmar un escrito "no afortunado", pero explicó que la carta no fue enviada con la intención que denuncia la oposición y mostró su total respaldo al secretario autonómico de Justicia.

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